Cuando se habla del Mundial 2026, la conversación económica suele centrarse en estadios, turismo y derrama económica. Sin embargo, el verdadero legado de un evento de esta magnitud debería medirse por aquello que permanece una vez que las selecciones regresan a casa. En el caso de México, nos referimos a la movilidad urbana.
Las tres entidades sede, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, realizaron inversiones en transporte público con el objetivo de atender la demanda de las y los visitantes durante el torneo. Pero más allá de unas semanas de competencia, estos proyectos representan una oportunidad para avanzar en la garantía del derecho a la movilidad de millones de personas.
Por ejemplo, la Ciudad de México destinó mil 698 millones de pesos a la modernización integral del Tren Ligero, incluyendo la adquisición de 17 nuevas unidades, sistemas de control ferroviario y la remodelación de estaciones. Por su parte, Jalisco invirtió 5 mil 608 millones de pesos en la Línea 5 “Mi Macro Aeropuerto”, mientras que Nuevo León ha invertido alrededor de 22 mil millones de pesos para la construcción de las líneas 4 y 6 del Metrorrey.
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La magnitud de los recursos obliga a preguntarnos si estamos construyendo los sistemas adecuados para las necesidades futuras de nuestras ciudades. En ese sentido, los sistemas ferroviarios ofrecen mayores beneficios de largo plazo en zonas metropolitanas de gran tamaño. Un tren ligero o metro tiene una vida útil cercana a 50 años, mientras que un sistema BRT (o metrobuses) depende de unidades cuya vida útil ronda apenas una década. Además, su capacidad para mover pasajeros es considerablemente menor.
Uno de los principales retos no está únicamente en la inversión en infraestructura, sino en la transparencia de los recursos públicos. En la Ciudad de México, el Tren Ligero forma parte del Fondo Mixto de Promoción Turística, y su información dificulta conocer con precisión cuánto se ha ejercido específicamente en el proyecto. En Jalisco, la información disponible no permite reconstruir el desglose completo de la inversión ni identificar claramente su evolución presupuestaria desde que fue aprobada. Y en Nuevo León, aunque existe mayor información, persisten interrogantes sobre los subejercicios observados en 2023 y 2024, así como sobre los sobre ejercicios registrados posteriormente. Conocer cuánto cuestan las obras, cuánto se ha pagado y cuáles son sus resultados permite evaluar si los recursos públicos están generando el beneficio esperado. Sin información clara, resulta difícil medir el verdadero legado de estas inversiones.
El Mundial puede catalizar este tipo de proyectos. Sin embargo, la movilidad no se resuelve con obras aisladas ni con inversiones pensadas únicamente para atender un evento internacional. Los diferentes proyectos deben formar parte de una estrategia de largo plazo que conecte sistemas, amplíe cobertura y fortalezca el transporte público como eje del desarrollo urbano. Cuando termine el Mundial, la pregunta no será cuántos turistas llegaron a nuestras ciudades, sino si las personas que las habitan todos los días pueden trasladarse de manera más rápida, segura e incluyente que antes.
La investigación se podrá consultar en www.ciep.mx
Emilio Sánchez Salazar*
Economista por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con especializaciones en Economía Pública y Desarrollo Sostenible, así como de Economía Aplicada y Ciencia de Datos por la misma institución. Actualmente colabora como investigador en el área de finanzas públicas subnacionales en el CIEP. Sus áreas de interés son el federalismo fiscal, economía del desarrollo, la economía conductual y la ciencia de datos aplicadas al deporte. Ha tenido la oportunidad de incidir en la discusión sobre la coyuntura subnacional por medio de investigaciones que permiten conocer el contexto de la coordinación fiscal actual, así como para fomentar la independencia fiscal de los gobiernos subnacionales. Considera que toda política pública puede ser más efectiva si se implementa desde lo local.