La historia contemporánea de México no puede entenderse sin examinar la relación entre el poder político y los grandes grupos empresariales que surgieron al amparo de las privatizaciones de los años noventa, esa que el presidente Andrés Manuel López Obrador acertadamente llamó "la mafia del poder". Entre todos esos casos, pocos resultan tan emblemáticos como el de Ricardo Salinas Pliego.
La fortuna y la influencia política de Salinas Pliego están íntimamente ligadas al proceso mediante el cual el Estado mexicano privatizó Imevisión en 1993, dando origen a TV Azteca.
Formalmente, la operación se realizó mediante una licitación pública, sin embargo, durante décadas diversos periodistas, investigadores y analistas han cuestionado las condiciones políticas que rodearon aquella decisión gubernamental. Y con razón: cuando un patrimonio público de la dimensión de una televisora nacional pasa a manos privadas, la ciudadanía tiene todo el derecho de preguntar cómo, por qué y a cambio de qué.
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La controversia adquirió una nueva dimensión cuando se conocieron las declaraciones de Raúl Salinas de Gortari sobre un préstamo multimillonario otorgado a Ricardo Salinas para participar en la adquisición de Imevisión. Aunque la existencia de ese financiamiento ha sido reconocida en distintas formas por los involucrados, el episodio alimentó —y sigue alimentando— las sospechas sobre la cercanía entre los beneficiarios de las privatizaciones y los círculos más poderosos del salinismo.
El problema no es únicamente jurídico: es profundamente político. La pregunta que persiste es si la construcción de algunos de los mayores imperios económicos del México contemporáneo fue resultado exclusivo del mérito empresarial, o si también estuvo respaldada por relaciones privilegiadas con el poder público de aquellos años.
Si la adquisición de Imevisión continúa siendo objeto de debate, el caso de Canal 40 constituye uno de los episodios más controvertidos en la historia de los medios mexicanos. El llamado “Chiquihuitazo" de 2002 quedó grabado en la memoria nacional como una demostración del enorme poder que las grandes televisoras habían acumulado durante el ciclo neoliberal. La toma de las instalaciones transmisoras de Canal 40 por personal vinculado a TV Azteca fue interpretada por numerosos periodistas y observadores como una acción de fuerza en medio de un conflicto mercantil que debía resolverse en los tribunales.
La actuación del gobierno de Vicente Fox también fue objeto de severas críticas, ya que para muchos observadores, la reacción gubernamental fue claramente insuficiente frente a un hecho que involucraba una concesión pública y una infraestructura estratégica de telecomunicaciones. Desde entonces, el episodio ha sido citado como ejemplo de la debilidad institucional frente a los grandes poderes fácticos. Y no es casualidad: en aquel México, los poderes fácticos eran los que mandaban; las instituciones, las que obedecían.
Dos décadas después, la figura de Salinas Pliego vuelve a ubicarse en el centro de la discusión pública. Ahora no por una concesión televisiva, sino por su confrontación abierta con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y por los litigios fiscales que involucran a empresas de su grupo, deudas multimillonarias que el SAT busca cobrar como se le cobra a cualquier mexicano.
Paralelamente, el empresario ha manifestado afinidades ideológicas con figuras de la nueva derecha internacional como Javier Milei, Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo. Tales coincidencias han llevado a diversos sectores políticos a sostener que Salinas Pliego se ha convertido en uno de los principales referentes de una oposición empresarial y mediática al proyecto político de la Cuarta Transformación.
En una democracia es legítimo debatir ideas y discrepar del gobierno; nadie discute eso. Lo que resulta verdaderamente preocupante es cuando el inmenso poder económico, mediático y digital de una sola persona se utiliza para erosionar sistemáticamente la confianza en las instituciones democráticas, para exacerbar la polarización social o para evadir las obligaciones que cualquier mexicano —del más humilde al más millonario— debe cumplir con el fisco.
México ha vivido demasiadas décadas bajo la influencia desproporcionada de poderes económicos capaces de condicionar decisiones públicas, moldear narrativas informativas y defender privilegios construidos durante el ciclo neoliberal. Por ello, la discusión de fondo no gira solamente en torno a Ricardo Salinas Pliego: se refiere al tipo de República que queremos construir. Una democracia auténtica exige empresarios exitosos, pero también instituciones capaces de someter a cualquier actor económico al imperio de la ley. Exige libertad de expresión, pero también responsabilidad pública. Exige competencia económica, pero rechaza privilegios heredados de relaciones opacas entre el dinero y el poder.
La historia de Imevisión, el conflicto de Canal 40 y las actuales disputas fiscales muestran que la concentración de poder económico y mediático sigue siendo uno de los grandes desafíos de la democracia mexicana. Y es precisamente por ello que el escrutinio público de figuras como Ricardo Salinas Pliego no sólo es legítimo: es una obligación democrática que ninguna fortuna, por grande que sea, puede comprar ni acallar.