Mientras millones de mexicanos celebrábamos un triunfo histórico en el Estadio Azteca, otro partido se estaba perdiendo. No era un partido de futbol. Era el partido por la confianza en México. Los goles se celebran una noche; la pérdida de la seguridad jurídica puede costarle a un país una generación completa.
La independencia judicial nunca fue un privilegio de los jueces. Siempre fue una garantía para la ciudadanía, sector empresarial, trabajadores y para cualquier persona que necesitara un árbitro imparcial que resolviera conforme a la ley y no conforme a intereses políticos.
Las consecuencias ya comenzaron: la destrucción de la carrera judicial; el incumplimiento del Décimo Transitorio respecto de jueces y magistrados cesados; la incertidumbre sobre derechos previamente adquiridos, como ocurre en diversos debates sobre pensiones; la cancelación de proyectos públicos que enviaron señales de incertidumbre a los mercados; el incumplimiento de diversos compromisos nacionales e internacionales; y la percepción de que las reglas pueden cambiar en cualquier momento.
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A ello se suma una preocupación adicional, el nivel técnico que proyecta el máximo tribunal del país. Diversas intervenciones públicas de ministras han generado un intenso debate nacional. La ministra Loretta Ortiz ha sido objeto de críticas por confusiones conceptuales y terminológicas en intervenciones públicas; la ministra Estela Ríos por sus explicaciones sobre el concepto de “relación doméstica” y el alcance del concepto de familia; y la ministra Lenia Batres por sus posiciones respecto de instituciones fundamentales como la cosa juzgada.
No se trata de ridiculizar a nadie, sino de recordar que la confianza en la Suprema Corte depende también de la excelencia técnica de quienes la integran.
Todo esto ocurre cuando México avanza sobre un proceso decisivo; la revisión del TMEC. Muchos creen que será únicamente una negociación comercial. En realidad, también será una evaluación sobre la confianza que inspira el Estado de derecho mexicano. Los inversionistas buscan reglas claras, jueces independientes y seguridad jurídica. Cuando esas condiciones se debilitan, aumenta el riesgo de que las negociaciones sean más difíciles y de que el país pierda competitividad.
El costo de perder confianza no lo pagan los ministros, las ministras ni los gobernantes. Lo pagan las familias mexicanas, los trabajadores, los pequeños empresarios y los jóvenes que buscan oportunidades. Un país puede ganar un partido de futbol y, al mismo tiempo, perder el partido más importante: el de la credibilidad de sus instituciones.