Hagamos de cuenta que la Tierra es un gran restaurante. Cada día nos sentamos a la mesa y nos servimos con generosidad de un menú que parece inagotable: agua, bosques, minerales, biodiversidad y un clima estable que durante siglos dimos por sentado. Consumimos como si el buffet nunca fuera a terminar, convencidos de que alguien más pagará la cuenta o, peor aún, como si nunca fuera a llegar. Pero toda buena comilona tiene su final. Y, en el caso del cambio climático, la factura crece con cada día que decidimos esperar.
El tiempo se está convirtiendo en el recurso más caro de la lucha contra el cambio climático. La pregunta ya no es si tendremos que pagar nosotros o alguien más, sino cuánto costará seguir aplazando la cuenta año tras año. La respuesta es tan simple y tan compleja a la vez: la inacción cuesta vidas, ecosistemas, infraestructura pública y, por ende, muchísimo dinero.
Han pasado poco más de diez años desde que el mundo acordó que combatir el cambio climático era una prioridad y responsabilidad compartida. Con la adopción de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, los países asumieron el compromiso de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 °C y, como máximo, mantenerlo por debajo de los 2 °C. Sin embargo, cumplir ese objetivo ha representado un reto que ya no depende solo de la voluntad política de los gobiernos, sino de movilizar suficientes recursos financieros para lograrlo.
Te podría interesar
Hay datos de Climate Policy Iniciative (CPI) que indican que es necesario invertir entre 5.4 y 11.7 billones de dólares (trillions en inglés) de forma anual hasta el 2030 para lograr esta meta. Si no se invierte esa cantidad, después del 2030 la cifra aumentará de entre los 9.3 hasta los 12.2 billones de dólares hasta el 2050. Y eso, si se tuvieran los recursos económicos disponibles. La realidad es que hoy el dinero que se destina contra el cambio climático es insuficiente para financiar la transformación que el planeta necesita. Tan sólo en 2023, la OCDE estimó que los países en desarrollo enfrentan una brecha cercana a los 3.9 billones de dólares para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Y con todo esto estamos llegando a un punto crucial de análisis: el costo de no hacer nada. Cifras del CPI informan que la inacción climática podría generar pérdidas acumuladas de 1,266 billones de dólares, que afectarían económicamente y en impactos sociales y ambientales.
En México enfrentamos el mismo desafío: movilizar recursos suficientes para transformar el modelo económico hacia uno bajo en carbono y más resiliente.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público lanzó en 2023 la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, en donde se estimó que el país requiere alrededor de 1.7 billones de pesos anuales, equivalentes al 5.4 % del PIB, para cubrir las necesidades de financiamiento sostenible y avanzar hacia una economía resiliente y baja en carbono.
No sólo es conseguir más dinero, se necesita decidir hacia dónde se dirige el capital, qué proyectos reciben apoyo y qué tipo de desarrollo se quiere edificar en el país. Es una decisión de corto, mediano y largo plazo.
Y entonces ¿quién está pagando la factura? Muy sencillo: la cuenta climática ya la estamos pagando. La diferencia es que todavía podemos decidir si seguiremos destinando recursos para reparar los daños de la inacción o si preferimos invertirlos en prevenirlos. Dejar que la cuenta permanezca sobre la mesa no hace que desaparezca, sólo hace que los intereses sigan acumulándose (y habrá que lavar los platos sucios después).
Fuentes:
Climate Policy Initiative: The cost of inaction, 2024: https://www.climatepolicyinitiative.org/the-cost-of-inaction/
Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible (2023): https://www.finanzassostenibles.hacienda.gob.mx/work/models/finanzassostenibles/recursos/documentos/estrategia/EMFS_Septiembre_2024.pdf
Nota de la editora: Marianna Lara es Gerente del Programa de GGGI en México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
Marianna Lara
Gerente del Programa de GGGI en México. Es licenciada en Relaciones Internacionales y cuenta con una maestría en Asuntos Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, así como una maestría en Política Comparada por la London School of Economics and Political Science. En GGGI ha liderado iniciativas de finanzas sostenibles y la implementación de proyectos financiados por organismos internacionales. Ha brindado asistencia técnica al Gobierno de México en el desarrollo de la Taxonomía Sostenible y la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, así como a banca de desarrollo y reguladores financieros en la integración y divulgación de criterios ASG y el diseño de instrumentos como bonos y marcos de financiamiento sostenible. Previamente, se desempeñó en el sector público financiero mexicano.