Alcanzar el poder y mantenerlo se ha vuelto un ejercicio de contabilidad creativa en México, un acto ventajoso de ilusionismo. La alianza Morena-PVEM y PT se las arregló para obtener una sobrerrepresentación evidente para cualquiera que apruebe aritmética básica. La coalición oficialista obtuvo el 54% en las urnas en 2024; sin embargo, controla el 74% de la Cámara de Diputados.
Pero el diseño de esta apropiación legislativa para gobernar no solo beneficia a Morena. El partido de la presidenta Sheinbaum fue generoso con sus aliados. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, le deben a Morena buena parte de sus bancadas. El primero no ganó un solo distrito del país. Y al PVEM, Morena le cedió terrenos que pretenden cobrar por encima del lineamiento ético de la presidenta Sheinbaum contra el nepotismo electoral.
En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona avanza en su plan dinástico de heredar el poder a su esposa, la senadora Ruth González Silva. Morena anunció que sus acuerdos con Verde y PT alcanzan 16 de las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027. San Luis no va, hasta ahora, pero la novela de pretensiones dinásticas no termina: el Verde tampoco cede en la postulación de la senadora.
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El senador Manuel Velasco encabezó esta ofensiva retórica. Llegó a exigir públicamente un “trato justo” y afirmó que el Verde duplicó su aportación histórica a la causa oficialista. El Verde pretende facturar méritos discutiblemente propios con el proyecto que la presidenta Claudia Sheinbaum no aprueba como “justo” pago.
Ciertamente, la maquinaria gallardista en SLP presume una eficiencia supuestamente autónoma. Si se reduce la mirada al feudo que controla, se pierde un vasto campo de datos que revelan otra historia. Salvo el caso Maru Campos de Chihuahua, los gobernadores de oposición no son problema para la presidenta Sheinbaum; lo es, en cambio, no mantener mayoría en el Congreso de la Unión. El control de una gubernatura sí es una prioridad para el PVEM y Gallardo, no para la presidenta.
Las cifras oficiales de las últimas tres elecciones legislativas federales que sí son prioridad política para la jefatura del Ejecutivo muestran en SLP un fenómeno de vasos comunicantes. Es inexacto que el Verde haya vencido a los opositores de Morena en San Luis Potosí para poner a su disposición su triunfo. No. El Verde creció vaciando a su aliado, Morena. Y lo peor, los propios morenistas lo permitieron.
En 2018, el panorama potosino era muy distinto. El Verde era una fuerza menor con el 6.02%. Morena lideró la elección de diputados federales en la entidad con el 23.10% de sufragios (287 mil 545); rebasó al PAN, que se quedó con el 21.89% (272 mil 449). El arrastre del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador fue decisivo. La mutación comenzó con los acuerdos de coalición posteriores y la dejadez de los morenistas locales.
En 2021, con la elección para gobernador, Morena cedió terreno y cayó al 17.67%. El PVEM con Gallardo como candidato a gobernador escaló de inmediato la cosecha de votos al 25.07% para la elección de diputados federales de mayoría. Hubo un claro trasvase de voluntades y candidaturas. Se operó un préstamo estratégico de estructuras, incluso sobre la candidata a gobernadora de Morena, Mónica Rangel.
Para 2024, Gallardo había “sumado” a alcaldes de todos los colores y ampliado la capacidad de barrido de su maquinaria. El Verde alcanzó el 32.65% de los votos para curules federales en el estado. Un porcentaje notable, pero engañoso. Se logró bajo el paraguas de una coalición nacional. Morena aceptó un costo altísimo y encima de eso, su candidata al Senado en San Luis Potosí, hermana de la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, fue rebasada por la panista Verónica Rodríguez.
La frialdad de los datos fuera de la atalaya aldeana de San Luis Potosí destruye el mito del músculo Verde. A nivel nacional, la coalición oficialista obtuvo en 2024 el 54% de los sufragios, pero se apoderó de un desproporcionado 74% de los escaños en San Lázaro. Una mayoría calificada artificial.
Esa mayoría calificada fue construida artificialmente. La asignación final de curules alteró la equidad más elemental. El mecanismo fue el siglado distrital. Morena cedió postulaciones para desinflarse en el papel e impuso una asignación de plurinominales desproporcionada. La paradoja matemática resultante es indefendible. Con el 8.41% de los votos, el PVEM obtuvo 62 diputaciones federales. El PAN duplicó esa votación con el 16% pero a pesar de ello, solo alcanzó 70 curules.
Ese crecimiento que la dirigencia nacional pretende facturar con una candidatura inaceptable en San Luis no es orgánico; es un regalo de Morena. Vaciaron intencionalmente sus propias siglas para eludir el tope constitucional de sobrerrepresentación del 8%. El objetivo era evadir el tope de sobrerrepresentación. La Constitución prohíbe exceder el ocho por ciento de la votación nacional. Mediante esta dispersión formal, burlaron la restricción.
Especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM advirtieron que se cometió un fraude a la ley. Se utilizó la alianza para capturar distritos. Luego se fragmentó para eludir los topes constitucionales. Esta distorsión otorga al Verde un enorme poder. Un peso político que no ganaron genuinamente en las urnas.
Al pretender capitalizar esos escaños federales por un proyecto dinástico local los aliados oficialistas han sido muy atrevidos: si alguien tiene claro cómo se obtuvieron es la jefa real de Morena.
El lunes arranca el proceso para que Morena y aliados definan sus candidaturas para la cita electoral de 2027. Los aliados que se colgaron de la marca morenista para una bancada sobredimensionada, van por repetir cuota.
Decidir el costo de sus mayorías es el dilema de Sheinbaum. Tolerar los feudos familiares desvirtúa el proyecto de transformación. Mantener el control del Congreso es vital para el régimen. Pero el precio no puede ser ceder y devaluar su propia autoridad moral.