A Ernesto Ruffo lo conozco desde hace varios años y tengo la mejor impresión de él, a diferencia de muchos personajes públicos, es una persona sencilla en su vestir y actuar, siempre amable y respetuosa, que puede caminar tranquilamente por las calles sin necesidad de rodearse de asistentes, escolta o vehículos blindados, y que no se guarda en decir lo que piensa ni busca acomodarse con los grupos en el poder, por lo que muchas veces incluso les puede llegar a resultar incómodo. De hecho, de tiempo atrás ha insistido en que se debe ciudadanizar la política impulsando elecciones primarias para definir las candidaturas partidistas.
No es alguien que, en sus alrededor de 40 años de vida pública, haya estado envuelto en escándalos ni se le ha señalado como poseedor de una gran e inexplicable fortuna como en tantos otros casos. Tampoco se trata de uno de esos políticos que de un día a otro aparecen como prósperos empresarios, su actividad empresarial inició mucho antes de que incursionara en la política precisamente gracias a la buena reputación que había construido, logrando la presidencia municipal de Ensenada y posteriormente la gubernatura de Baja California siendo el primer gobernador de oposición en la historia moderna de nuestro país.
Por eso, no es fácil entender que se le acuse como el principal líder del huachicol fiscal en México y se le esté tratando como a un delincuente de la más alta peligrosidad. Las ampliamente difundidas imágenes de su detención y traslados con gran despliegue policial, así como su reclusión en un penal de máxima seguridad destinado a los capos del narcotráfico, no corresponden a un hombre de 74 años que siempre estuvo localizable y, hace varios meses se presentó voluntariamente a declarar ante las autoridades como testigo. Aunque desconozco cuales son las actividades económicas de Ruffo, y mucho menos sobre la empresa que ha sido involucrada en esta investigación de la FGR, llama la atención que, de acuerdo a una nota publicada por el periódico Reforma y que no ha sido desmentida, poco tiempo antes un juez había negado la orden de aprehensión por considerar que no había elementos suficientes y que en esa solicitud no se encontraba el nombre de Ernesto Ruffo, el cual fue incluido de último momento para presentar una nueva solicitud en otro juzgado, o que las dos maratónicas audiencias se hayan llevado a cabo a puerta cerrada fuera del escrutinio público.
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De la información que ha circulado no queda clara la acusación concreta respecto a la participación de la empresa de la cual Ruffo es socio con el 30% y de los montos involucrados –se manejan cifras muy distintas que van de los 4 mil millones a los 168 millones de pesos– pues sostienen que esta empresa no se dedica a la compra, transportación o distribución de combustible y solo tramita los permisos a través de una agencia aduanal. Tampoco sobre la participación específica del exgobernador en este esquema de huachicol fiscal, y no se tiene conocimiento de imputaciones contra funcionarios del SAT, Marina, Aduanas sin cuyo involucramiento difícilmente podría llevarse a cabo una operación de esta naturaleza.
Son muchas las dudas que surgen, pero más allá del aprecio o simpatía hacia Ernesto Ruffo, de lo que se trata no es de pedir impunidad, sino de exigir un proceso justo, imparcial, en que se garantice la presunción de inocencia y no se aplique una justicia selectiva con criterios políticos. Para ejercer acción penal se tiene que demostrar su responsabilidad directa, es decir que estuvo involucrado en el esquema denunciado y no a partir de meras inferencias. Sin embargo, cuando menos hasta ahora, no se han hecho públicas las pruebas que así lo acrediten.