Durante años, la compra pública de medicamentos en México se explicó desde una sola pregunta: ¿cómo comprar más barato? La pregunta tenía sentido: el Estado gasta miles de millones de pesos en insumos para la salud y la eficiencia en el precio era la mejor defensa del erario. El problema es que la práctica no funcionó. Desde 2019, los sucesivos intentos por consolidar la compra de medicamentos acumularon cancelaciones, licitaciones desiertas, adjudicaciones directas y, sobre todo, desabasto. El ejemplo más reciente: la compra para 2025-2026 fue anulada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tras detectarse posibles irregularidades y un sobrecosto estimado en alrededor de 13 mil millones de pesos; cuando se relanzó la licitación, quedó sin adjudicar más de la mitad de las claves concursadas.
Hoy la pregunta empieza a cambiar: ¿cómo comprar mejor y, al mismo tiempo, construir capacidades productivas para el país? Ese cambio está plasmado en normas ya publicadas: un decreto presidencial, lineamientos operativos y un nuevo modelo que coloca a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX) en el centro del sistema de abasto federal. La apuesta es convertir la compra consolidada en una herramienta de política industrial. El desafío está en si el diseño se traduce en resultados.
El poder de compra como palanca
El Estado mexicano es el comprador más grande de medicamentos del país. La compra consolidada para 2027-2028 contempla alrededor de 480 mil millones de pesos y casi 6 mil millones de piezas para 26 instituciones del sector salud: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS-Bienestar, los institutos nacionales de salud y Petróleos Mexicanos (PEMEX), entre otras. Esa concentración de demanda no es solo una ventaja para negociar precio: es un instrumento para moldear mercados, y el gobierno ha decidido usarlo.
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Dos carriles para una misma apuesta
El Decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en junio de 2025 estructura la nueva política en dos vías según el tipo de medicamento.
El primer carril corresponde a los genéricos. El instrumento es el criterio de evaluación por puntos y porcentajes en las licitaciones: las empresas que acrediten inversión en la cadena de producción en territorio nacional, instalación de fábricas, laboratorios o almacenes, o desarrollo de investigación científica obtienen puntaje adicional. Los Lineamientos que la Secretaría de Salud publicó en el DOF el 21 de mayo de 2026 definen tres dimensiones evaluables —infraestructura productiva, proceso de manufactura e investigación y desarrollo— con umbrales mínimos de proporcionalidad y documentos específicos para cada una: licencias sanitarias, certificados de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), aprobaciones de protocolos de investigación y registros ante la Secretaría de Economía.
El segundo carril aplica a los medicamentos de patente y fuente única, donde no existe competencia entre genéricos y el Estado negocia directamente con el titular del producto. Para estos casos se creó el Comité de Promoción de la Inversión Farmacéutica, integrado por las secretarías de Salud, Economía y Anticorrupción y Buen Gobierno, cuyas Reglas de Organización y Funcionamiento se publicaron en el DOF el 23 de febrero de 2026. El Comité analiza las propuestas de inversión de las empresas, verifica la proporcionalidad entre el monto comprometido y el valor estimado de la compra, y formaliza los acuerdos en Convenios de Concertación. El foco aquí no es manufactura de volumen sino relaciones de largo plazo: investigación clínica, transferencia tecnológica, desarrollo de biotecnológicos e inversiones estratégicas.
Ambos carriles operan con instrumentos distintos, pero apuntan al mismo objetivo: mayor capacidad productiva nacional en salud. La lógica conecta con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y el Plan México, que busca fomentar el contenido nacional en los procesos productivos y reducir la dependencia de importaciones en sectores estratégicos.
Oportunidades reales, riesgos concretos
Cuando funciona bien, usar el poder de compra del Estado como palanca de desarrollo tiene antecedentes exitosos en otros países y sectores. Los beneficios potenciales son concretos: mayor producción local, cadenas de suministro más resilientes e inversión en manufactura de alto valor. Para la industria, el modelo puede ofrecer lo que siempre ha demandado: certidumbre de largo plazo frente a un mercado público predecible.
Pero agregar criterios de política industrial a un proceso complejo introduce riesgos que conviene nombrar: discrecionalidad en la aplicación de los criterios, simulación de inversiones sin intención real de ejecutarse, barreras de entrada que reduzcan la competencia y presionen los precios al alza, y fragmentación institucional en un modelo que exige coordinar a múltiples secretarías, BIRMEX, el IMSS, el ISSSTE e IMSS-Bienestar. Coordinar a todos esos actores es indispensable y, al mismo tiempo, históricamente difícil.
La pregunta que importa
El debate sobre esta política industrial no debe plantearse como tensión entre gobierno y farmacéuticas, ni cómo disputa entre lo nacional y lo extranjero. La pregunta correcta es más precisa: ¿qué capacidades productivas necesita México? ¿Qué inversiones son reales y cuáles son compromisos en papel? ¿Cómo se protege la competencia para que el Estado obtenga buenas condiciones de precio? Y, sobre todo: ¿cómo se garantiza que el medicamento llegue, en tiempo y forma, al paciente que lo necesita?
La compra pública puede ser una palanca de desarrollo. Pero no basta con rediseñar las reglas de la licitación. El verdadero desafío estará en la operación. En la siguiente entrega de esta serie examinaremos a detalle al actor que tendrá que ejecutar todo esto sobre el terreno: BIRMEX, sus capacidades reales, sus limitaciones y lo que su nuevo rol central significa para el abasto en clínicas y hospitales públicos del país.