La frase es simple, pero altamente cuestionable: “Hay que darle una manita de gato”. Como todas y todos sabemos, la expresión se refiere a la realización de un arreglo o mantenimiento superficial, y rápido, para que algo o alguien se vea mejor. Todas y todos lo entendemos. Pero cuando se trata de obra pública, la improvisación siempre genera consecuencias negativas, controvertidas o inaceptables.
Siguiendo la línea argumental basada en la obviedad, hemos aprendido que las manitas de gato se hacen cuando el presupuesto es insuficiente; cuando el tiempo es limitado y hay que dar resultados; cuando hay irresponsabilidad, falta de profesionalismo o indolencia; o cuando se pretende esconder un acto de corrupción. Para decirlo claro: en ningún caso se justifican.
La obra pública es un tema serio que amerita los mayores cuidados. Los gobiernos no están para dar manitas de gato a nada. Mucho menos en el marco de las grandes necesidades de la gente, ni de eventos en los que va de por medio la reputación de nuestro país. Tampoco se vale que se invierta tiempo y recursos en las “retocadas” que se les dan a obras que se inauguran que ni siquiera se han terminado.
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Como todas y todos pudimos ver, en el marco del Mundial de Fútbol 2026 la manita de gato tuvo una centralidad preocupante en la agenda pública de los gobiernos directamente involucrados con el evento: CDMX, Nuevo León y Jalisco. En cada uno, gobernado por líderes de dos partidos diferentes, hay ejemplos lamentables e indignantes de lo que no se debe hacer.
Las obras de relumbrón se hicieron en muchos lugares. En los aeropuertos, estadios y avenidas importantes por donde transitan los turistas. En el transporte público, en algunos parques y jardines y en los lugares donde se están haciendo las transmisiones con pantallas gigantes. Pintando bardas, cambiando la señalización en vías primarias y construyendo nuevos jardines y ciclovías.
Para hacer los proyectos, calcular los costos, contratar a las empresas que garanticen el mejor precio, calidad y eficiencia, planear en forma adecuada las afectaciones y mitigar los efectos adversos en la gente, las autoridades tuvieron más o menos diez años. El tiempo, además, abrió la posibilidad de garantizar la participación ciudadana en las decisiones que les pudiesen afectar.
Sin embargo, las autoridades desaprovecharon muchas de las oportunidades. Un número importante de obras comenzaron muy tarde. Otras registraron sobre precios. Algunas más tuvieron problemas de ejecución. Y también una mala calidad de los materiales. La afectación a usuarios, vecinos, empleados, usuarios del transporte público, comerciantes y transeúntes ocupó espacios importantes en los medios de comunicación.
Muchas de las críticas que aparecieron en medios y redes sociales no pasaron desapercibidas. Seguramente ciertas narrativas, historias y reportajes formaron parte de un proceso de politización del problema. Este tipo de reacciones también eran previsibles y ameritaban protocolos de atención y respuesta más efectivos. El conflicto también llegaría al terreno de las percepciones.
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La obra pública es uno de los recursos más importantes de la comunicación política. Bien realizada, se convierte en legado. Más aún cuando mejora la calidad de vida de miles o millones de personas. Se comunica fácilmente. La ciudadanía valora, agradece y aprecia los buenos resultados. Qué bueno que el Mundial 2026 trajo beneficios y algunas obras necesarias y bien construidas. Qué malo porque no fue así en todos los casos.
Ahora bien, los efectos positivos de una obra pública necesaria, eficaz y de calidad no sólo son para la sociedad. Cuando los líderes políticos cumplen con lo prometido, y lo hacen bien, la utilidad también es para ellos. De hecho, está plenamente demostrado que las pequeñas y grandes inversiones —realizadas con buena técnica y profesionalismo— les dan un importante retorno de inversión en términos de popularidad y confianza.
Recomendación editorial: Adriana Amado Suárez, et.al. Acciones para una buena comunicación de gobiernos locales. Manual de marketing y comunicación política. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung, 2018.