Julio de 2026, tercera semana de verano, Europa ya contabiliza más de 10 mil muertes adicionales atribuibles a las olas de calor que comenzaron aún en primavera. En España, 67 mil hectáreas quemadas desde enero, el doble que en el mismo periodo de 2025, muchas en Cataluña, donde se ha vivido incendio tras incendio: Les Gavarres, en Girona, con 2,200 hectáreas arrasadas; Sentmenat, en el Vallés Occidental, con confinamientos de siete núcleos de población; Anoia, con más de 33 mil personas confinadas en sus casas; y al sur, en Almería, un incendio dejó al menos 12 muertos y una decena de desaparecidos. Ninguna de estas cifras es una proyección a futuro, ni modelos fatalistas de la agenda “woke”, son el balance de lo que ya está ocurriendo.
El grupo de investigación World Weather Attribution, que analiza en tiempo casi real la huella del cambio climático en eventos meteorológicos extremos, concluyó que la ola de calor de finales de junio habría sido prácticamente imposible sin el calentamiento provocado por la quema de combustibles fósiles. La comparación que ofrecen es útil para entender la magnitud del cambio: de temperaturas diurnas como las registradas este año eran, en 2003, diez veces menos probables que hoy y las temperaturas nocturnas cien veces menos probables hace veinte años. Las noches que no bajan de temperatura son, literalmente, mortales. De acuerdo a estudios fácilmente disponibles, el cuerpo humano necesita el descenso térmico nocturno para recuperarse; cuando no ocurre, el estrés cardiovascular se acumula día tras día.
El patrón que explica la temporada de incendios en España es también rastreable, de acuerdo a los expertos. Un invierno con precipitaciones muy por encima de lo normal permitió un crecimiento intenso de vegetación, seguido de una primavera entre las más cálidas desde que hay registro, el resultado son kilómetros de campo y bosque sobrecrecido y seco. Cuando llegaron las olas de calor, con temperaturas de más de tres grados por encima de la media histórica, los montes se convirtieron en combustible cumpliendo una fórmula que repiten todos los telediarios: 30-30-30, temperaturas arriba de 30 grados, humedad relativa debajo de 30% y viento sobre 30 kilómetros por hora, unas condiciones bajo las cuales el fuego se propaga a velocidades que los dispositivos de extinción difícilmente alcanzan a contener.
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Hasta hace poco, estas crisis entraban a nuestras vidas como algo que seguíamos desde las noticias, una serie de eventos que ocurren en otro lugar, pero que se van acercando hasta que llegan a nosotros. Durante años, el cambio climático fue un tema de proyecciones a 2050 o 2100, de modelos y escenarios que podíamos ignorar porque parecía no tener nada que ver con nosotros. Este verano, por primera vez recibimos un aviso del ayuntamiento pidiendo quedarnos en casa por alerta roja de temperatura y riesgo de incendio, y hemos visto las columnas de humo desde nuestras ventanas.
Durante las tres olas de calor que han asolado Europa los últimos dos meses, alrededor de dos tercios de la población en el continente, unos 410 millones de personas, experimentó al menos una vez temperaturas por encima de los 35 grados, en ciudades planificadas para mantener el calor, no para resistirlo.
Lo que sí varía, y de manera determinante, es quién puede protegerse y quién no. El acceso desigual a la refrigeración, a viviendas capaces de retener el fresco, a sistemas de salud que puedan absorber picos de demanda, define quién sobrevive una ola de calor y quién no. La desigualdad no se limita a la vivienda ni al sistema hospitalario. En Cataluña, la plataforma Aules que Cremen, que monitorea la temperatura en tiempo real de cientos de centros educativos públicos, registró este año aulas con más de 41 grados durante horario lectivo. La normativa laboral catalana fija entre 17 y 27 grados como rango aceptable para actividades sedentarias; en un solo día de junio, la plataforma documentó que 614 de las 628 aulas que monitoreaba superaban los 30 grados. Un informe de la Fundació Equitat citado por la propia plataforma advierte que 1,220 de los 2,500 edificios escolares catalanes, desde guarderías hasta secundarias, no han sido reformados con criterios de adaptación climática, y proyecta hasta 65 días lectivos por encima de los 27 grados a partir de 2030 si no cambia la infraestructura actual.
El caso de las escuelas expone, además, un límite del que se habla poco: la respuesta a estas temperaturas no puede reducirse a instalar aire acondicionado. Muchos de esos edificios, construidos décadas atrás, carecen del aislamiento y la instalación eléctrica necesarios para climatizarse sin someter la red a una demanda que, en los picos de calor, ya provoca cortes. Ventiladores que se van rompiendo sin reponerse, toldos que se piden desde hace años en los patios, persianas que apenas filtran el calor: son las soluciones intermedias con las que conviven cientos de centros mientras la climatización de fondo, el aislamiento térmico, la reforma estructural del parque de edificios públicos, sigue sin llegar.
Atribuir la temporada de incendios y las muertes por calor únicamente al clima simplifica un problema que también es de política pública.
Hay una tentación, al escribir sobre estos episodios, de cerrarlos con una llamada a la acción o una frase que sugiera que todavía hay tiempo. Pero los datos disponibles y lo que estamos viviendo no sostienen ese optimismo.
Lo que estamos viendo es un desplazamiento de la crisis climática como escenario futuro a la crisis climática como presente, con nombres, con cifras de mortalidad concretas y con comunidades que ya negocian, aquí y ahora, cuánto de su vida cotidiana están dispuestas a ceder para adaptarse a un verano en el que ya no podemos vivir.