Un elemento fundamental de un sistema democrático saludable es que tenga elecciones libres, justas, equitativas, igualitarias y transparentes; componentes esenciales para que un proceso electoral cuente con una auténtica integridad electoral.
No obstante, la integridad en las democracias contemporáneas enfrenta desafíos importantes: la penetración de las redes sociales, la manipulación informativa, la desinformación incluso como estrategia en contra de nuestros principios democráticos, la inteligencia artificial, el financiamiento no reportado u oculto, las estrategias para la coacción del voto, la intervención de grupos de interés y la delincuencia organizada, entre otras. Todo ello ha llevado a las autoridades electorales a replantear sus mecanismos de vigilancia.
Para una instancia como el Instituto Nacional Electoral (INE), su credibilidad no consiste solamente en la conformación del padrón y los listados nominales de personas electoras con los más altos estándares exigidos; garantizar que todas las casillas se instalen y cuenten con todos los elementos para su operación: materiales electorales, boletas electorales, mamparas, urnas, entre las principales; que los votos se cuenten con mecanismos informáticos de transparencia, o que las sesiones de los órganos directivos de la autoridad electoral sean públicas. La integridad electoral supone hoy una serie de condiciones mucho más amplias que permitan a las y los ciudadanos ejercer con plenitud sus derechos políticos y electorales, equidad en la contienda, igualdad, legalidad y plena certeza.
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), y la Organización de los Estados Americanos (OEA), coinciden en que la integridad electoral es compatible con los estándares internacionales definidos para democracias plenas, los principios universales de gobernanza y los principios democráticos de cada nación.
Ahora bien, en nuestro país, las elecciones han dejado evidencia de que la integridad electoral enfrenta amenazas: uso de “bots”, violencia política contra las mujeres en razón de género, desinformación electoral, la generación de contenidos con inteligencia artificial, intromisión del crimen organizado, entre los más destacados.
En este contexto, el Legislativo convino en la necesidad de que el INE contara con una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, cuyo horizonte es la revisión previa de las personas candidatas para identificar riesgos razonables de vínculos con la delincuencia organizada.
No podemos negar que los objetivos que persigue la reforma a la legislación electoral son oportunos y lo ideal sería que esta nueva Comisión contara con atribuciones suficientes para lograr su cometido. Así, desde la perspectiva normativa establecida tanto en la Constitución como en la legislación electoral, su objetivo primordial sería garantizar condiciones de equidad, legalidad y autenticidad de las candidaturas postuladas en las elecciones y con ello, una serie de atribuciones entre las que señalo algunas que podrían considerarse: la capacidad de detectar riesgos a la integridad electoral; la generación protocolos de actuación frente a eventualidades como la desinformación, requerir la información necesaria a autoridades en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera para el cumplimiento de sus objetivos, coordinar mecanismos de colaboración con empresas y plataformas digitales, monitoreo de propaganda, y en especial la digital y de los contenidos manipulados o generados con inteligencia artificial.
Ahora bien, derivado de algunas lagunas de la propia legislación electoral, otras atribuciones que podría tener este nueva Comisión consistiría en establecer un mecanismo de alertas preventivas ante la identificación de personas candidatas posiblemente vinculadas a organizaciones delictivas, la conformación de mapas de riesgos electorales que sean la base para la planeación estratégica electoral conteniendo aspectos como incidencia de violencia política, conflictos sociales y, por supuesto, evidencia de la presencia de grupos delictivos o del crimen organizado que son responsabilidad de las autoridades en materia de seguridad pública no de la autoridad electoral; la emisión de criterios o lineamientos sobre integridad electoral, entre otros.
La Comisión podría ostentar facultades, por ejemplo, para emitir recomendaciones a partidos políticos, instituciones gubernamentales o actores políticos y sociales que sirvan como instrumentos de prevención y buenas prácticas.
La Comisión, asimismo, con la intención de conformar un acervo suficientemente amplio podría elaborar estudios e investigaciones que afecten la integridad electoral, así como proponer criterios para que los Organismos Públicos Locales Electorales coadyuven con el INE a garantizar la integridad electoral en las elecciones.
Por otra parte, esta Comisión podría estar facultada para practicar auditorías a los componentes fundamentales de la integridad electoral determinados por el INE, desarrollar sistemas con Inteligencia Artificial que permitan prevenir riesgos a los principios democráticos, así como la emisión de informes que se presenten en el seno del Consejo General como un acto de transparencia y rendición de cuentas de la propia Comisión.
Seguramente, ante el alcance de algunas atribuciones aquí propuestas, algunas personas especialistas podrán señalar que el INE excedería sus facultades, pero la propia Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han reconocido la facultad reglamentaria del INE que deriva de su autonomía constitucional y de su papel como autoridad que garantiza elecciones libres, igualitarias, auténticas, transparentes, seguras y democráticas y, por otra parte, la propia reforma señala que el INE contará para las funciones de esta Comisión con los análisis de riesgos que realicen diversas autoridades en el marco de su competencia y con la metodología que cada una apruebe para llevar a cabo esta nueva encomienda.
En su oportunidad veremos qué determina el Consejo General del INE, aquí me atrevo a presentar una propuesta con el único objetivo de que las elecciones de 2027, de entrada, tengan los elementos suficientes de integridad electoral; condición indispensable para que la ciudadanía tenga confianza en sus instituciones y en las elecciones.