La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno defiende la política de “cero impunidad”. Asimismo, descartó la protección a cualquier autoridad bajo investigación. Y al mismo tiempo pidió esperar a que se acrediten los delitos que se denuncian porque “en ocasiones también existen motivaciones políticas”.
El argumento sería absolutamente creíble si no estuviera permeando la percepción de que, en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, hay diferencias en el tratamiento político y comunicacional que se está dando a algunos gobernadores, funcionarios y alcaldes que se han visto envueltos en diversos escándalos mediáticos.
Más allá de quiénes estén diciendo la verdad sobre cada caso, es posible afirmar que el problema que enfrenta la primera mandataria no sólo es político u operativo: también es comunicacional. Si la percepción no inspira confianza en la sociedad porque los hechos y las narrativas que la acompañan no son contundentes, entonces están fallando algunas de las tácticas, acciones y argumentos que se están difundiendo a través de sus conferencias matutinas.
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La notoriedad nacional e internacional que han alcanzado en la agenda mediática algunos casos, como el de Ruben Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, han sobrepasado los límites razonables de cobertura mediática, tiempo y forma que hubieran tenido las acusaciones si hubiesen sido falsas. Por tanto, las dudas razonables y sospechas han ganado terreno.
En contraste, ciertas decisiones que deberían tener un alto impacto positivo en la población no han logrado posicionarse como lo necesita la jefa del Ejecutivo. Es el caso, por ejemplo, del anuncio que hizo su gobierno de la campaña “Tu denuncia transforma”, cuyo objetivo principal es fortalecer la participación ciudadana en el combate a la corrupción. Por donde se le vea, la noticia pasó prácticamente desapercibida.
Aún más. Los resultados e indicadores que ha obtenido el Gabinete de Seguridad, bajo la dirección de la presidenta Sheinbaum, son importantes y de alto impacto. Desde hace muchos años que no se registraban avances y logros tan significativos. Pero el problema sigue siendo que la mayor parte de la población aún se siente insegura.
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En los trabajos de consultoría en comunicación política se parte de una premisa básica: “En política lo que parece, es”. Dicho en otras palabras: por directa, clara y contundente que sea una verdad, si la percepción es distinta a la realidad se imponen el sentimiento y la emoción. De ahí la importancia que tiene para el buen líder aprender a lidiar con hechos y argumentos falsos.
Sobre esta base, debemos asumir que la negatividad en las noticias, la violencia verbal y la polarización discursiva facilitan el malestar emocional de la sociedad con sus autoridades. Pero el problema es mayor cuando se posterga la presentación de evidencias sobre los hechos denunciados, cuando se deja la impresión de que se encubre a los posibles corruptos o se desvía intencionalmente la agenda pública para no abordar los temas incómodos.
Las percepciones negativas de un pueblo siempre tienen costos para los gobernantes. Dañan la reputación y popularidad de los servidores públicos. Menoscaban la confianza en los líderes y autoridades. Reducen la confianza en las instituciones. Por eso hoy resulta imprescindible revisar con mayor cuidado qué, cómo, cuándo, dónde y por qué se hace lo que se hace y se dice lo que se dice.
La verdad histórica permea y se fortalece a partir de los hechos, la asertividad y la congruencia. Y si deveras se quiere borrar la percepción de engaño, colusión o encubrimiento, el gobierno federal está obligado a hacer ajustes de fondo en su paradigma de comunicación. La sociedad sabe que sus autoridades no acabarán con la impunidad ni la corrupción. Pero también pasa factura cuando descubre que hubo encubrimiento, se le mintió o no se cumplió con lo prometido.
Recomendación editorial: Rafael Bisquerra. Política y emoción. Madrid, España: Ediciones Pirámide, 2017.