La industria farmacéutica no compromete capital por decreto, por convenios ni por puntos adicionales en una licitación. Invierte cuando puede registrar, producir, vender, cobrar y reinvertir bajo reglas claras. Esa lógica, elemental para cualquier sector intensivo en tecnología y capital, suele quedar relegada detrás de los anuncios políticos.
En semanas recientes, el gobierno federal presentó con entusiasmo compromisos de inversión farmacéutica, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 28 de mayo, que diversas empresas invertirán alrededor de 21 mil millones de pesos en proyectos alineados con el Plan México: dispositivos médicos, medicamentos genéricos y biotecnológicos, vacunas, insulinas y estudios clínicos, entre otros. La cifra importa, pero conviene ponerla en proporción.
De acuerdo con datos del Instituto Farmacéutico (INEFAM), el mercado total de medicamentos en México —incluyendo sector privado y público— alcanzó 691 mil millones de pesos en 2025, de los cuales el sector público representó alrededor de 124 mil millones de pesos. Frente a esos números, los 21 mil millones anunciados equivalen a poco más de 3 por ciento del mercado total y a alrededor de 17 por ciento del mercado público anualizado. No es menor, pero tampoco transforma por sí sola la estructura productiva del sector y su valor dependerá de cuánto se ejecute, dónde se invierta y qué capacidades reales deje instaladas.
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Ya hemos dicho que la nueva política farmacéutica opera por dos vías, una busca fortalecer genéricos e insumos mediante producción nacional, capacidades productivas y transferencia tecnológica, la otra vincula medicamentos de patente o fuente única con investigación clínica, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología. En ambas, la pregunta es la misma: si los incentivos alcanzan para modificar decisiones de inversión de largo plazo.
La respuesta honesta es que no basta con puntos adicionales en una licitación ni con convenios de concertación. Las empresas evalúan horizontes de al menos 5 o 10 años: estabilidad regulatoria, pagos, demanda sostenida, protección jurídica y capacidad institucional para cumplir lo que se anuncia.
Lo que el gobierno no puede decretar
Una empresa que evalúa construir una planta, ampliar capacidad o realizar estudios clínicos en México no decide por un incentivo aislado. Decide si las reglas del juego serán estables, si COFEPRIS resolverá con criterios técnicos y tiempos razonables, si el gobierno pagará a tiempo y si la demanda pública será predecible.
Eso no se decreta: se construye con consistencia institucional. México ha tenido períodos en que generó esa confianza y otros en que la erosionó. La política actual sólo funcionará si vuelve verificables las condiciones que dice ofrecer.
Cuando el secretario de Salud, David Kershenobich, afirma que México puede convertirse en un jugador relevante en la producción de Ingredientes Farmacéuticos Activos —los llamados APIs—, acierta en el diagnóstico de oportunidad. Pero también reconoce que esa producción “se dejó de lado durante muchos años”. Recuperarla exige inversión sostenida, cadenas de suministro, talento especializado y certeza económica de largo plazo.
Qué significa producir en México
No todo lo que se llama “producción nacional” tiene el mismo valor estratégico. Empacar o acondicionar un medicamento importado no equivale a fabricar el principio activo. Formular un producto no es lo mismo que realizar investigación clínica. Y una planta de llenado y acabado no representa, por sí misma, capacidades biotecnológicas o de síntesis química compleja.
Entre los proyectos anunciados hay ampliaciones de plantas, nuevas líneas de producción, investigación clínica, dispositivos médicos y transferencia tecnológica. Algunos, como el fortalecimiento de insulinas o biotecnológicos, pueden tener valor estratégico. Pero el punto de fondo permanece: una inversión anunciada no equivale a una capacidad construida.
La métrica relevante no debe ser el monto presentado en una conferencia, sino la inversión ejecutada, la capacidad instalada, los empleos especializados, los estudios clínicos realizados, las autorizaciones obtenidas, los productos fabricados localmente y, sobre todo, el impacto medible en el abasto.
COFEPRIS: la pieza crítica en la nueva política
Si una institución puede hacer o deshacer esta política, es COFEPRIS. Sin tiempos regulatorios razonables, criterios técnicos claros y predictibilidad en las evaluaciones, cualquier incentivo en compras públicas queda incompleto.
Por eso merece atención la decisión anunciada en mayo por el comisionado de Autorización Sanitaria, Rodrigo Bazúa Lobato: eliminar la duplicidad de evaluaciones científicas y éticas en protocolos de investigación clínica. COFEPRIS dejaría de revisar dictámenes ya analizados por comités especializados y concentraría su función en la seguridad de insumos, con el objetivo de reducir la atención de protocolos de 180-270 días naturales a 30 días.
La señal es positiva, pero debe traducirse en resultados verificables. La investigación clínica puede atraer inversión de largo plazo, generar conocimiento, fortalecer capacidades médicas y acercar innovación a pacientes. México tiene infraestructura hospitalaria, diversidad genética y masa de pacientes; aun así, ha aprovechado esa ventaja por debajo de su potencial.
La dimensión económica lo confirma. IQVIA reportó que el gasto global en investigación y desarrollo farmacéutico alcanzó 190 mil millones de dólares en 2024. México capta alrededor de 300 millones de dólares anuales en investigación clínica y podría llegar a 450 millones si destraba barreras regulatorias y operativas. La meta pública de 2 mil millones hacia 2030 muestra ambición, pero también distancia: para cerrarla se requieren autorizaciones oportunas, comités funcionales, importación ágil de equipos, coordinación hospitalaria y confianza jurídica.
Pago a proveedores, lo que poco se menciona
Hay una condición de inversión que rara vez aparece en los documentos de política pública y que los proveedores del sector salud conocen bien: los pagos.
Una empresa que vende medicamentos al gobierno —al IMSS, al ISSSTE o a cualquier institución pública— no puede planear producción, inventarios, ampliaciones o investigación si no sabe cuándo cobrará. En septiembre de 2025, Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), advirtió que el gobierno federal acumulaba adeudos por cerca de 14 mil millones de pesos correspondientes a contratos de 2023, 2024 y 2025, con el IMSS-Bienestar como la institución con mayor rezago.
Ese contraste debería estar en el centro de la discusión: más de la mitad de los 21 mil millones recientemente anunciados como inversión farmacéutica equivale al adeudo que el propio Estado mantenía con sus proveedores apenas meses antes. Si el Estado quiere que la compra pública sea motor de inversión, la confiabilidad en el pago es tan importante como los incentivos de la licitación. No hay política industrial que funcione con una cadena de pagos rota, ni proveedor que invierta a largo plazo si debe financiar al sistema público durante meses o años.
Lo que debe medirse
La política de medicamentos hechos en México tiene una oportunidad real, pero su éxito no debe medirse por anuncios ni convenios firmados. Debe medirse con indicadores duros: inversión ejecutada, plantas operando, estudios clínicos autorizados y corriendo, trámites resueltos en tiempo, proveedores pagados, producción local verificable y medicamentos disponibles para los pacientes.
Los números obligan a mantener la proporción. La inversión anunciada representa poco más de 6 por ciento del valor anual estimado del mercado farmacéutico mexicano; la investigación clínica puede crecer si se destraban barreras, pero la meta de 2 mil millones de dólares exige multiplicar varias veces la capacidad actual; y los adeudos por alrededor de 11 mil millones de pesos recuerdan que la confianza no se construye sólo con incentivos, sino cumpliendo obligaciones básicas.
El llamado, entonces, no debe ser solo a invertir más, sino a construir las condiciones para que esa inversión ocurra, se ejecute y permanezca: reglas de adquisición claras, pagos oportunos, una COFEPRIS ágil y técnicamente sólida, compras públicas predecibles, respeto a contratos y certidumbre para producir, registrar, vender, cobrar y reinvertir.
La inversión farmacéutica no se decreta: se gana. Y se gana cuando el Estado demuestra, con ejecución y no con anuncios, que puede convertir la política pública en confianza institucional. En la siguiente entrega, el análisis vuelve al punto que debe ordenar toda la discusión: el paciente como verdadero indicador de éxito.