La sensibilidad dentro del gobierno mexicano sobre las declaraciones y acciones de Estados Unidos se ha exacerbado. Los grupos más radicales y el grupo Tabasco están en alerta y pretenden operar para defenderse. Muy poco podrán hacer.
En esta columna hemos ido describiendo cómo pieza por pieza el gobierno estadounidense ha ido retomando su influencia y control en el Continente, cumpliendo la agenda de seguridad que se planteó y que significa eliminar la influencia de sus enemigos económicos y políticos (rusos y chinos), participar directamente de los recursos estratégicos y someter a los grupos criminales que extorsionan y que se han apropiado de territorios.
Rearmar el rompecabezas geopolítico de América no ha sido una ocurrencia ni mucho menos una suma de acciones desarticuladas; es una auténtica reconfiguración del poder que se ha hecho con información de inteligencia, procesada gran parte por la tecnología de Palantir, y con un soporte legal que le permite al gobierno estadounidense construir, por primera vez en su historia, un caso judicial que involucra a por lo menos cinco países del continente y del Caribe, y a España, en el que grupos criminales, empresariales y de la clase política, especialmente la que se autodenomina de izquierda, está involucrada y será juzgada por actos de corrupción y acciones criminales.
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La arquitectura que tiene el caso está diseñada para que en Nueva York se vaya sumando cada país de forma independiente y personas diversas, pero iremos descubriendo ya en el juicio como están conectados los casos. Esto apenas comenzó.
¿Qué une todo el caso? No son sólo testimonios de líderes criminales mexicanos, venezolanos, colombianos, peruanos, cubanos, puertorriqueños o de otros países de la región. Se trata de testimonios de empresarios y políticos que estuvieron en el poder o muy cerca de él, en Venezuela, en Guatemala, Perú, Honduras, Ecuador y México, quienes están negociando con las autoridades de la Unión Americana para conseguir una pena reducida y el cuidado de una parte de sus bienes (muchos de ellos producto del abuso en sus países), esto a cambio de rendir testimonio, presentar documentos, entre videos y fotografías que muestren las operaciones que van desde negocios con petróleo y gasolina; con minerales y especialmente oro; el lavado de dinero; el tráfico de armas, de alimentos y las facilidades otorgadas a grupos criminales desde el poder. Adicionalmente están ofreciendo pruebas de una operación política que articuló a grupos de izquierda en América Latina, para apropiarse de los beneficios económicos en cada país que ganaban en las elecciones.
Así tenemos por un lado el caso iniciado contra el PSOE en España que ya rozó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; por otro lado las acusaciones la clase política venezolana y cubana; los casos que se están preparando contra el ya casi expresidente Gustavo Petro; y contra la clase política mexicana que no sólo abarca la administración de Andrés Manuel López Obrador o de la presidenta Claudia Sheinbaum y gobernadores, también llega a la gestión de Enrique Peña Nieto, y el personaje que vincula esas tres administraciones, y que aparece como parte del expediente es Humberto Castillejos, personaje muy cercano al exmandatario priista.
La trama de intereses y beneficios económicos por parte de la clase política iberoamericana se soporta en documentos, testimonios, llamadas telefónicas interceptadas y mensajes de texto, entre muchos materiales recopilados en casi una década.
El caso lo integran decenas de miles de hojas y para integrarlo se utilizó tecnología de alta precisión. La columna pasada relataba cómo se colocó un micrófono en las camisas tipo napolitano del empresario y político venezolano Alex Saab, ese fue un ejemplo de muchos similares que pusieron en práctica las agencias estadounidenses contra los objetivos que han mantenido bajo vigilancia en los diferentes países, incluido México.
Por cierto, varias de esas camisas, las de Saab, además de tener el micrófono en el cuello, portaban cámaras en los botones.