El dinero en la política mexicana no siempre busca comprar votos; a veces, busca comprar impunidad o, al menos, un canal de comunicación directo con quienes controlan espacios que requieren o desean abordar.
Documentos oficiales revelados por el diario Reforma confirmaron que el gobierno potosino de Ricardo Gallardo Cardona contrató a un polémico operador de Donald Trump, Roger Stone, y a su socia Diana London.
A través de la firma Drake Ventures LLC, el estado potosino pactó un desembolso de 750 mil dólares. La justificación del gobernador fue la “promoción económica y atracción de inversiones” en el sector minero. En un post, atribuyó el escándalo a un interés por restar posibilidades al 2027.
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Sin embargo, en el ecosistema político actual, requiere demasiadas suposiciones absurdas el creer que un estratega político estadounidense de 73 años, famoso por sus escándalos de conspiración y sin una sola credencial en geología o comercio internacional, de pronto es el mejor perfil para promover la extracción minera en San Luis Potosí.
Stone es famoso por su acceso directo a Trump y por interceder eficazmente en reducciones de penas e indultos de personajes de alto perfil, como el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en junio de 2024 en Nueva York y posteriormente indultado por el presidente Trump.
La contratación ocurre en un momento de altísima fricción bilateral. Las filtraciones sobre investigaciones estadounidenses que vinculan a políticos mexicanos con la llamada “narcopolítica” y supuestas delaciones han encendido las alarmas en varios estados. Los gobernadores de Sonora y Tamaulipas han tenido que salir a defenderse de vinculaciones hasta ahora mediáticas.
Ante el nerviosismo de expedientes abiertos en el extranjero, contar con un cabildero de la esfera trumpista no es un lujo comercial para la clase política mexicana. Se convierte en una costosa póliza de seguro político de carácter estrictamente personal.
La reacción en la Ciudad de México ante este movimiento fue quirúrgica. En su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura institucional pero notablemente distante.
La mandataria federal no defendió al gobernador potosino, esa es una versión palmera que no resiste la consulta del video de esa mañana. Se limitó a responder que el propio Gallardo ya había salido a desmentir la finalidad política del contrato.
Sheinbaum aclaró que no está prohibido contratar consultores extranjeros en política. La acotación posterior de la mandataria es todo un mensaje: contratar consultores extranjeros en política no está prohibido, pero sí es una decisión que define la postura y la ética de cada administración local.
Tras esa declaración, un extraño y denso silencio se impuso en el escenario público potosino. No hubo más explicaciones claras ni desgloses detallados por parte del gobierno estatal, tampoco del firmante operativo del gobierno, el secretario de Desarrollo Económico Mario García. Contrato lo hay, con la contundencia de las pruebas documentales de la revelación periodística.
Este silencio institucional, no nuevo en San Luis, contrasta con la gravedad de los señalamientos y deja un vacío que alimenta las suspicacias sobre los verdaderos motivos detrás del financiamiento a Drake Ventures.
El propio Gallardo conduce a mirar también hacia la política interna y sus tensiones latentes con Morena cuando se queja de “especulaciones” para tratar de cambiar las tendencias electorales rumbo a 2027”. El centro del conflicto radica en la no postulación de su esposa como candidata en alianza con Morena al gobierno estatal.
Frente al freno centralista por el antinepotismo de la presidenta Sheinbaum, el gobernador potosino deja ver que sube la apuesta y manda un mensaje de autosuficiencia y fuerza. Demuestra que es capaz de operar bajo sus propias reglas y recursos, incluso fuera del libreto de la dirigencia nacional del Verde.
Con este tipo de jugadas de alto nivel en el extranjero, Gallardo desliza que su peso real va más allá de las burocracias partidistas de la Ciudad de México. Mientras Morena evangeliza con su idea de “defensa de la soberanía” en asambleas municipio por municipio, el gobernador compra relaciones con el trumpismo y le demuestra a la Ciudad de México que tiene conexiones internacionales propias y peso financiero autónomo para negociar su supervivencia hacia 2030.
Por qué es simple: se alinea con la lógica básica de supervivencia y busca "armarse" por su cuenta fuera del centro del país. Si la dirigencia nacional verde se dobla en la nada suave pugna por la alianza, incluso presionando con las otras 16 elecciones estatales en juego en 2027, él oferta solo: el Verde es un color; la estructura gallardista puede olvidarlo y ponerse otro.
Gallardo busca consolidarse como un aliado indispensable pero autónomo para la continuidad de la llamada Cuarta Transformación, ofreciendo una estructura territorial robusta que cotiza caro en el mercado electoral. Si tiene que romper con la engreída dirigencia nacional verde, lo hace.
Al final, el caso potosino expone las paradojas de nuestra política: gobiernos subnacionales que juegan al ajedrez en Washington mientras intentan asegurar su supervivencia y relevancia en el tablero nacional. Tan de rebaja está nuestra política exterior, antes terreno exclusivo del Estado mexicano, que un gobierno estatal puede saltarse ese camino.
A falta de puntual y convincente aclaración sobre este caso, la explicación del escudo político y legal en EU es la que menos suposiciones requiere porque une puntos evidentes en línea recta: si un político local contrata a un especialista en apagar fuegos judiciales en el extranjero justo cuando el extranjero está encendiendo fuegos judiciales contra políticos mexicanos, lo contrató para apagar su propio fuego.