Hay una escena que se repite en la historia reciente de la guerra contra las drogas: Estados Unidos ofrece millones de dólares por la cabeza de un capo, la prensa lo celebra como un golpe contundente al crimen organizado, y meses después descubrimos que la verdadera oferta nunca fue meter a ese hombre en una celda de máxima seguridad de por vida. La oferta real es un trato. Y ese trato tiene un nombre incómodo: impunidad a cambio de utilidad política.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha puesto precio a las cabezas de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, los hijos de "El Chapo" que heredaron y expandieron el imperio criminal de su padre. Diez millones de dólares por cada uno. La cifra suena a justicia contundente, a un Estado que no da tregua al narcotráfico. Pero quien conozca el manual no escrito de estas operaciones sabe que la recompensa rara vez busca un cadáver o una celda; busca una firma. La firma de un acuerdo de cooperación.
No se trata de capturar a “Los Chapitos” para sentenciarlos a cadena perpetua. Se trata de capturarlos para convertirlos en activos de inteligencia. Se les ofrece exactamente lo que un criminal de ese calibre más desea: reducción de condena, protección federal, una nueva identidad, quizás hasta el patrimonio construido con sangre y cocaína, a cambio de que hablen. Que señalen. Que acusen a políticos, militares, policías, empresarios y a los líderes de organizaciones rivales.
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Es la vieja fórmula de la delación premiada llevada a su extremo más cínico: quien fue capaz de ordenar torturas, desapariciones y ejecuciones masivas puede, de la noche a la mañana, convertirse en la fuente privilegiada de la justicia estadounidense, siempre y cuando sus revelaciones sirvan a una narrativa políticamente conveniente. El criminal no deja de ser criminal; simplemente deja de ser útil como enemigo para convertirse en útil como informante.
Se podría invocar a Maquiavelo para justificar esta estrategia: el fin justifica los medios, y si desarticular una red de corrupción política requiere pactar con el diablo, que así sea. Es un argumento seductor cuando se piensa en términos de resultados inmediatos. Pero Maquiavelo escribía sobre la conservación del poder del príncipe, no sobre la construcción de un Estado de derecho legítimo y sostenible.
Y ahí está la falla estructural de esta estrategia: premiar a un criminal por delatar no es debilitar al crimen organizado, es domesticarlo. Es convertirlo en un instrumento del poder político de turno. No se busca la desaparición de estas estructuras criminales; se busca que sus cabezas, en lugar de operar de manera autónoma o alineada con otros intereses, (operen aunque sea temporalmente) alineadas con los intereses de la administración que gestiona el trato.
Resulta especialmente perturbador cuando se contrasta con la retórica oficial. Estados Unidos ha designado a estas organizaciones como terroristas internacionales, elevando la categoría de la amenaza a niveles de seguridad nacional equiparables al yihadismo. Es un discurso que justifica operaciones militares, sanciones extraterritoriales y una presión diplomática sin precedentes sobre México.
Pero un terrorista, por definición del propio discurso oficial, no debería tener jamás la posibilidad de convertirse en testigo protegido a cambio de información. Si de verdad se cree que estas organizaciones representan una amenaza existencial equiparable al terrorismo, entonces ofrecerles inmunidad parcial es una contradicción moral y estratégica de primer orden. No se negocia con terroristas... a menos que esos terroristas tengan algo que el poder político necesita: nombres, cuentas, rutas de dinero, contactos en las estructuras de poder que se quieren desmantelar por razones que no siempre coinciden con la justicia, sino con la conveniencia.
Aquí está el núcleo del problema: cuando el Departamento de Justicia negocia con “Los Chapitos”, no está intentando erradicar el crimen organizado. Está intentando redirigirlo. Está utilizando el aparato judicial no como un mecanismo de justicia imparcial, sino como una herramienta de geopolítica selectiva. Los testimonios que resulten de estos acuerdos no serán una fotografía objetiva de la corrupción y la violencia en México; serán una narrativa curada, diseñada para golpear a quienes convenga golpear, ya sean políticos mexicanos incómodos para Washington, carteles rivales que estorban a los intereses de Sinaloa, o figuras que sirven como chivos expiatorios útiles para validar la política exterior de una administración específica.
Esto no es debilitar al crimen organizado. Es utilizarlo como arma política, mientras se le regala a sus líderes la salida más codiciada: vivir, y vivir bien, después de décadas de sangre.
La objeción de fondo es simple pero demoledora: si el mensaje que se envía al mundo criminal es que basta con acumular suficiente poder e información valiosa para negociar impunidad, entonces se está incentivando exactamente el comportamiento que se dice combatir. Se premia la acumulación de poder criminal como capital de negociación. Se enseña a la próxima generación de aspirantes a capos que el objetivo no es evitar la cárcel escondiéndose, sino construir un imperio lo suficientemente grande como para que el Estado necesite negociar contigo en lugar de simplemente encarcelarte.
Es la paradoja perfecta: cuanto más daño hayas causado, cuanta más información tengas sobre las estructuras de corrupción que sostienen al crimen organizado, más valioso te vuelves como ficha de cambio. La impunidad no se otorga a pesar del daño causado; se otorga precisamente por la magnitud de ese daño y de la información que dicho daño generó.
¿Es esto justificable?
No, no lo es, si aceptamos que la justicia tiene un valor intrínseco más allá de su utilidad instrumental. La pregunta no debería ser si esta estrategia produce resultados políticos favorables a corto plazo (probablemente los produzca), sino si erosiona los cimientos mismos de lo que se supone debe defender: el imperio de la ley, la igualdad ante la justicia, y la idea de que ningún criminal, sin importar cuán poderoso o útil sea, debe estar por encima de las consecuencias de sus actos.
Cuando el fin que se persigue no es la desaparición del crimen organizado sino su realineación hacia los intereses políticos de una administración, ya no estamos hablando de una estrategia de seguridad. Estamos hablando de una forma sofisticada de complicidad institucional, vestida con el lenguaje de la justicia, pero operando bajo la lógica descarnada del poder.
El verdadero peligro no son solo “Los Chapitos”, es un sistema que ha aprendido que negociar con el monstruo es más rentable que destruirlo.