Los sistemas democráticos han enfrentado diversos desafíos que van desde la desconfianza ciudadana en instituciones claves; la polarización de la sociedad; la erosión de contrapesos del poder público; la desigualdad; la inseguridad y, en épocas recientes, la proliferación de desinformación, es decir, la propagación masiva de información falsa, engañosa o bien, sacada de contexto.
En ocasiones esta práctica está bien estructurada y planeada con la intención de manipular a la opinión pública, generarle confusión o incluso desacreditar a una persona o un actor social o político.
Este fenómeno es ya patente en los procesos electorales que se llevan a cabo en nuestro país, lo que provoca un riesgo mayúsculo que puede debilitar nuestra propia democracia. Me explico.
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Las elecciones en nuestro país deben desarrollarse siempre bajo condiciones de libertad en las que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas. Sin embargo, cuando la información verídica es sustituida por rumores, contenidos incluso deliberadamente falsos o teorías conspirativas, afecta la calidad de la información al alcance de la ciudadanía lo que puede provocar que las y los electores puedan emitir un voto no razonado conforme a hechos reales, sino bajo suposiciones, mentiras o engaños. El voto, entonces deja de ejercerse en condiciones de libertad afectando, entre otros aspectos, la labor de las autoridades electorales, la libre y sana competencia electoral, el libre ejercicio del periodismo y genera que un sistema electoral democrático se debilite.
De igual forma, la desinformación erosiona la confianza de la ciudadanía que puede repercutir, por ejemplo, en inhibir la participación de la ciudadanía en los procesos electorales.
Frente a esto, desde hace ya algunos años, organismos internacionales han advertido que la desinformación es hoy una de las principales amenazas para las democracias. El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral ha puntualizado que las campañas de manipulación informativa minan a las autoridades electorales, provocan polarización, generan incertidumbre e incluso, pueden provocar la percepción de que las elecciones son fraudulentas.
El politólogo Kurt Weyland ya señalaba que la desinformación es un terreno fértil para el debilitamiento de las instituciones democráticas y la legitimidad que debe tener todo sistema democrático.
Aspectos novedosos de desinformación que se presentan en elecciones resultan en imágenes, videos y entornos falsos posicionados en redes sociales, construidos muchos de ellos con la ayuda de la Inteligencia Artificial.
Consecuentemente, las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales están frente a un enorme desafío, máxime ante la proximidad de una elección tan compleja como la que se vislumbra en 2027.
En este contexto, ¿qué pueden hacer las autoridades electorales para fortalecer nuestra democracia?
En algunas latitudes son instalados centros de observación que identifican propagación de noticias falsas, imágenes manipuladas, campañas de desprestigio, entre las principales, alertando a las autoridades respectivas y avisando a la población sobre información inexacta. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha hecho permanente, a partir de marzo de este año, el programa “Certeza”, justamente con el objetivo de combatir la información falsa y la desinformación.
La edificación de convenios con plataformas digitales sería conveniente para establecer protocolos de actuación ante la desinformación. El INE los ha suscrito ya con diversas plataformas para los procesos electorales.
La generación de portales de verificación oficial ayudaría a autoridades y a la población a verificar datos y contrastar información.
La generación de campañas para concientizar a la población siempre será un ingrediente recomendable en la construcción de ciudadanía. La educación digital de las y los ciudadanos cobra gran relevancia en entornos en donde cada vez más la información se busca en plataformas digitales.
Finalmente, sería conveniente que las autoridades electorales establecieran marcos normativos para determinar sanciones que eviten la desinformación, y por otra parte, debe pensarse en la imposición de sanciones frente a la desinformación o la difusión de noticias falsas con el fin de inhibir estas prácticas nocivas.
Lo más importante en las elecciones es proteger la integridad electoral para que los procesos electorales se desarrollen con libertad, seguridad y bajo esquemas de autenticidad, certeza y transparencia.
