México mantiene el grado de inversión con las tres principales agencias calificadoras: Fitch, S&P y Moody’s. Fitch ubica al país en BBB con perspectiva estable; Moody's rebajó la calificación a Baa3, último escalón dentro del grado de inversión; y S&P colocó la nota en BBB, pero cambió su perspectiva de estable a negativa.
Las agencias calificadoras evalúan el nivel de deuda pública, también toman en cuenta el crecimiento económico, la fortaleza institucional, la credibilidad de la política económica, el cumplimiento del marco fiscal y la estabilidad política, entre otros elementos. En otras palabras, evalúan la capacidad de un país para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras.
En América Latina hay algunos ejemplos de que la pérdida del grado de inversión no responde a un solo acontecimiento. Dos casos son Brasil y Colombia. Brasil perdió el grado de inversión en 2015 como consecuencia de una profunda recesión, el aumento del déficit y la deuda pública, la caída de los precios internacionales de las materias primas y una crisis política que dificultó la implementación de un ajuste fiscal creíble que terminó por erosionar la confianza de los mercados.
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Como consecuencia de lo anterior, su tipo de cambio se depreció 54% en un año, la prima riesgo país se elevó en 146.5% y las tasas de interés se ubicaron en niveles de 14.25%. Más de una década después, pese a importantes esfuerzos fiscales de consolidación, Brasil aún se encuentra en la categoría especulativa para las principales calificadoras.
En Colombia la pandemia obligó a expandir el gasto público para atender la emergencia sanitaria; en 2021, el déficit fue de 7.3% del PIB y la deuda pública aumentó a 54.8%. La prima de riesgo alcanzó su nivel más alto en octubre de 2022, al ubicarse en 351.2 puntos base, 114.0% más respecto de 2021; y en 2022 el tipo de cambio se había depreciado en 19.7%. Ante las presiones inflacionarias la tasa de interés de referencia se ubicó en 13.25% en 2023. A lo anterior se añadió la incertidumbre política que deterioró la percepción de riesgo. Actualmente dos de las tres principales agencias mantienen a Colombia en grado especulativo.
La principal lección de ambos casos es que las calificadoras reaccionan a tendencias, no a episodios aislados. Para el caso de México han señalado factores que limitan una mejora de la nota crediticia: bajo crecimiento económico, reducida base recaudatoria, rigidez del gasto público, mayores necesidades de financiamiento del Gobierno Federal, el apoyo continuo a Pemex, baja inversión, elevada informalidad y cambios institucionales recientes que generan incertidumbre.
Perder el grado de inversión no significa que un país entre automáticamente en una crisis, pero implica mayores costos de financiamiento, aumento de las primas de riesgo, depreciación cambiaria, tasas de interés más elevadas y fuga de capitales. Todo ello reduce no sólo afecta al gobierno, sino que eleva los costos para el sector privado.
El país aún puede preservar el grado de inversión, pero se requiere de una estrategia de consolidación fiscal gradual y creíble, fortalecer los ingresos públicos, mejorar la calidad del gasto, contener los pasivos contingentes, cumplir con el marco de responsabilidad fiscal, así como, impulsar un crecimiento económico elevado y constante y, mantener la integración con América del Norte. Consultar la investigación que el CIEP hizo al respecto en www.ciep.mx
José Luis Clavellina Miller*
Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como maestro y licenciado en Economía por la misma Universidad. Realizó una estancia de investigación doctoral en la Universidad de Kent en Canterbury. Se ha desempeñado como investigador en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Actualmente es director de Investigación en el CIEP.
Rodrigo Ochoa Hernández*
Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con interés académico en el estudio y análisis de la macroeconomía, las finanzas públicas y la política fiscal. Cuenta con una Certificación en Indicadores Económicos con Ciencia de Datos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y en Transparencia Presupuestaria por la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la SHCP. Colaboró en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde participó en la recopilación y el análisis de la información para generar reportes de auditoría, el seguimiento del gasto público y la rendición de cuentas. Actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en el área de inversión e infraestructura pública.