Para entender la política a veces no se necesita un politólogo; se necesita un contador y, quizás, un psiquiatra. Máxime cuando se hace muy evidente la necesidad de inventar pasados gloriosos e institucionales a estructuras meramente clientelares y patrimonialistas.
Con ánimo de mostrar músculo al Centro, a “La Gallardía” en San Luis Potosí le dio por festejar a bandera ondeante el supuesto vigésimo aniversario de su emergencia como la exitosa estructura política transaccional que es.
En esta ocasión ondearon banderas verdes, pero eso puede cambiar. Ya antes ondearon amarillas y también hicieron crecer esa divisa a niveles que en San Luis no alcanzaba. Y cuando las banderas amarillas ya no fueron políticamente rentables, se llevaron la fuerza que las agitaba a otro color.
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Queda claro que “La Gallardía” no le rinde fiesta al partido cuya franquicia explota. El festejo fue para la maquinaria político-clientelar que conformó y acrecentó a fuerza de despensas, dádivas, favores y espectáculos gratuitos. Le deja, eso sí, mensaje a la dirigencia nacional de esa franquicia: la fuerza que hoy agita en San Luis banderas, globos y carteles verdes tiene propietario local. Por cualquier cosa, nada más.
“La Gallardía” conmemora un supuesto aniversario de gloria. Para hacer cuadrar su narrativa, tomaron como punto de referencia la elección de 2006, la derrota del padre, Ricardo Gallardo Juárez, en su primera participación electoral por la alcaldía del que luego sería su feudo, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Lo postulaba el PRD, en alianza con PT.
El hijo, Ricardo Gallardo Cardona, sucedió al padre con mayor impulso y sentido práctico. Para lo que siguió, simple pragmatismo y ejercicio impune de un poder que se reserva la apropiación de nada, se han inventado un pasado de redención popular.
La pseudología fantástica es ese trastorno donde el individuo relata historias complejas, falsas, para hermosear orígenes e impresionar a los incautos. La narrativa de "dos décadas de justicia social" es la fantasía que encubre una sistemática y documentada captura del presupuesto público.
El Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) compiló el "Expediente de la Gallardía", la radiografía más letal de esta red familiar. No es un ataque político, es aritmética pura sin réplica sólida hasta ahora.
La contabilidad en el historial del Frente Ciudadano Anticorrupción sumó un desvío estimado en $724,608,296.43 pesos. Una fortuna extraída paso a paso solo de las arcas municipales de Soledad y de San Luis Potosí.
El mecanismo nació el primer día de gobierno de Gallardo padre en Soledad. El 1 de octubre de 2009, Gallardo Juárez contrató directamente a Clínica Wong como servicio médico para el Ayuntamiento. La clínica alcanzó notoriedad, involucrada en un esquema para saquear al Ayuntamiento de Soledad en el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, documentado en el proceso que libró por acusaciones de lavado de dinero.
El hoy gobernador potosino salió de la cárcel porque se comprobó que sus operaciones por 200 millones de pesos no eran fondeadas por la delincuencia organizada, simplemente las sacó de las arcas municipales. Y como no se le denunció por malversación, volvió a la calle y a la política de nuevo.
La salud y el agua se convirtieron en herramientas de control. Bajo esta lógica operaron en el Ayuntamiento de San Luis Potosí el fantasmagórico entramado de la proveedora Sandra Sánchez Ruiz. A esta persona, ilocalizable cuando el caso salió a flote, se le pagaron más de 67 millones de pesos por medicamentos inexistentes, en el periodo de 09 de noviembre de 2015 al 30 de marzo de 2016. El descaro quedó registrado con la emisión de 30 facturas por $34 millones en solo 18 minutos.
En el domicilio de la farmacéutica de doña Sandra Sánchez, un local modesto con unos estantes y algunas cajas de medicamento que no daban ni para dispensario parroquial de pueblo. Ahí comenzó una réplica exacta que utilizó las necesidades primarias de la población como fachada perfecta para el saqueo financiero
La administración de Gallardo Juárez en la alcaldía de San Luis Potosí aplicaba un ocultamiento masivo. El FCA descubrió que la plataforma de transparencia estatal ocultó el destino de $5,907,567,794.69 pesos en 25 meses.
Es decir, la Gallardía escondía sistemáticamente de las listas públicas tres de cada cuatro pesos que gastaba el ayuntamiento. La nómina municipal de 2016 también sufrió alteraciones, con una discrepancia no justificada de $128.9 millones de pesos. Paralelamente, el Registro Público de la Propiedad evidenció un salto desproporcionado: de la granja avícola familiar a residencias en El Pedregal.
Para sostener el engaño, la Gallardía requería de dos herramientas indispensables: el control social y la impunidad judicial local. El control se logró inflando padrones de programas sociales, sumando a más de 62 mil beneficiarios de despensas y garrafones. Gallardo padre intentó reelegirse en 2018: perdió ante Xavier Nava Palacios, postulado por el PAN.
Pero Ricardo Gallardo Cardona era para entonces el flamante diputado federal por el distrito VI, había abandonado al PRD para irse al Verde y el mentecato gobierno priista de Juan Manuel Carreras se puso de perfil ante las denuncias contra los señores Gallardo.
La impunidad se descaró cuando una blandengue Fiscalía local, en 2019, pretendió quitarle el "interés jurídico" a las denuncias de los ciudadanos del Frente Anticorrupción. Luego, vino el manto protector de Andrés Manuel López Obrador para el joven gobernador “aliado”. La Unidad de Inteligencia Financiera que anunció indagatorias sobre el disparatado éxito inmobiliario y patrimonial de los Gallardo, guardó silencio y se disciplinó. Una promoción de juicio de amparo interpuesta este mes intenta obligar a la Fiscalía a que abandone su silencio.
Hoy, con el poder estatal en sus manos, Gallardo Cardona intenta llevar la pseudología fantástica al siguiente nivel sucesorio. Su retadora necedad consiste en postular a su esposa, la senadora Ruth González Silva, como la candidata a sucederlo. Esta obstinación dinástica está provocando profundas grietas en la alianza nacional que sostiene al Partido Verde con Morena. El gobernador potosino empieza a mostrar dudas de que el centro mantenga el respaldo a su proyecto.
La presidenta Claudia Sheinbaum prioriza la disciplina institucional, y la ambición de los Gallardo tensiona peligrosamente la coalición oficialista. San Luis Potosí no celebra dos décadas de justicia social ni de transformación. Conmemora, y no precisamente para albricias, veinte años de un clan aferrado al presupuesto de una exitosa red clientelar que confunde presupuesto con patrimonio.