Hace un par de semanas circuló un video en que un sujeto agrede física y verbalmente a una mujer en el interior de una vivienda. Resulta que se trataba ni más ni menos que de Víctor Rodríguez Padilla, hasta hace un par de meses director general de PEMEX quien repetidamente golpeaba a su esposa, María Felicia Jiménez, delante de su hijo menor de edad. Esto sucedió el 15 de marzo en su domicilio en Morelos. La víctima señaló que las agresiones iniciaron en 2022 y fueron aumentando, sobre todo a partir de que Rodríguez Padilla se convirtió en funcionario de primer nivel en el gobierno de quien fuera su compañera en la universidad, Claudia Sheinbaum, y que no se atrevía a denunciar porque si lo hacía, podría quedarse sin trabajo, sin dinero, en donde vivir o incluso que le quitaran a sus hijos. También recibió amenazas de deportación dado su origen cubano.
La indignación fue tal, que la misma presidenta Sheinbaum se tuvo que deslindar de Rodríguez Padilla ofreciéndole a María Felicia su apoyo a través de la Secretaría de las Mujeres por lo que se animó a denunciar y, el 7 de julio, este ex funcionario fue detenido por la Policía de Investigación de la Ciudad de México para internarlo en el penal de Atlacholoaya acusado de violencia familiar y vicaria. Hasta aquí parecía que, cuando menos en este caso, se haría justicia a una de tantas mujeres víctimas de violencia –según datos de INEGI, casi 67% de las mujeres casadas han vivido algún tipo de agresión ya sea física, sexual o psicológica–.
Sin embargo, el lunes nos enteramos que María Felicia había otorgado el perdón a su agresor supuestamente para preservar la estabilidad familiar y, aunque la jueza determinó vincular a proceso a Rodríguez Padilla ya que este tipo de delitos se persiguen de oficio, ayer cambió la medida cautelar de prisión preventiva para que pudiera seguir su proceso penal en libertad, ante lo cual surgen muchas dudas.
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En primer lugar no se conocen los argumentos de la jueza para considerar de un día a otro, que Rodríguez Padilla ya no representa un riesgo para la víctima o que pudiera darse a la fuga, pero también habría que preguntarse cuál fue la razón por la que María Felicia decidió otorgar el perdón siendo que, como ella misma señaló, era la tercera vez que sufría agresiones físicas además de constante violencia emocional y económica. No es difícil pensar que pudo haber sido presionada por quien probablemente todavía conserva cierto poder y relaciones o quizá, como pasa en muchos casos, prefirió ceder ante su manifiesta situación de vulnerabilidad. Esperemos que esto no termine tan solo en una disculpa pública y la promesa de enmienda, así como de cumplir con sus obligaciones familiares que muchas veces se convierten en un calvario para la víctima. Me parece que cuando la violencia es evidente, no debería caber la posibilidad de optar por la justicia alternativa.
Este es tan solo un ejemplo de las condiciones de enorme desventaja con que miles de mujeres tienen que hacer frente a la violencia, así como a la falta de mecanismos efectivos que realmente las protejan. Es común escuchar que una víctima decide no denunciar o seguir en un proceso judicial ante la imposibilidad de afrontar los gastos que implica (abogado, copias, traslados etc.) pues ante todo tiene que ver cómo le hace para pagar renta, comida etc., su desconfianza en fiscalías y juzgados que pocas veces actúan con perspectiva de género y, por tanto, su sentimiento de indefensión ante sus agresores quienes suelen salir impunes.