A partir de esta semana inició la consulta pública sobre los lineamientos generales para garantizar la protección de los derechos de las audiencias como parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Un ejercicio que permitirá la participación de audiencias, concesionarios, academia y organizaciones civiles. Sin duda, un ejercicio inédito, pero muy necesario para mejorar los mecanismos de diálogo entre los medios de comunicación y la ciudadanía, más allá de los gobiernos en turno.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Defensoría de Audiencias, estas son un espacio de diálogo entre las audiencias y los medios de comunicación, tienen el objetivo de motivar la participación ciudadana frente a las programaciones ofrecidas en los canales de televisión y estaciones de radio, a partir de estimular y defender el ejercicio pleno de los derechos de las audiencias.
Para el caso de nuestro país, iniciaron en 2014, a partir de su inclusión en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que, en su nueva versión, aprobada en 2025, delimitó como derechos de las mismas priorizar el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la Nación; incluir diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad; distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa; ejercer el derecho de réplica y evitar situaciones de discriminación.
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Sumado a la inclusión de los derechos de las audiencias por discapacidad para contar con servicios de subtitulaje, doblaje al español y lengua de señas mexicana, tanto del audio de voz como el de los sonidos e información no verbal que sea relevante al contenido audiovisual de que se trate, para accesibilidad a personas con debilidad auditiva; representaciones visuales respetuosas e inclusivas que promuevan el reconocimiento de sus capacidades, méritos y habilidades, así como la necesidad de su atención y respeto; contar con mecanismos que les den accesibilidad para expresar sus reclamaciones, sugerencias y quejas a los defensores de las audiencias y acceso a la guía de programación a través de un número telefónico, aplicaciones o de portales de Internet de los concesionarios en formatos accesible.
Tal vez podría pensarse que el papel de la ciudadanía en general no es relevante para esta temática, más es todo lo contrario, pues es el mecanismo a través del cual podemos externar nuestro descontento con los contenidos de la televisión y de la radio y sus réplicas en canales o mecanismos digitales, con las formas en que se maneja la información o con la programación de las diferentes emisoras. Es una herramienta que permite la exigencia de contenidos adecuados o apegados a evidencia, y no sólo sustentados en la opinión y el prejuicio. Además de denunciar aspectos como la presencia de clasismo, misoginia, racismo, xenofobia, adultocentrismo, homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia o intentos de imposición de una ideología en las programaciones mediáticas.
En este espacio, se ha señalado que “uno de los principales debates que podrían surgir con respecto a los derechos de las audiencias y la libertad de expresión es la limitación que estas podrían poner hacia los contenidos, pero también, podrían impulsar muchas otras propuestas que suelen no encontrar cabida en los medios, no porque sean deficientes, sino por la falta de interés comercial o la ausencia de otras perspectivas más incluyentes”.
Más, “en momentos en que se busca imponer una agenda muy clara desde el Estado, el contrapeso que pueden tener las audiencias es crucial para impedir que los contenidos mediáticos sean absorbidos por solo una agenda, pues pueden pugnar por la diversidad de voces y de enfoques y la forzosa apertura de las estructuras masivas de comunicación”.
Por lo tanto, aunque la propuesta venga del propio Estado, es necesario retomarla e iniciar un debate sobre los derechos de las audiencias, que seguramente no quedará finalizado en la consulta, pero será muy necesario para la protección de estos derechos, y para frenar, la muy apetitosa posibilidad de someter este corpus de garantías a la voluntad de la autoridad.
La propuesta oficial de los “lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias” está disponible en línea para su consulta y análisis. Mediante este esquema de consulta pública, es posible emitir comentarios y señalamientos a la misma a través de otro sitio web.
Para externar una opinión al respecto y participar en la consulta, visita portal.crt.gob.mx/consultapublica