Hablar de desapariciones en México es reconocer una de las deudas más grandes del Estado mexicano. Más de 128 mil personas permanecen desaparecidas o no localizadas y más de 70 mil cuerpos continúan sin ser identificados bajo resguardo del gobierno federal, de acuerdo con el Informe sobre Desapariciones en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas cifras no solo reflejan la magnitud del problema, sino también las dificultades estructurales que persisten para garantizar una búsqueda efectiva, la identificación de las víctimas y el acceso a la justicia para sus familias.
El informe advierte que las desapariciones afectan a distintos sectores de la población, entre ellos niñas, niños, mujeres, personas migrantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. La desaparición de personas en México constituye una problemática estructural que continúa representando uno de los mayores desafíos para las instituciones del país.
Uno de los aspectos más preocupantes es que la desaparición de personas en México no puede entenderse únicamente como consecuencia de la violencia del crimen organizado. La información disponible evidencia que, en numerosos casos, también existe participación de autoridades estatales o incluso posibles vínculos de colaboración entre autoridades y grupos criminales. Así, el desafío no solo radica en combatir a las organizaciones delictivas, sino también en fortalecer las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar estos delitos.
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En este contexto, quiero referirme en esta ocasión a las desapariciones de periodistas, ya que representan uno de los rostros más alarmantes de la crisis.
De acuerdo con el informe, los casos registrados se concentran principalmente a partir de 2004 y organizaciones como Artículo 19 sostienen que, en muchos de ellos, la desaparición constituye una represalia por el ejercicio de la labor informativa, generando además un efecto de autocensura. La organización documentó que, entre 2003 y julio de 2024, desaparecieron 31 periodistas en relación con su labor informativa, de los cuales 28 eran hombres y tres mujeres; Tamaulipas, Michoacán y Veracruz concentran el mayor número de casos.
Cuando informar implica un riesgo para la vida y el silencio se convierte en un mecanismo de supervivencia, no solo se vulnera la libertad de prensa, sino también el derecho de la sociedad a estar informada y a exigir la rendición de cuentas.
Los datos son contundentes: México Evalúa estimó que en 2023 el índice de impunidad penal en México fue de 93.6%, siendo la desaparición forzada el delito con mayor nivel de impunidad al alcanzar el 99.5%. La ausencia de consecuencias para los responsables envía un mensaje devastador: desaparecer personas sigue siendo un delito que, casi siempre, queda sin castigo.
Aunque el gobierno mexicano ha formalizado la creación de fiscalías especializadas y algunas sentencias condenatorias por desaparición forzada, los propios datos reflejan que los avances siguen siendo insuficientes frente a la dimensión del problema. La existencia de instituciones especializadas pierde eficacia mientras la impunidad siga imponiéndose sobre la justicia.
La crisis de desapariciones en México no sólo ha arrebatado miles de vidas y ha obligado a las familias a convertirse en buscadoras; también ha alcanzado a quienes tienen la tarea de documentar esa realidad. Cuando un periodista desaparece por ejercer su labor, no solo se intenta silenciar una voz, sino limitar el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad. La impunidad que rodea estos casos alimenta un círculo en el que desaparecer personas deja de ser un hecho excepcional para convertirse en una posibilidad constante. Romper ese ciclo exige mucho más que discursos, implica garantizar verdad, justicia y el derecho de todas las personas a vivir sin que buscar, denunciar o informar se convierta en una sentencia.