Estrenada el 9 de noviembre de 1950, la película “Los olvidados”, de Luis Buñuel, permaneció apenas tres días en la cartelera del desaparecido Cine México, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México. La escena que más escandalizó a la sociedad mexicana fue aquella en la que El Jaibo (interpretado por Roberto Cobo), un adolescente de los barrios marginados, asesina a un mendigo golpeándole repetidamente la cabeza con una piedra.
En aquella época resultaba impensable que un menor protagonizara un homicidio con tal violencia. Mientras el gobierno de Miguel Alemán exaltaba a una juventud llamada a construir el México moderno y a cosechar los frutos del “Milagro mexicano”, Buñuel presentó en la pantalla el reverso de ese discurso oficial: un grupo de adolescentes atrapados por la pobreza, el abandono y la desintegración familiar.
Como el propio Buñuel reconocería en una entrevista periodística, “Los olvidados” apenas reflejaba la crudeza de la realidad. Para documentar la película, él y su colaborador Luis Alcoriza consultaron los archivos del Tribunal para Menores, el Departamento de Prevención Social y la Clínica de la Conducta, además de recorrer los barrios más pobres de la Ciudad de México.
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La película, galardonada en 1951 en el Festival de Cannes, contribuyó a abrir un debate público sobre la delincuencia juvenil, la pobreza y el fracaso de las instituciones encargadas de proteger a la infancia. Entre los primeros estudios académicos sobre menores infractores destacó la investigación sociológica realizada en 1959 por Leticia Ruiz de Chávez.
Años después, en 1974, el gobierno federal expidió la Ley que creó los Consejos Tutelares para Menores Infractores. Con base en las estadísticas generadas por esa institución, Ruiz de Chávez publicó en 1979 “Marginalidad y conducta antisocial de menores”, donde describió la situación familiar y personal de los menores infractores en el contexto de la migración rural–urbana y de expansión de las barriadas o cinturones de miseria del entonces Distrito Federal.
Setenta y cinco años después del estreno de la polémica película de Buñuel, el México de “Los olvidados” no ha desaparecido. Por el contrario, la pobreza, la desigualdad social y, sobre todo, la desintegración familiar -factores que durante décadas criminólogos y especialistas han señalado como detonantes de la delincuencia juvenil– no solo persisten, sino que se han agravado en numerosas regiones del país.
En ese contexto, las figuras de los pequeños ladrones que retrató Buñuel han dado paso, en muchos casos, a adolescentes reclutados por el crimen organizado para vender droga, vigilar territorios, extorsionar o incluso ejecutar homicidios.
La dimensión de este fenómeno quedó al descubierto en 2010, con la detención de Édgar Jiménez Lugo, “El Ponchis”, de apenas 14 años, acusado de participar en varios homicidios para el Cártel del Pacífico Sur. Su caso conmocionó a la opinión pública porque mostró hasta qué punto las organizaciones criminales habían comenzado a incorporar menores de edad como sicarios.
Desde entonces, las autoridades han documentado la creciente incorporación de adolescentes a las células del crimen organizado. Las investigaciones sobre centros clandestinos de adiestramiento descubiertos en Jalisco durante 2025 reforzaron la evidencia de que el reclutamiento de menores se ha convertido en una práctica sistemática de algunas organizaciones criminales.
Esta nueva realidad también queda reflejada en las estadísticas del INEGI. Al cierre de 2024 había 4 mil 95 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción. Casi dos de cada tres (64.3%) cumplían una medida en libertad, mientras que poco más de uno de cada tres ( 35.7%) estaba sujeto a una medida que implicaba algún tipo de internamiento.
Durante ese mismo año ingresaron mil 562 adolescentes a los centros estatales de internamiento; nueve de cada diez eran hombres. Después de varios años en los que los ingresos habían disminuido, en 2024 la tendencia cambió y aumentaron 3.6% respecto al año anterior.
Las cifras también muestran un cambio en el tipo de delitos. Entre 2017 y 2023, el robo fue la principal causa de ingreso a los centros de internamiento. En 2024, en cambio, el narcomenudeo y el homicidio pasaron a ocupar los primeros lugares, junto con el robo.
En otras palabras, los delitos patrimoniales dejaron de ser predominantes y fueron desplazados por conductas cada vez más ligadas a la violencia y a las actividades del crimen organizado.
La creciente violencia protagonizada por menores de edad también se ha manifestado en las escuelas. En 2017, un estudiante de 15 años abrió fuego contra su maestra y varios compañeros en un colegio de Monterrey, en el primer tiroteo escolar de gran repercusión nacional. Tres años después, un niño de 11 años asesinó a una maestra e hirió a seis personas en un plantel de Torreón antes de quitarse la vida. Más recientemente, el 24 de marzo de 2026, un adolescente de 15 años mató a dos profesoras de una preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Ante este panorama, el debate sobre el aumento de las penas para adolescentes se ha centrado en el artículo 18 de la Constitución, vigente desde marzo de 2006, que creó el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Aunque este modelo fue armonizado con la reforma penal de 2008 y se consolidó con la Ley Nacional de 2015, conservó sus principios esenciales: privilegiar la reinserción social y reservar el internamiento como una medida excepcional.
Mientras legisladores de distintos partidos impulsan reformas al artículo 18 constitucional para endurecer las sanciones contra adolescentes de 16 y 17 años que cometen delitos de alto impacto, juristas y especialistas sostienen que el verdadero problema no radica en ese modelo de justicia, sino en el creciente reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.
Como respuesta a ese fenómeno, en 2024 el Congreso reformó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, fortaleciendo las sanciones contra quienes utilicen niñas, niños y adolescentes en actividades ilícitas. Sin embargo, la reforma no tipificó el reclutamiento de menores como un delito autónomo. Desde 2011 se han presentado diversas iniciativas para incorporarlo al Código Penal Federal, pero muchas han permanecido congeladas durante años, dejando sin resolver uno de los principales vacíos de la legislación penal mexicana.