Lo sucedido es grave. Ante las irregularidades denunciadas en el examen de ingreso a licenciatura, la UNAM está gestionando una de sus crisis más delicadas de los últimos años. El problema principal está en los efectos adversos que podría producir si las protestas de estudiantes se salen de control, si se descubre corrupción dentro de la institución o si no se encuentra una solución que satisfaga a la mayoría de aspirantes.
Desde que detonó la situación, las especulaciones han dominado los espacios informativos y, también, la mayoría de las tendencias en redes sociales. Han pasado varios días y aún no sabemos, con certeza, qué combinación de factores permitió que ocurrieran las “irregularidades” ni las evidencias que las respaldan. Una institución de la magnitud de nuestra máxima casa de estudios no debería permitir mayores retrasos.
Los testimonios de estudiantes se multiplican. Las dudas sobre qué y cómo procedieron los miles de jóvenes que presuntamente hicieron trampa, también. Y más: ¿quién orquestó el fraude, si es que lo hubo, y en qué consistió? Hasta la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido que se aclaren las irregularidades pronto para brindar certeza, aunque aclaró que, por respeto a la autonomía universitaria, no le corresponde plantear alternativas.
Te podría interesar
Por si no lo leíste: UNAM crea comisión ante denuncias de fraude: "me pedían 15 mil pesos por el examen", acusa aspirante.
Evidentemente, la responsabilidad directa de aclarar los hechos corresponde a la UNAM. Pero la intervención del gobierno y de la Fiscalía General de la República será inevitable si se confirman algunas de las hipótesis. Destacan dos razones. La primera, si las investigaciones concluyen que hubo delitos. Segunda, si las manifestaciones de los estudiantes escalan a niveles de politización y conflicto social.
Las soluciones que esta crisis requiere está en el manejo de los tiempos, en las narrativas y argumentos del Rector Leonardo Lomelí Vanegas y su equipo cercano de colaboradores, y en las negociaciones que se realicen con los aspirantes a partir de las conclusiones, denuncias y recomendaciones que presente la Comisión Técnica para la revisión del procedimiento del examen y los resultados.
Evidentemente, la misión no es tan sencilla. Hacer frente a posibles actos de corrupción de personas o empresas, y/o a un posible grupo organizado de apoyo ilícito para los aspirantes va más allá de un problema ético, operativo y tecnológico. Es comprensible que la sociedad, los alumnos involucrados y los líderes de opinión busquen explicaciones rápidas y convincentes, pero es altamente riesgoso seguir permitiendo que las especulaciones dominen el espacio público durante mucho tiempo.
Lee más: Aumento de aciertos en exámenes de ingreso en la UNAM se debe a fraude, señalan expertos.
Hasta ahora, sólo es posible estar seguros de tres puntos:
- Antes y durante el examen, hubo irregularidades que ameritan una investigación profunda sobre lo que sucedió.
- La UNAM detectó “conductas contrarias a la convocatoria”, inconsistencias y patrones atípicos, razón por la que bloqueó algunos exámenes y abrió investigaciones internas.
- A partir de los primeros indicios, se investigará la posible participación de personas y empresas que ofrecieron servicios fraudulentos.
- La UNAM informó que presentó denuncias penales contra personas y empresas que presuntamente ofrecieron servicios fraudulentos para ayudar a aspirantes a hacer trampa durante el examen.
- La Comisión Técnica creada por la UNAM tendrá que presentar pronto un dictamen final que reduzca los riesgos y conflictos de alto impacto que potencialmente tiene el caso.
En síntesis, y a pesar de la cobertura noticiosa que ha tenido el problema, es muy poco lo que se sabe. Y demasiado lo que se dice sin sustentos ni evidencias. En gestión de crisis, esta ruta no es la más recomendable. Tampoco lo es el retraso en las reacciones oficiales. Todo lo contrario.
Se podrá asegurar que el problema es sumamente complejo. Cierto. Pero también lo es que existen otras opciones para gestionar las narrativas y acciones que amerita la crisis. Los comunicados reactivos, el retraso tan prolongado de la Rectoría para ofrecer un diagnóstico y las soluciones sólo dificultan la recuperación de confianza.
Consulta: Recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial. UNESCO, documento de trabajo, 2022.
La razón de activar al grupo de expertos tiene sentido de urgencia. Así lo han comprendido y seguro actuarán en consecuencia. Las acciones, argumentos y evidencias que presenten tendrán que ser creíbles, inobjetables y contundentes. Por eso, se tiene que poner punto final a falacias y especulaciones expresadas en diversos espacios mediáticos, como “La IA es la culpable”.
La inteligencia artificial es una herramienta. El fraude académico o de cualquier otra índole es una conducta humana. Por eso, lo responsable es evitar las confusiones o los desviadores de la atención. Veámoslo en forma sencilla: si una persona utiliza un automóvil para cometer un delito, es absurdo culpar al automóvil.
La misión es clara. Las autoridades universitarias responsables tienen que presentar un informe técnico sólido, en el que se reconozcan las fallas detectadas y proponer medidas correctivas confiables, justas, equitativas y convincentes. Sólo así se podrá proteger y fortalecer la credibilidad de la máxima casa de estudios, a pesar de la gravedad de lo que pasó.
Lo que está en riesgo no es sólo la reputación de la UNAM y sus autoridades. En medio del problema también está el castigo que amerita la presunta comisión de delitos; un mal ejemplo de quienes se atrevieron a hacer trampa, con consecuencias éticas y culturales negativas; y la lucha personal y profesional de decenas de miles de estudiantes que están tratando de construirse un mejor futuro.
Recomendación editorial: Rafael Gómez Pérez. El dilma de la IA. Madrid, España: Ediciones Rial, 2023.