Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió formalmente el debate nacional sobre el uso de redes sociales e inteligencia artificial en la niñez y la adolescencia. Anunció una serie de foros con especialistas nacionales e internacionales y representantes de la Unesco, para construir una propuesta que se enviará al Congreso con la expectativa de aprobarla este mismo año. La regulación llegará a México, la pregunta relevante es cómo.
Lo más probable, a juzgar por la tendencia internacional, es que México adopte una edad mínima entre 15 y 16 años, verificación de identidad, consentimiento parental por debajo de ese umbral, y límites a funciones como el scroll infinito o las notificaciones nocturnas. Ya hay una base: 16 entidades federativas regulan el uso de celulares en las escuelas. Para las empresas que operan en México, como Meta, TikTok, Google y Snap, la regulación implicaría invertir en sistemas de verificación de edad, ajustar el diseño de sus algoritmos y asumir un régimen de sanciones, además de la participación en el debate que la propia presidenta pidió al sector privado, cuyo modelo de negocio depende en buena medida del tiempo de atención de usuarios jóvenes.
La magnitud del fenómeno en México ya está documentada. Según la ENDUTIH 2024 del Inegi, 22.9 millones de personas de 6 a 17 años usan internet en México, el 87.7% de ese grupo de edad. UNICEF reporta que la mitad de los niños de 6 a 11 años ya son usuarios activos de redes sociales. El IFT documentó que ese uso pasó de 39% en 2017 a 69% en 2022. El Sipinna calculó un promedio de 4.4 horas diarias de conexión entre menores. El 81% aprendió a usar redes sin supervisión de un adulto, y el 25% de los adolescentes de 12 a 17 años ha sufrido ciberacoso.
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La evidencia científica respalda la preocupación presidencial. La Organización Mundial de la Salud advirtió en 2025 que el entorno digital es un riesgo documentado para la salud mental de la niñez, por la exposición a ciberacoso, estándares corporales poco realistas y contenido sobre autolesiones, y recomendó regular el diseño de las plataformas para limitar funciones adictivas, no solo el acceso. UNICEF llegó a una conclusión similar sobre el uso intensivo de pantallas y el bienestar emocional adolescente. El psicólogo Jonathan Haidt, de la Universidad de Nueva York, documentó en su investigación sobre la llamada «generación ansiosa» una correlación entre la adopción masiva de redes sociales a partir de 2012 y el aumento simultáneo de depresión y ansiedad diagnosticadas entre adolescentes en varios países.
México no sería el primero en regular, de hecho ya 16 estados del país lo han hecho y la iniciativa presidencial se sumará a las casi 50 iniciativas de legisladores federales ya presentadas en ambas cámaras. A nivel internacional están las experiencias de países como Australia que prohibió desde diciembre de 2025 el acceso a redes sociales a menores de 16 años, con verificación de identidad o estimación de edad por reconocimiento facial, y multas de hasta 32 millones de dólares para las plataformas que incumplan; los primeros meses mostraron fugas hacia aplicaciones menos conocidas y sin regulación. Francia fijó una edad mínima de 15 años, con verificación obligatoria a partir de 2027. España discute en el Congreso elevarla de 14 a 16. El Reino Unido impuso un toque de queda nocturno para adolescentes de 16 y 17 años y bloqueó funciones adictivas. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que propone 16 años como edad mínima, con excepción para adolescentes de 13 a 16 con autorización parental. Utah, en Estados Unidos, exige verificación de edad, consentimiento parental y restricción de funciones diseñadas para generar uso compulsivo.
El reto de esta regulación será elegir el mecanismo correcto y una debida implementación: la experiencia australiana, por ejemplo, muestra que prohibir sin verificación robusta desplaza el problema hacia plataformas menos reguladas, sin resolverlo.
¿Qué camino marca la brújula institucional? La propuesta presidencial, de no ser constitucional, iría a comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia y según su alcance podría ir a Gobernación y Justicia, en las cámaras de Diputados y Senado. Se aprobaría entre septiembre y diciembre de este año.