El mundial de futbol logró difuminar las presiones estadounidenses contra México, pero allí están y crecen, especialmente para el grupo que encabeza el senador Adán Augusto López Hernández y Andrés (Andy) Manuel López Beltrán, hijo del expresidente.
Aunque es real que el senador López Hernández y su cuñado, el cónsul Rutilio Cruz Escandón Cadenas (especialmente el segundo) iniciaron contactos, desde hace varias semanas, con interlocutores estadounidenses para ofrecer información a cambio de inmunidad o al menos beneficios legales y protección económica. Siguen las negociaciones, cada uno por su lado, porque están distanciados a partir de lo que sería la primera traición, al menos así considerado por el cónsul, pues acusa que el senador Adán Augusto se quedó con toda la estructura que montaron en familia de forma paralela al SAT que operaban desde Chiapas, para obtener beneficios a partir de operaciones presuntamente corruptas; al menos eso es lo que han documentado agencias estadounidenses. Ante esa traición, el primero que decidió hablar fue Escandón Cadenas y al saberlo su cuñado también dio el paso.
¿Qué han ofrecido ambos a las oficinas del país del norte? Información de otros integrantes morenistas vinculados al crimen organizado y a operaciones de corrupción. Las negociaciones continúan.
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Lo negarán internamente y públicamente, pero las fuentes estadounidenses lo comenzaron a reconocer, porque el caso de ambos no es sencillo por las pruebas que tienen en su contra. De ambos existen documentadas llamadas telefónicas y mensajes de distintas operaciones sobre huachicol fiscal, empresas factureras, vinculación y operaciones con grupos criminales; el mismo caso que de Andy.
Apenas el 30 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer sanciones a personas y empresas vinculadas con el contrabando de combustible y los esquemas de evasión fiscal de los cárteles mexicanos.
En el comunicado lo más importante que dice, pero sin decir los nombres da alto nivel que para Estados Unidos están involucrados:
“Según el análisis de FinCEN sobre los informes de la Ley de Secreto Bancario, los cárteles mexicanos utilizan principalmente a los intermediarios y su acceso al sistema financiero mexicano para enviar transferencias bancarias internacionales y pagos de activos digitales a las empresas estadounidenses de distribución de combustible cómplices, ya sea directamente o a través de empresas fantasma que actúan como cuentas intermediarias…
“Los distribuidores de combustible estadounidenses cómplices ocultan estas ventas de combustible ilícito mediante diversas tipologías de lavado de dinero, que incluyen la compra de artículos de lujo como vehículos de alta gama, joyas de alto valor o alquileres vacacionales/destinos de viaje exclusivos; bienes raíces; y activos de inversión. En México, los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y otras actividades delictivas”.
De acuerdo a varias de las fuentes consultadas en esta columna, este es un eslabón más del andamiaje legal que están montando las autoridades estadounidenses contra el cónsul Escandón Cadenas y el senador López Hernández, y la red que construyó de la mano de Fernando Padilla Farfán y Carlos Padilla, José Pérez Astorga y que se extiende principalmente por Puebla, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, entre otras entidades, con empresas factureras y donde aparecen los nombres de Ramón García Gibson en donde está involucrado, de acuerdo con las pesquisas estadounidenses, un exprocurador prisita del gobierno de Enrique Peña Nieto.
En el caso de Andy también aparecen en los documentos que forman parte de las investigaciones estadounidenses, Octavio Prieto y, con redes de corrupción que correrían por Guanajuato y Jalisco, estado en donde se vincularon las empresas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La red representa operaciones vinculadas al tráfico de combustible, lavado de dinero con empresas factureras, ofrecimientos a empresas para beneficios fiscales y la colocación de personas en puestos de la administración pública no sólo sus aliados políticos sino integrantes de los grupos criminales, al menos de acuerdo con las pruebas de las oficinas estadounidenses como el caso que destapó en apenas una pequeña hebra el pasado 30 de junio, el Departamento del Tesoro, el apellido Juraidini Silva, a quien se le vincula con el CJNG y Aduanas, personas vinculadas con Andy, de acuerdo a las pesquisas.