Hay decisiones de gobierno que, vistas con la distancia suficiente, revelan una paradoja. La reciente entrega a Estados Unidos del piloto presuntamente relacionado con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada constituye una de ellas.
La Fiscalía General de la República sostuvo, mediante un comunicado, que al momento de realizar la entrega las autoridades mexicanas desconocían la participación del piloto en el traslado del líder del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, declaraciones previas del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana parece apuntar en sentido distinto: que las autoridades ya contaban con información sobre ese vínculo.
Más allá de cuál de las dos versiones sea la correcta, el episodio plantea una pregunta institucional de enorme importancia: ¿cuáles pueden ser las consecuencias de que el Estado mexicano recurra a procedimientos extraordinarios, justificados en razones de seguridad nacional, para entregar personas a otro país cuando existe un procedimiento ordinario de extradición diseñado precisamente para esos casos?
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La respuesta importa porque el procedimiento elegido determina también la calidad de la decisión.
En los últimos años se ha normalizado la idea de que la seguridad nacional exige respuestas inmediatas. La rapidez suele presentarse como una virtud en sí misma. Bajo esa lógica, la Ley de Seguridad Nacional puede convertirse en un vehículo para adoptar decisiones excepcionales, con amplios márgenes de discrecionalidad administrativa y que eluden los controles judiciales.
El problema es que la rapidez de la excepcionalidad no siempre produce mejores decisiones.
Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, distinguía entre dos formas de pensar. Una es rápida, intuitiva e inmediata; la otra es lenta, deliberativa y analítica. Ninguna es, por definición, buena o mala. Existen circunstancias en las que la rapidez es indispensable. Pero también existen decisiones que precisamente por su trascendencia requieren el tiempo suficiente para valorar todas sus consecuencias.
La extradición pertenece a esta segunda categoría.
No se trata únicamente de un procedimiento respetuoso del debido proceso y de los derechos humanos. También constituye un mecanismo institucional que obliga al Estado a examinar con mayor cuidado los intereses en juego, valorar la información disponible y ponderar las consecuencias jurídicas y estratégicas de entregar a una persona a otro Estado.
Paradójicamente, el procedimiento aparentemente más lento puede producir decisiones más inteligentes.
Si, como hoy se discute públicamente, el piloto efectivamente poseía información relevante sobre la forma en que ocurrió el traslado del Mayo Zambada, su entrega inmediata pudo significar que México renunciara a una fuente potencialmente valiosa para esclarecer hechos de enorme relevancia para sus propias instituciones de seguridad y justicia.
La paradoja es evidente: una decisión adoptada invocando la seguridad nacional pudo terminar reduciendo la capacidad del propio Estado mexicano para proteger esa misma seguridad nacional. Perdió la oportunidad de obtener información sobre la posible injerencia extranjera (y de paso evitarse el ridículo institucional).
Es, en cierto sentido, la seguridad nacional actuando contra sí misma.
El Estado de derecho no es un lujo que pueda suspenderse cuando los problemas son complejos. Con frecuencia es justamente al revés: mientras más delicada es una decisión, más importante resulta que esté sometida a procedimientos que obliguen a reflexionar antes de actuar.
Los procedimientos tienen como otra cara del debido proceso una tecnología de la decisión pública: decisiones más informadas y reflexivas.
Las instituciones existen para introducir pausas racionales donde la presión política exige respuestas inmediatas. Recurrir a la seguridad nacional como justificación para entregar a personas ha sido una válvula para aliviar la presión a costa de la afectación de derechos y, algo no deseado, ir en contra del propio interés del gobierno.
Kahneman enseñó que pensar despacio suele ser la mejor defensa frente a los errores derivados de la intuición apresurada. Tal vez esa idea también deba aplicarse a la seguridad nacional. Porque cuando el Estado decide demasiado rápido, puede descubrir, demasiado tarde, que sacrificó precisamente aquello que pretendía proteger.