¿Y si el dinero que se cobra por contaminar sirviera también para proteger a las comunidades y ecosistemas ante el cambio climático? Esa es una de las oportunidades que hoy tiene México mientras avanza en la estructuración e implementación de su sistema de comercio de emisiones (SCE), una herramienta que no solo permitirá cubrir a las mayores fuentes contaminantes del país, sino también aprovechar las lecciones internacionales en la materia para atender urgencias sociales y climáticas. A medida que se agravan los daños y los riesgos asociados al cambio climático, y se requiere aumentar los recursos disponibles para la adaptación, los gobiernos cuentan con alternativas de política pública como los SCE, en los cuales las empresas contaminantes pueden comprar y vender permisos de emisión mientras cumplen metas cada vez más estrictas de reducción de emisiones, y el gobierno obtiene ingresos por la venta de dichos permisos. Los SCE han logrado disminuciones de emisiones al menor costo posible, y tienen potencial de brindar beneficios sociales y ambientales adicionales si los ingresos generados se destinan para tales propósitos.
A pesar de estos beneficios potenciales, los SCE han sido poco usados para apoyar la adaptación al cambio climático. Hay un limitado número de experiencias, como la Unión Europea (UE), California y Quebec, cuyos gastos en adaptación (0,37 %, 8,6 % y 4,4 %, respectivamente para 2023) han sido modestos si se comparan a lo que gastan en mitigación, aunque crecientes en el tiempo.
Estos ingresos han servido, por ejemplo, para financiar acciones como planes nacionales y cooperación internacional para la adaptación en la Unión Europea, planes de proyección costera y contra olas de calor en comunidades prioritarias en California, o proyectos urbanos, de investigación y apoyo a comunidades indígenas en Quebec.
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Dichas experiencias han demostrado algunas condiciones que facilitan la canalización de los ingresos del SCE hacia la adaptación, las cuales se concentran en:
- Un diseño maduro del sistema, que disponga de porcentajes sustanciales basados en venta (subastas) y señales de precios estables y suficientes para la generación de ingresos.
- Un mandato regulatorio claro, en el que 100% de los ingresos de las subastas se destine a fines climáticos.
- Una gobernanza robusta, con instituciones y fondos especializados para la ejecución del gasto, así como mecanismos transparentes de seguimiento.
Al cumplir estas condiciones, los ingresos generados por los SCE permiten financiar la adaptación mediante programas y proyectos que atienden riesgos y comunidades específicas en el territorio, y además impulsan otros beneficios. Entre estas ganancias se encuentra un efecto multiplicador de la inversión, es decir ingresos invertidos en instrumentos para catalizar financiación adicional (como garantías, seguros, financiación basada en resultados, entre otros). Una ventaja más es el apoyo subsidiario para contribuir a las acciones locales, por ejemplo, mediante el soporte y el empoderamiento de las autoridades y comunidades, las poblaciones indígenas y en situación de vulnerabilidad.
Esto puede fomentar carteras de proyectos de adaptación diversificadas y flexibles, que fortalezcan las capacidades locales. Justamente, algunas palancas clave para impulsar mayores inversiones de los SCE en adaptación en los territorios son fortalecer los mecanismos legales y de gobernanza para la asignación de recursos para adaptación, elevar la prioridad política de estas inversiones y desarrollar mejores indicadores que permitan medir los resultados en la reducción de los riesgos climáticos.
La pregunta que deberíamos hacernos en México, justo cuando estamos diseñando nuestro propio sistema, es si podemos aprender de experiencias y aprovechar la ventana de tiempo que aún tenemos para adaptarnos.
Más información disponible en:
https://gggi.org/finance-facilities/ctf/
Nota de la editora: Pilar Salazar es Oficial de acción climática en GGGI en México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
* María del Pilar Salazar Vargas
Oficial Sénior de Acción Climática en el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI) en México. Es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), maestra en Gestión Integral Ambiental por El Colegio de la Frontera Norte y candidata a doctora en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM. Cuenta con más de una década de experiencia en economía ambiental, adaptación al cambio climático, financiamiento climático y políticas públicas para el desarrollo sostenible. Actualmente coordina la elaboración de la primera Política Nacional de Adaptación de México financiada por el Fondo Verde para el Clima (GCF) y, previamente, ocupó cargos directivos en el INECC, donde lideró proyectos de economía del cambio climático, mercados de carbono, servicios ecosistémicos y adaptación, además de colaborar con organismos internacionales como ICAP, UNICEF, GIZ y la Fundación Alexander von Humboldt.