Hay momentos en la vida institucional de un país en que un documento, una recomendación, un oficio, un expediente adquiere una dimensión que trasciende su propia naturaleza administrativa para convertirse en un parteaguas histórico. La recomendación 208VG/2026 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el pasado 2 de julio es, sin exagerar, uno de esos momentos. Y lo es, precisamente, porque se atreve a decir lo que durante más de once años resultó políticamente incómodo: que no existen elementos probatorios que sustenten la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Conviene detenerse en el origen de este pronunciamiento. El 24 de junio de 2021, un grupo de padres y madres de los normalistas presentó una queja ante la CNDH señalando, entre otras autoridades, a la SEDENA como responsable de los hechos ocurridos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Ese recurso abrió un nuevo expediente de investigación por presuntas violaciones a derechos humanos. Lo que vino después fue una revisión exhaustiva, no superficial, no apresurada de todas las actuaciones ministeriales previas, incluyendo aquellas que durante años fueron interpretadas, según reconoce ahora la propia CNDH, "de manera sesgada y tendenciosa".
El resultado de ese ejercicio es contundente: la CNDH acreditó la existencia de violaciones graves a derechos humanos y emitió recomendaciones dirigidas a diversas dependencias federales y autoridades estatales y municipales de Guerrero. Pero excluyó expresamente a la SEDENA. Y no lo hizo por capricho, ni por presión política, ni por complicidad institucional, como intentarán argumentar quienes durante más de una década construyeron una narrativa que colocaba al Ejército mexicano en el centro de la tragedia. Lo hizo por un principio que debería ser innegociable en cualquier Estado de derecho: la ausencia de pruebas no puede sustituirse con sospechas, presunciones o construcciones simbólicas.
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Uno de los hallazgos más reveladores de esta recomendación es el señalamiento explícito de las inconsistencias y contradicciones que, durante años, caracterizaron las narrativas de organismos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), diversas organizaciones no gubernamentales y la propia Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ). No se trata de un asunto menor. Cuando la CNDH reconoce que estas narrativas "terminaron por entorpecer el acceso real a la verdad y a la justicia", está poniendo el dedo en una llaga que muchos preferían ignorar: la posibilidad de que, en el afán de encontrar un culpable institucional de alto perfil, se haya sacrificado el rigor probatorio en favor de un relato políticamente conveniente.
La recomendación es especialmente incisiva en un párrafo que merece leerse con detenimiento: el señalamiento que coloca al Ejército como responsable institucional "tiene una connotación simbólica y política" que permitió escalar las acusaciones desde el ámbito municipal donde los primeros indicios efectivamente apuntaban hasta llegar, sin pruebas claras, al entonces Presidente de la República como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Esta es una afirmación de enorme peso: sugiere que la narrativa anti-SEDENA no fue un hallazgo derivado de evidencia, sino una construcción que fue escalando por razones ajenas a la investigación estrictamente jurídica.
Otro elemento que la columna de opinión pública no puede pasar por alto es el contraste que documenta la propia CNDH entre las declaraciones de quienes en algún momento fueron señalados como responsables o testigos y que a lo largo de once años han modificado sus versiones o incurrido en contradicciones frente a la consistencia que ha mantenido el personal militar desde el inicio de las indagatorias. En cualquier ejercicio serio de investigación, la estabilidad y coherencia de un testimonio a lo largo del tiempo es un indicador relevante de veracidad. Que la propia Comisión lo reconozca no es un detalle menor: es una constatación de que la SEDENA no ha tenido nada que ocultar.
A esto se suma un dato que debería pesar en la conciencia pública: la apertura institucional de la SEDENA para entregar toda la documentación requerida por las instancias investigadoras. Los informes, bases de datos y elementos documentales aportados desde el inicio fueron, según reconoce la propia CNDH, suficientes, legítimos y oportunos. Si esto es así, entonces los reclamos persistentes contra la dependencia responden más a un sesgo político de ciertos organismos internacionales y colectivos, que a una carencia real de pruebas en el expediente.
El apartado IV de la recomendación es, quizás, el más relevante desde el punto de vista jurídico y político. Ahí, la CNDH concluye de manera puntual que no encontró elementos para determinar un plan de exterminio contra los estudiantes; que los elementos militares se ciñeron a la normativa y protocolos vigentes; que no participaron en la persecución de los autobuses ni en los hechos de violencia que derivaron en la desaparición y muerte de los normalistas; y que, si bien el personal militar tuvo conocimiento de los hechos por su presencia en el C-4, carecía de facultades legales para intervenir, pues la situación ya estaba siendo atendida por la autoridad civil competente.
Esta última precisión es fundamental para entender el marco legal que enmarca la actuación castrense: en 2014, el Ejército no tenía atribuciones de seguridad pública. Intervenir directamente en las acciones que la policía municipal de Iguala desplegaba contra los estudiantes habría representado, en sí mismo, una violación a la competencia de las corporaciones civiles responsables. Es decir, la inacción militar no fue negligencia ni complicidad: fue apego estricto al marco normativo que regía y regía correctamente la división de responsabilidades entre las fuerzas armadas y las policías estatales y municipales.
Es previsible que esta recomendación enfrente un escrutinio severo, particularmente de aquellos sectores que durante más de una década construyeron su discurso público y sus carreras políticas en torno a la culpabilidad del Ejército. Es comprensible el dolor de las familias que durante once años han buscado respuestas, y ese dolor merece todo el respeto y toda la solidaridad posible. Pero la búsqueda legítima de justicia no puede construirse sobre señalamientos sin sustento probatorio, por más que resulten simbólicamente poderosos o políticamente rentables.
La exclusión de la SEDENA en esta recomendación no es un favor, ni una protección política, ni una claudicación ante el poder militar. Es, como bien lo define el propio documento, un acto de justicia institucional basado en la verdad jurídica. Y en un país que necesita urgentemente instituciones que actúen con base en evidencia y no en presión mediática, este pronunciamiento de la CNDH, el primero que analiza a profundidad cómo se construyeron las distintas versiones del caso, representa un paso importante hacia la recuperación de la confianza en las instituciones que, como el Ejército mexicano, han sido históricamente pilares de estabilidad, soberanía y legalidad para el Estado mexicano.
La verdad, por incómoda que resulte para algunos relatos y figuras públicas, sigue siendo el único camino hacia la justicia real.