La salud constituye uno de los bienes más preciados para cualquier sociedad democrática. No se trata de un privilegio, de una concesión gubernamental ni de una mercancía sujeta a las reglas del comercio. Es un derecho social establecido por nuestra Constitución y por diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano. Por ello, cuando la corrupción se instala en las instituciones encargadas de garantizar ese derecho, el daño trasciende lo administrativo y lo financiero: se convierte en una agresión directa contra la dignidad humana.
Los procesos judiciales contra exdirectivos del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, acusados de participar en esquemas de contratación irregular y desvío de recursos públicos, deben analizarse en una perspectiva histórica más amplia. No estamos frente a un hecho aislado, se trata de una manifestación más de un modelo que durante décadas convirtió al sector salud en terreno fértil para negocios privados, redes de complicidad burocrática y mecanismos sistemáticos de saqueo institucional.
Durante los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la corrupción en el sector salud alcanzó niveles alarmantes. Las auditorías federales documentaron miles de millones de pesos en irregularidades; se descubrieron contratos con empresas fantasma, sobreprecios en medicamentos, adquisiciones simuladas, obras inconclusas y desvíos de recursos destinados a hospitales y tratamientos médicos. Casos como los ocurridos en Veracruz, las anomalías en el Seguro Popular, las contrataciones irregulares en el ISSSTE y los múltiples señalamientos en instituciones federales y estatales revelaron una realidad dolorosa: mientras millones de mexicanos enfrentaban carencias en servicios médicos, algunos grupos encontraban en la enfermedad ajena una oportunidad de negocio.
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Esa lógica no surgió por accidente, fue consecuencia de una concepción ideológica que colocó al mercado por encima de los derechos sociales. El neoliberalismo promovió la idea de que la salud debía administrarse bajo criterios empresariales, privilegiando la rentabilidad sobre el bienestar colectivo. Bajo esa visión, el paciente dejó de ser sujeto de derechos para convertirse en cliente; el hospital dejó de concebirse como una institución pública al servicio de la sociedad para transformarse en un espacio de contratación, subcontratación y negocios privados.
Lo más grave es que esa cultura penetró profundamente en diversas estructuras administrativas e incluso sindicales. Sectores que debían defender los intereses de los trabajadores y de los derechohabientes terminaron, en algunos casos, reproduciendo prácticas burocráticas, corporativas y patrimonialistas propias del modelo neoliberal. La defensa de privilegios sustituyó con frecuencia la defensa del derecho a la salud.
Por ello, la lucha contra la corrupción en el sector salud no puede reducirse a una cuestión penal. No basta con perseguir delitos, aunque hacerlo sea indispensable. La Cuarta Transformación tiene una responsabilidad política, ética y social mucho más profunda: desmontar las estructuras culturales e institucionales que permitieron que recursos destinados a salvar vidas fueran utilizados para enriquecer intereses particulares.
La responsabilidad política deriva del mandato popular expresado en las urnas en 2018 y refrendado posteriormente. Millones de mexicanos votaron por un proyecto de transformación precisamente porque estaban cansados de un régimen caracterizado por la corrupción, la impunidad y el abandono de los derechos sociales. En materia de salud, ese mandato implica reconstruir instituciones que durante años fueron debilitadas por intereses ajenos al bienestar de la población.
La responsabilidad ética es aún más exigente. Cada peso desviado en un hospital representa una oportunidad perdida para atender a un paciente; cada contrato irregular puede traducirse en medicamentos faltantes, equipos que nunca llegaron, cirugías postergadas o diagnósticos tardíos. Cuando la corrupción afecta al sector salud, no estamos hablando únicamente de dinero; estamos hablando de sufrimiento humano, de calidad de vida y, en ocasiones, de vidas que pudieron haberse salvado.
Existe también una responsabilidad social ineludible. La transformación del sistema de salud requiere recuperar una visión humanista del servicio público. Los hospitales no pueden ser espacios para la reproducción de privilegios ni para la construcción de redes clientelares, deben volver a ser instituciones orientadas al interés general, donde el centro de toda decisión sea el paciente y no el negocio.
La Cuarta Transformación ha sostenido como principios fundamentales no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. En ningún ámbito estos principios resultan tan importantes como en la salud pública. Combatir la corrupción en el IMSS, el ISSSTE, el IMSS-Bienestar y los sistemas estatales no constituye únicamente una política administrativa; es una exigencia de justicia social.
La historia juzgará a nuestra generación no sólo por las obras construidas o por los presupuestos ejercidos, sino por la capacidad de garantizar efectivamente los derechos fundamentales de la población. Entre ellos, ninguno resulta más sensible que el derecho a la salud.
Por ello, investigar, sancionar y erradicar la corrupción heredada del periodo neoliberal no debe entenderse como un acto de revancha política. Es un deber republicano, una obligación moral y , sobre todo, una condición indispensable para que nunca más los recursos destinados a la salud de los mexicanos terminen convertidos en patrimonio de unos cuantos.