El IMSS-Bienestar, empoderar a BIRMEX como comprador, la estrategia de inversión farmacéutica y cualquier reforma al sistema solo tendrán sentido si se traducen en tratamientos continuos, menor gasto de bolsillo y mejores resultados en salud de los mexicanos.
Una compra pública no es exitosa cuando se adjudica, lo es cuando el medicamento llega al paciente, el tratamiento no se interrumpe y la salud mejora. Contratos firmados, licitaciones adjudicadas y anuncios de inversión son proceso, no resultado. Con esa distinción cierra esta serie.
Las entregas anteriores documentaron cómo la compra pública de medicamentos busca convertirse en herramienta de política industrial; cómo BIRMEX acumula atribuciones sin demostrar resultados verificables; y por qué la inversión en el sector no se decreta: requiere certeza, COFEPRIS ágil, pagos oportunos y confianza institucional. Esos son los medios; este artículo se ocupa del fin: el paciente.
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Dimensionando al paciente
Con una población nacional cercana a 134 millones de personas, según proyecciones de CONAPO, el tamaño del reto es evidente. Los datos más recientes muestran que alrededor de 63.4% cuenta con alguna adscripción pública de salud, pero 47.7 millones reportaron no tener afiliación en 2024. La medición de pobreza multidimensional del INEGI confirma la brecha: 44.5 millones presentaron carencia por acceso a servicios de salud, equivalente a 34.2% de la población.
Según la ENIGH 2024, 63% de la población reporta afiliación a alguna institución pública de salud; aun así, 6 de cada 10 personas que requirieron atención acudieron a farmacias o consultorios privados, con o sin cobertura formal.
Conviene recordar que IMSS e ISSSTE no son dádivas: se financian con cuotas y aportaciones de trabajadores, patrones y gobierno; sus derechohabientes no piden un favor, exigen un servicio por el que contribuyen. En el otro extremo, IMSS-Bienestar ha sido presentado como modelo para atender a decenas de millones de personas sin seguridad social —su población objetivo oficial ronda los 53 millones—, pero población objetivo no equivale a cobertura efectiva.
Cuando el sistema falla, el costo se traslada al hogar. Entre 2022 y 2024, el gasto de bolsillo en salud aumentó 7.9% real y alcanzó 6,421 pesos anuales por hogar. La compra de medicamentos representa 38% de ese gasto y hasta 50% en hogares de menores ingresos; en los deciles más bajos creció a tasas de hasta 23%. Así funciona el subsidio invisible: el Estado anuncia cobertura y el hogar pone el resto.
Del medicamento al tratamiento, y del tratamiento al resultado en salud
Existe una escalera entre política e impacto: clave adjudicada, contrato firmado, medicamento entregado, receta surtida, tratamiento continuo, paciente controlado, resultado en salud. El error frecuente es presentar el primer escalón —la adjudicación o la compra— como si fuera el último. Dos áreas terapéuticas críticas explican por qué esa distancia importa.
La diabetes mellitus es quizá el caso más urgente, la ENSANUT Continua 2021-2024 estima una prevalencia nacional de diabetes tipo 2 de 17% en adultos. Entre quienes tienen diagnóstico, 73% recibió atención médica y 90.9% estaba en tratamiento farmacológico, pero solo 33% alcanzó control glucémico. La mayoría llega al médico y toma medicamento, pero dos de cada tres personas diagnosticadas no controlan su enfermedad. El problema no es solo acceso: es continuidad terapéutica, calidad de atención, adherencia y disponibilidad sostenida. Un tratamiento interrumpido pierde eficacia y eleva el riesgo de complicaciones renales, cardiovasculares, amputaciones y pérdida de productividad.
La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en México: en 2024 se registraron más de 192 mil defunciones por enfermedades del corazón, encabezadas por padecimientos isquémicos. La prevención secundaria —hipertensión controlada, dislipidemias manejadas, anticoagulación sostenida— depende de que el medicamento esté disponible cada mes. Una interrupción en antihipertensivos o anticoagulantes puede precipitar un infarto o un evento cerebrovascular que cuesta vidas y genera hospitalizaciones que el sistema pudo prevenir.
Ensayo y error en tiempos de la 4T
Desde 2019, México ha transitado por al menos cuatro modelos para gestionar el abasto de medicamentos e insumos: compras consolidadas de la Oficialía Mayor de Hacienda, INSABI, UNOPS y BIRMEX sin haber logrado alcanzar los niveles previos de adjudicaciones y abasto.
En la prestación de servicios de salud, hoy opera el IMSS-Bienestar, mientras se discute una nueva reforma a la Ley General de Salud para corregir lo que el propio gobierno reconoce que no funciona. El episodio más revelador ocurrió en una reunión en el edificio histórico de Lieja, donde el secretario de Salud, David Kershenobich, y el subsecretario Eduardo Clark reconocieron ante diputados de la Comisión de Salud que parte importante de la operación del IMSS-Bienestar se sustenta en decretos del Ejecutivo Federal, algunos expedidos incluso antes de modificar la ley para extinguir formalmente al INSABI. Lo presentado como solución definitiva resultó ser un organismo construido sobre una base jurídica provisional.
Igualmente Clark reconoció que IMSS-Bienestar dejará de operar solo bajo decreto presidencial y que la presidenta Claudia Sheinbaum impulsará su formalización en la LGS para darle facultades administrativas, operativas y de gestión más amplias. Dicho de otro modo: a tres años de sustituir al INSABI, el organismo que atiende a la población sin seguridad social aún no tiene marco jurídico completo. No es un detalle técnico; explica la incertidumbre de los convenios con los estados y la opacidad en la rendición de cuentas.
El resultado es un organismo que, lejos de avanzar hacia un sistema público unificado, ha incrementado la fragmentación y la complejidad para quienes no tienen seguridad social. Reformar no es malo; lo preocupante es hacerlo después de años de operación con zonas grises, responsabilidades fragmentadas y costos trasladados al paciente. Cada transición institucional tiene un costo de aprendizaje que suele pagar quien espera un medicamento o una cita que no llega a tiempo.
BIRMEX recibió más funciones y se discute ampliar sus capacidades, incluso producción de vacunas, lo que lo colocaría en la contradicción de ser comprador y fabricante. Antes de sumar atribuciones, la pregunta pertinente es si las actuales dan resultados verificables: ¿cuántas claves adjudicadas se convirtieron en medicamentos entregados?, ¿en qué plazos?, ¿con qué cumplimiento por entidad?
Lo que sí debería medirse para mejorar
La ENCIG 2025 del INEGI reporta satisfacción de usuarios de 43.3% en el IMSS, 45.8% en el ISSSTE y 47% en el IMSS-Bienestar, todas con caídas frente a 2023, con la disponibilidad de medicamentos entre los principales factores de desconfianza. Pero la satisfacción es apenas una aproximación, no un indicador clínico.
Lo que debería medirse y publicarse con regularidad es más concreto: recetas surtidas completas; disponibilidad por institución y entidad; claves adjudicadas frente a claves entregadas; tiempos de entrega, reposición y pago a proveedores; plazos regulatorios en COFEPRIS; interrupciones por área terapéutica; continuidad en diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y cáncer; control clínico, complicaciones y evolución del gasto de bolsillo en medicamentos. Sin datos públicos, auditables y comparables, no hay forma de saber si la política funciona.
Del medicamento al resultado en salud
Para mantener su salud, los mexicanos necesitan que el medicamento esté disponible, el tratamiento no se interrumpa y la atención llegue a tiempo. No basta comprar; hay que entregar. No basta entregar; hay que garantizar continuidad. No basta con garantizar continuidad; hay que verificar que el resultado clínico mejore.
La política farmacéutica no se valida cuando se firma un contrato o se anuncia una inversión; se valida cuando una persona con diabetes mellitus llega a su cita mensual y encuentra su medicamento; cuando un paciente con cáncer no pierde un ciclo por desabasto; cuando alguien con hipertensión evita un infarto porque el antihipertensivo si estuvo disponible todo el año. La única manera de saber si la nueva política funciona será medir menos interrupciones, menor gasto de bolsillo, mayor continuidad terapéutica y mejores resultados en salud. El paciente es la única métrica que importa.
NOTA abreviaturas poco usuales
ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. CONAPO: Consejo Nacional de Población. ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. LGS: Ley General de Salud. ENCIG: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.