El antiguo Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez, construido en 1942, fue durante casi dos décadas la sede estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el principal símbolo del corporativismo sindical en Chiapas. El inmueble fue entregado a la organización obrera en 1982 por el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez, como reconocimiento al peso político que entonces tenían los cetemistas dentro de la maquinaria electoral del priismo.
Tras la muerte, en 1986, de Salvador Durán Pérez –considerado, a semejanza de Fidel Velázquez, el dirigente histórico de los cetemistas chiapanecos– y, posteriormente, con la derrota del PRI en el año 2000, la CTM se fracturó y perdió la influencia que había ejercido durante décadas. El edificio fue recuperado por el gobierno estatal para convertirlo en el Museo de la Ciudad, un cambio que, paradójicamente, simboliza el ocaso del PRI en Chiapas.
Los gobiernos de la alternancia –primero los del PRD, después los del PVEM y, desde 2018, los de Morena– desmantelaron el antiguo modelo corporativo y presumen de haber impulsado la democratización de las organizaciones obreras.
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En este escenario, la reforma laboral de 2019 transformó el marco jurídico del trabajo con nuevas instituciones -como los tribunales laborales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral-, voto libre y secreto para elegir dirigentes sindicales, la legitimación de los contratos colectivos, la regulación de la subcontratación y el aumento del salario mínimo.
Sin embargo, en Chiapas sus efectos han sido limitados por la baja sindicalización y la elevada informalidad. Apenas el nueve por ciento de los trabajadores asalariados pertenece a un sindicato y la mayoría de ellos labora en el sector público, como maestros, personal de salud y burócratas.
En cambio, quienes trabajan en la iniciativa privada, especialmente en las actividades agropecuarias –que concentran más del 30 por ciento del empleo-, así como el comercio y los servicios (17% y 8.2%), carecen en su mayoría de una organización que defienda sus derechos o negocie mejores salarios.
A esto se suma otro problema estructural: la informalidad laboral. Más de tres de cada cuatro personas ocupadas en la entidad no tienen acceso a seguridad social, prestaciones ni estabilidad laboral. En esas condiciones, es muy difícil mejorar el ingreso o exigir mejores condiciones de trabajo.
Desde el segundo trimestre de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubica de manera permanente a Chiapas como la entidad con la mayor proporción de trabajadores en condiciones críticas de ocupación en el país.
La situación se ha agravado. De acuerdo con INEGI, durante el primer trimestre de 2026 la pobreza laboral en la entidad aumentó de 59.8 a 60.8 por ciento y fue mayor,1.6 puntos porcentuales más que un año antes. En otras palabras, cada vez son más las personas que, pese a tener un empleo, no obtienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
El contraste con el resto del país es contundente. Mientras a nivel nacional la pobreza laboral disminuyó de 33.9 a 30.7 por ciento gracias al incremento salarial, en Chiapas ocurrió lo contrario: aumentó el número de personas cuyos ingresos no alcanzan para garantizar la alimentación de sus hogares.
Aunque este año el salario mínimo general en México aumentó 13 por ciento, al pasar de 278.80 a 315.04 pesos diarios ( 9 mil 582 pesos mensuales), la realidad de la mayoría de los trabajadores chiapanecos es muy distinta. El ingreso promedio mensual en el estado ronda los 5 mil 730 pesos, uno de los más bajos del país, y entre quienes laboran en la economía informal apenas alcanza los 4 mil 490 pesos.
Estos ingresos resultan insuficientes apenas para cubrir las necesidades mínimas. La canasta básica –que incluye alimentación, vivienda, transporte, educación, vestido y salud– cuesta alrededor de 4 mil 930 pesos mensuales por persona en zonas urbanas y 3 mil 554 pesos en las rurales.
Aunque el costo de vida en Chiapas es menor que en otras entidades, también lo son los salarios. Una familia de cuatro integrantes requiere cerca de 20 mil pesos al mes para cubrir sus gastos esenciales, pero la mayoría de los hogares está muy lejos de alcanzar ese ingreso. Como consecuencia, seis de cada diez chiapanecos viven en pobreza laboral.
El desamparo que hoy enfrentan los trabajadores tiene una larga historia. La CTM llegó a Chiapas en 1938, dos años después de su fundación, cuando Vicente Lombardo Toledano viajó a Tuxtla Gutiérrez para dar posesión a Mario J. Culebro Trujillo como primer secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Chiapas.
La asamblea constitutiva se celebró el 21 de diciembre de 1938 en el Hotel Cano, de Tuxtla Gutiérrez. Cuatro años después, durante el gobierno de Rafael Pascacio Gamboa, se construyó el edificio de la Federación de Trabajadores del Estado de Chiapas en la 2ª Avenida Norte Oriente número 431, símbolo del ascenso del sindicalismo cetemista en la entidad.
En ese contexto emergió Salvador Durán Pérez, antiguo jornalero en la zona cafetalera del Soconusco y dirigente del sindicato de la finca Numancia. Tras participar en la reorganización del PRM, en 1948 fue designado desde la Ciudad de México como secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Chiapas.
Bajo su liderazgo, la CTM comenzó a alejarse de su principal base social: los jornaleros del café. El historiador Thomas Benjamin sostiene que perdió el núcleo de su antigua fuerza y que, para la década de 1970, la CTM chiapaneca agrupaba principalmente a taxistas, albañiles y trabajadores eventuales.
Tras la muerte de Durán Pérez, el 4 de septiembre de 1986, Felipe Mimiaga asumió la dirigencia de la Federación de Trabajadores del Estado de Chiapas. En 2011 lo sucedió Saúl Martínez, cuya gestión estuvo marcado por divisiones internas y la pérdida de su hegemonía sindical, mientras otras organizaciones como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) ampliaron su presencia en el estado.
Posteriormente, María de Jesús Olvera Mejía asumió la dirigencia de la Federación, mientras Saúl Martínez encabezó un grupo disidente denominado “CTM Nueva Era”, ligado a Morena, en la disputa por los contratos colectivos de unas 70 empresas que concentran gran parte de la inversión privada en Chiapas.