En toda auténtica democracia la libertad de expresión constituye una piedra angular del sistema constitucional. Sin prensa libre no existe deliberación pública; sin pluralidad mediática no existe ciudadanía informada. Pero precisamente por su enorme relevancia democrática, la libertad de expresión no puede ser reducida a un privilegio corporativo ni convertirse en un escudo para campañas permanentes de desinformación, manipulación política o guerra mediática disfrazada de periodismo.
La reciente controversia entre la presidenta Claudia Sheinbaum y TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, ha abierto nuevamente un debate fundamental para la vida pública nacional: ¿qué debe entenderse realmente por censura en una democracia constitucional?
La respuesta jurídica es clara. Censura significa impedir, prohibir o restringir coercitivamente la difusión de ideas o contenidos. Supone el uso del poder del Estado para silenciar voces, cancelar transmisiones, retirar concesiones o bloquear el ejercicio periodístico. Nada de eso ocurrió en este caso.
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La presidenta Sheinbaum expresó una opinión política crítica respecto de una línea editorial que considera sistemáticamente agresiva y desinformativa contra su gobierno. Lo hizo públicamente, de frente a la nación y dentro del marco del debate democrático. La televisora continuó transmitiendo con absoluta normalidad; sus conductores siguieron expresándose libremente; sus espacios informativos permanecieron intactos; sus concesiones jamás fueron amenazadas.
De hecho, la propia presidenta aclaró explícitamente que su gobierno no pretende retirar concesiones ni ejercer mecanismos de presión institucional sobre la empresa, afirmando incluso que en México debe existir mayor competencia mediática y no menos pluralidad.
Conviene recordar algo esencial: los funcionarios públicos también tienen libertad de expresión. La Constitución no obliga al Ejecutivo a guardar silencio frente a campañas que considere falsas o facciosas. La democracia implica debate, contraste, confrontación de ideas y derecho de réplica político.
Pretender que toda crítica presidencial a un medio constituye censura implicaría otorgar a los grandes consorcios mediáticos una posición de inmunidad frente al escrutinio público. Y eso tampoco es democrático.
Durante décadas, México padeció precisamente lo contrario: un sistema de concentración mediática donde unos cuantos grupos empresariales ejercieron enorme influencia política sin contrapesos reales. La historia de la televisión mexicana está profundamente vinculada a relaciones de poder económico, privilegios regulatorios y estructuras monopólicas construidas alrededor del espectro radioeléctrico, que constitucionalmente pertenece a la nación.
El debate actual no trata sobre censura; trata sobre la disputa legítima por la narrativa pública en una democracia mucho más abierta, plural y confrontativa que la de décadas pasadas.
Además, resulta particularmente relevante que la controversia haya surgido alrededor de acusaciones de campañas de desinformación y ataques políticos promovidos desde plataformas vinculadas al empresario Ricardo Salinas Pliego. La presidenta respondió políticamente, no administrativamente. Contestó con palabras, no con prohibiciones. Y allí radica precisamente la diferencia central entre autoritarismo y democracia.
En un régimen autoritario se clausuran medios; en una democracia se debate con ellos. Por supuesto, los medios tienen pleno derecho a cuestionar al poder político. Esa función crítica es indispensable. Pero también la sociedad tiene derecho a cuestionar a los medios cuando considera que abandonan la objetividad mínima, sustituyen información por propaganda o utilizan concesiones públicas para impulsar agendas corporativas, personales e internacionales contra el interés nacional.
La libertad de expresión protege tanto al periodista como al ciudadano; tanto al concesionario como a la Presidenta de la República. Lo verdaderamente peligroso para la democracia no es que exista confrontación entre poder político y poder mediático. Lo peligroso sería regresar a los tiempos donde los grandes consorcios televisivos operaban como poderes intocables, incapaces de recibir crítica pública desde las instituciones democráticamente electas.
La transformación democrática de México también pasa por desmontar la vieja idea de que ciertos grupos empresariales poseen monopolio moral sobre la libertad de expresión. La libertad no pertenece a una televisora, pertenece al pueblo de México.