La idea era necesaria y buena. La decisión de acortar los tiempos de las campañas y las precampañas electorales —establecida en la reforma electoral de 2007-2008— se convirtió en ejemplo de que nuestra democracia se consolidaba. Poner freno a los gastos excesivos de los gobiernos, transparentar y fiscalizar con eficacia los recursos con los que operan los partidos y reducir la saturación comunicacional fueron algunos de sus beneficios.
El modelo establecido demostró que funcionaba. Tenía algunas fallas, es cierto. Pero se resolvían con el marco jurídico. Por eso, la mayoría de los procesos electorales que se han realizado desde entonces han resistido, en casi todos los casos, las pruebas de confianza, igualdad, participación libre y certeza, entre muchas otras.
Aún más. Nuestro país se convirtió en ejemplo a seguir de muchas naciones. La reducción del tiempo de duración de campañas y precampañas fue significativo. Las campañas presidenciales pasaron de 186 días a 90; las de diputados y senadores se redujeron a 60 días. Y las precampañas no podían exceder las dos terceras partes de la duración de una campaña: 60 días para una elección presidencial, y de 40 a 45 días en una elección intermedia, según la legislación aplicable.
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Sin embargo, muy pronto consideraron que el tiempo y los recursos aprobados para estos propósitos eran insuficientes. Y encontraron la manera de evadir los límites y restricciones. Bajo el esquema de procesos partidistas internos, crearon nuevos espacios para llamar la atención, subir niveles de posicionamiento y hacer propaganda.
Los cuestionamientos se hicieron de inmediato. Hubo denuncias ante las autoridades, en los medios y redes sociales. Muchas veces, las justificaciones fueron insuficientes. Negar que lo que estábamos viendo eran campañas, que costaban mucho dinero y que no existía siempre un origen claro de los gastos no impidieron que los experimentos siguieran adelante.
Para los acelerados, ciertamente las pre-precampañas (segunda fase de las precampañas) les aportaba ventajas. Más a quienes no habían alcanzado los niveles de posicionamiento para resultar con alta puntuación en una encuesta, instrumento que se convirtió en una de las razones para adelantarse a los tiempos oficiales. Si se gana la encuesta, las posibilidades de triunfo son mucho mayores, pero eso cuesta mucho más.
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Derivado de esta condición impuesta por el más alto liderazgo de Morena, surgió una paradoja: el método funcionaba muy bien para seguir ganando elecciones, pero también se creaba un problema de desigualdad, además de una gran dificultad legal y logística para vigilar y fiscalizar estos procesos. Ante la nueva situación, los partidos de oposición optaron por seguir rutas parecidas o alternas.
Y aunque parezca imposible, esta historia no terminó ahí. Con las condiciones de desigualdad que creó dicha disrupción, los partidos volvieron a estirar la liga. Primero bajo el disfraz de las llamadas “corcholatas” de Morena para la elección presidencial de 2024. Enseguida con los nombramientos de coordinadores regionales, hoy conocidos en Morena como de “defensa de la transformación y la soberanía nacional”.
Para no quedarse atrás, PRI y PAN replicaron el modelo. El PRI, desde hace algunos meses, con sus “defensores de México”. El PAN, con los “coordinadores de la Patria, la familia y la libertad”. Si bien la medida era necesaria para “emparejar” un poco el piso, de lo que no hay duda es que la batalla por tener más votantes será intensa y con todos los instrumentos de poder que tenga cada partido.
En síntesis: las pre-pre-precampañas ya iniciaron y nada se puede hacer para evitarlas. Uno de los argumentos principales que se han dado para justificar este proceso apunta que la autodeterminación de los partidos en su organización interna no afecta la normatividad electoral. Otro, que los órganos internos de los partidos acompañarán todos los procesos y se encargarán de vigilar que no se incumpla con las leyes y reglamentos electorales.
Sin embargo, la intensidad de la saturación comunicacional que tendremos se empezará a percibir con gran nitidez después del Mundial de Futbol. En Morena, por ejemplo, se registraron 277 aspirantes que participarán en el proceso de selección para elegir a sus mejores cuadros para la renovación de 17 gubernaturas. Lo mismo sucederá con los coordinadores municipales y los 300 de los distritos federales.
Por todo lo anterior, México será testigo —una vez más— de un fenómeno que sólo se explica por los grandes intereses poder, mas no por las causas que hoy interesan de manera prioritaria a la sociedad. Seguro hay muchas buenas intenciones y motivaciones detrás de lo que está sucediendo, pero el cumplimiento cabal de la normatividad aprobada por todas las fuerzas políticas es absolutamente indispensable para que la democracia funcione de la mejor manera posible.
Recomendación editorial: Felipe de la Mata Pizaña. Justicia electoral de los principios a la igualdad. Aportaciones de la magistratura electoral a favor de los derechos. México: Editorial Tirant Lo Blanch, 2024.