El 3 de julio de 1955, por primera vez en la historia de México, las mujeres mexicanas acudieron a las urnas a votar en las elecciones federales. Este hecho fue el resultado de la lucha que, por décadas, emprendieron –entre otros– por el reconocimiento del derecho de todas las mujeres a participar en la vida política del país y que se vio materializado, primero, con la reforma al artículo 34 constitucional promulgada el 17 de octubre de 1953, que reconoció la ciudadanía de las mujeres mexicanas y, con esto, su derecho a votar y ser votadas en cargos federales, y casi dos años después, con su participación en las elecciones federales y en la que fue electa la primera diputada federal que ocuparía una curul en el Congreso de la Unión del país.
A partir de ese momento, la presencia de las mujeres en la política mexicana se hizo más patente; en 1964 fueron electas las primeras dos senadoras: en 1979 fue electa en Colima la primera mujer gobernadora en el país y tres años más tarde, en 1982, por primera vez fue postulada una mujer como candidata a la Presidencia de la República.
Los avances para alcanzar el reconocimiento pleno del derecho de las mujeres a participar en las decisiones públicas del país, pese a los obstáculos, siguió avanzando y en 1996 la ley electoral estableció las primeras cuotas de género, mismas que más tarde, con la reforma de 2008, se fortalecerían para lograr una mayor participación de las mujeres en los espacios públicos, además de establecer por primera vez el gasto etiquetado del 2% del financiamiento público de los partidos, que debían destinar para promover el liderazgo político de las mujeres. Con la reforma electoral de 2014, dicho porcentaje se incrementó al 3% y se elevó a rango constitucional la paridad de género, como principio y regla constitucionales, exigiendo a los partidos políticos garantizar como piso mínimo la paridad en la postulación de sus candidaturas a las legislaturas federales y locales.
Te podría interesar
Para 2018, la integración de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión casi consiguió ser paritaria, con un 48.2% de mujeres y 51.8% de hombres en la Cámara de Diputadas y Diputados y 49.2% de mujeres y 50.8% de hombres en el Senado de la República, y en 2021, por primera vez en la historia, se alcanzó la paridad en el Congreso de la Unión -en su LXV Legislatura-, integrándose con el 50% de mujeres y 50% de hombres, en gran medida por una regla de ajuste que propuse en el seno del Consejo General, la cual no fue aprobada, pero que fue retomado por la Sala Superior el voto particular que presenté y que obligó al INE a garantizar la paridad en la integración de esa Cámara.
La reforma constitucional 2019 en materia de paridad (también conocida como paridad en todo), fue de gran trascendencia, al extender la exigencia de cumplir con este principio a todos los entes públicos, en todos los niveles de gobierno, incluyendo a los órganos autónomos y en sistemas normativos internos.
Para dar vigencia a dicha reforma, en particular en el ámbito estatal, y ante la ausencia de una ley que desarrollara la forma en que se cumpliría en la titularidad del Poder Ejecutivo de las entidades federativas -cargo históricamente ocupado en su abrumadora mayoría por hombres-, en 2020 el INE implementó acciones afirmativas para garantizar la postulación de mujeres candidatas en las entidades federativas donde se elegiría dicho cargo, medidas que el INE estableció nuevamente para los procesos electorales de 2021, 2022, 2023 y 2024 en los que se renovaron gubernaturas.
A partir de 2021, han sido electas 13 mujeres gobernadoras, lo que contrasta significativamente con las 9 mujeres que habían gobernado alguna entidad federativa desde 1979 y hasta antes de la reforma de paridad en todo.
El proceso electoral federal 2023-2024 también fue histórico al resultar electa la primera Presidenta de la República.
La reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género de 2020 también significó un avance importante para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos políticos y electorales, destacando las medidas implementadas por el INE, ese mismo año y ajustadas en 2023, para que los partidos políticos y coaliciones otorguen a sus candidatas acceso al financiamiento público y de la pauta en radio y televisión de forma igualitaria y, con esto, tengan posibilidades reales de competir y obtener el triunfo en las contiendas.
Sin duda, desde aquél 3 de julio de 1955, la brecha de género que impide a las mujeres ejercer de forma efectiva sus derechos políticos y electorales se ha reducido, pero, en este y todos los ámbitos, aún existe un largo camino por recorrer para lograr que las mujeres ejerzan todos sus derechos en condiciones de igualdad, sin discriminación y libres de todo tipo de violencia, e impregnar en la conciencia y las acciones de todas las personas, de todas las sociedades y de todos los gobiernos democráticos que la participación de las mujeres es imprescindible: sin mujeres no hay igualdad, y sin igualdad no hay democracia.