Durante casi cuatro décadas, Ismael "El Mayo" Zambada García construyó una leyenda basada en un principio simple pero efectivo: la discreción es más poderosa que la violencia espectacular. Mientras otros capos buscaban los reflectores, coleccionaban corridos y terminaban acribillados o extraditados antes de cumplir los cincuenta años, “El Mayo” prefirió las sombras. Sobrevivió a guerras internas, a la captura y muerte de decenas de aliados y rivales, a seis presidentes mexicanos y a la transformación completa del mapa del narcotráfico continental. Se convirtió así en el capo más longevo y escurridizo en la historia del crimen organizado mexicano. Pero la sentencia que ahora recibe en territorio estadounidense confirma una verdad que ningún imperio criminal, por sofisticado que sea, puede desmentir: el crimen no paga, y tarde o temprano, la realidad alcanza a todos.
Lo que estamos presenciando no es simplemente el cierre de un expediente judicial. Es la culminación de una negociación cuidadosamente calculada, la última gran jugada de un hombre que entendió, mejor que nadie en su gremio, cómo funciona el poder tanto dentro como fuera de la ley. “El Mayo” no fue capturado en un operativo espectacular ni murió en un enfrentamiento armado como sus contemporáneos. Su caída, orquestada bajo circunstancias que aún generan controversia y teorías sobre una posible traición de Joaquín Guzmán López, lo llevó a un escenario que él mismo evitó durante toda su carrera: una corte estadounidense.
Y ahí, en ese terreno que no controlaba, hizo lo que mejor sabe hacer: negociar. Se declaró culpable, evitó un juicio público que hubiera expuesto aún más secretos, y aceptó una sentencia que, aunque significa pasar el resto de sus días en prisión, le permite ciertas condiciones que un juicio abierto no le hubiera garantizado. Es la jugada de un estratega que, incluso en su ocaso, entiende que la resignación calculada puede ser más valiosa que la resistencia inútil.
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Para las autoridades estadounidenses, este desenlace representa una victoria sin ambigüedades. Obtienen la cabeza de una de las figuras más importantes en la historia del narcotráfico transnacional sin necesidad de un costoso y mediático juicio que hubiera podido convertirse en una plataforma incómoda. La fiscalía estadounidense consiguió lo que buscaba: una condena ejemplar, un mensaje contundente hacia otros operadores del crimen organizado, y quizás lo más valioso una cooperación que, aunque limitada, abre puertas hacia investigaciones que trascienden fronteras y décadas.
Washington no necesita espectáculo. Necesita resultados, y los tiene. “El Mayo” Zambada, símbolo viviente de la impunidad prolongada, ahora es también símbolo de que ni el criminal más precavido puede sostener su imperio para siempre.
Como en toda negociación de este calibre, hay elementos que trascienden lo estrictamente legal. Zambada, según diversas fuentes y análisis de expertos en seguridad, buscó garantizar cierta protección o, al menos, menor exposición judicial para miembros de su familia que operan o han operado en México. Es el instinto de un patriarca que, incluso enfrentando el fin de su libertad, prioriza la continuidad de su núcleo familiar por encima de cualquier otra consideración.
Esta dimensión de la negociación no debe sorprendernos. Es consistente con el modus operandi que caracterizó a “El Mayo” durante toda su trayectoria: proteger lo esencial, sacrificar lo prescindible. Si su libertad era la moneda de cambio inevitable, entonces la seguridad relativa de sus hijos y allegados se convirtió en el objetivo prioritario de esta última gran transacción.
Pero aquí es donde la historia adquiere una dimensión que trasciende la biografía personal de “El Mayo” Zambada y se convierte en un asunto de relevancia nacional para México. La información que ha proporcionado o que las autoridades estadounidenses poseen y pueden seguir utilizando en investigaciones activas sobre pagos de sobornos a funcionarios mexicanos desde 1989 representa una bomba de tiempo que no ha terminado de detonar.
Estamos hablando de casi cuatro décadas de documentación potencial sobre la corrupción sistémica que permitió la operación del Cártel de Sinaloa. No es un capítulo aislado de complicidad esporádica, es la crónica de una colusión entre el poder político-institucional y el crimen organizado que atraviesa gobiernos de distintos partidos, sin importar la ideología, la retórica anticorrupción o las promesas de transformación que cada administración ha establecido.
Políticos de todas las corrientes, militares de alto rango, policías municipales, estatales y federales, marinos que deberían haber sido garantes de la seguridad nacional, empresarios que lavaron y facilitaron operaciones financieras, y hasta periodistas que silenciaron o distorsionaron la verdad a cambio de beneficios económicos: todos ellos podrían estar en la mira de investigaciones que ya no dependen de la voluntad política mexicana, sino de fiscales estadounidenses que operan bajo otra lógica y otros incentivos.
Esta es quizás la lección más incómoda de todo este proceso: la corrupción vinculada al narcotráfico en México no es un problema de un partido, un sexenio o una ideología específica. Es una infraestructura que ha sobrevivido y se ha adaptado a cada cambio de gobierno, demostrando que el verdadero poder en ciertas regiones y sectores no reside en las urnas sino en los pactos silenciosos entre el dinero ilícito y quienes deberían combatirlo.
Decir que "el crimen no paga" podría sonar ingenuo frente a las décadas de riqueza, poder e impunidad que disfrutó “El Mayo” Zambada. Sin embargo, la sentencia que hoy recibe confirma que esa impunidad tiene fecha de caducidad. Ningún imperio criminal, por más sofisticado, discreto y bien conectado que esté, puede sostenerse indefinidamente contra el peso combinado del tiempo, las traiciones internas y la persistencia de instituciones extranjeras que no operan bajo las mismas reglas de complicidad que imperan en territorio mexicano.
El verdadero mensaje no es que el crimen nunca ofrezca beneficios temporales, porque evidentemente los ofreció durante casi cuarenta años. El mensaje es que la longevidad criminal no equivale a impunidad eterna, y que quienes hoy ocupan posiciones de poder, ya sea en política, las fuerzas armadas, los cuerpos policiales o el empresariado deberían tomar nota de que los archivos, las confesiones y las negociaciones judiciales trascienden fronteras y pueden resurgir en el momento menos esperado.
Mientras Estados Unidos cierra este capítulo con satisfacción institucional, México enfrenta una pregunta pendiente que ninguna sentencia extranjera puede resolver: ¿tendrá el país la voluntad política y la capacidad institucional para investigar, procesar y sancionar a la red de complicidades que permitió que un capo operara impune durante cuatro décadas? La última negociación de “El Mayo” Zambada no es solo el epílogo de una vida criminal. Es la apertura de un expediente que debería obligarnos a mirar hacia adentro, hacia esas estructuras de poder que convirtieron la corrupción en una política de Estado no escrita mientras el discurso oficial hablaba de guerra contra el narco.