Responder a los desastres no es suficiente. México necesita una política eficiente de adaptación al cambio climático que anticipe el riesgo ante los desastres naturales, repare las pérdidas y preste atención a mediano y largo plazo a la salud, la educación y la infraestructura.
En México los desastres son una cuenta acumulada que se paga año con año con presupuesto público, patrimonio familiar, infraestructura dañada, pérdida de biodiversidad, servicios interrumpidos, salud física y mental, rezago educativo y pérdida de vidas.
De acuerdo con datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2025) en 2024 los principales desastres ocurridos en el país generaron daños y pérdidas por 14,434.9 millones de pesos, equivalentes a 0.046 % del PIB de 2024, distribuidos en 283 acontecimientos cuantificados. Aunque esta cifra fue menor a la registrada en años extremos como 2010, 2017 o 2023, confirma que los fenómenos hidrometeorológicos siguen concentrando la mayor parte del costo económico y humano de los desastres. En 2024 representaron 83.6 % de las pérdidas económicas y 65 % de las defunciones asociadas a desastres (CENAPRED, 2025).
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Si bien, el huracán Otis fue el más devastador de 2023, en el cual los daños fueron calculados ascendieron a 88,910 millones de pesos (CENAPRED, 2025). esta cifra es sólo una parte de la cuenta. Los desastres suelen subestimarse porque no siempre incorporan impactos en cascada, como deterioro ambiental, pérdida de ingresos, interrupciones de servicios de salud, educativos, transporte, endeudamiento, pérdida de asegurabilidad; en general, afectaciones de largo plazo al desarrollo.
A escala global, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres estima que los costos directos anuales de los desastres pasaron de un promedio de entre 70 y 80 mil millones de dólares entre 1970 y 2000, a entre 180 y 200 mil millones de dólares entre 2001 y 2020. Si se incorporan impactos en cascada y sobre los ecosistemas, el costo total de los desastres supera actualmente los 2.3 billones de dólares anuales (UNDRR, 2025).
Esta subestimación, por ejemplo, también ocurre con los impactos oceánicos. Al respecto, los daños en valores de no uso, es decir, el valor intrínseco que obtenemos del disfrute de los ecosistemas oceánicos, ascienden a 224 mil millones de dólares; mientras que los valores de uso no mercantilizado, como la disminución de la nutrición derivada de pesquerías afectadas, suman 182 mil millones de dólares en pérdidas anuales (Bastien-Olvera, 2026)
Bajo un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero, se esperan importantes efectos negativos en la producción agrícola, salud humana, biodiversidad, ciudades, energía, así como aumentos considerables en la frecuencia y magnitud de eventos extremos y los daños asociados (Estrada-Porrúa, 2023).
La Ley General de Protección Civil mantiene una ruta clara: la protección civil debe privilegiar la gestión integral de riesgos, la prevención, la continuidad de operaciones, la transferencia de riesgos, la reconstrucción y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. También establece que el Ejecutivo Federal debe contemplar recursos para instrumentos financieros de gestión de riesgos, tanto para acciones preventivas como para auxilio y atención de daños (LGPC, 2023).
El costo social de los desastres es todavía más profundo que el costo económico. En 2024, el CENAPRED (2025) registró 190 mil 239 viviendas dañadas, 1470 escuelas dañadas, 15 hospitales afectados y 796,398 personas afectadas por desastres. En este sentido, cuando una escuela se inunda o se daña, también se interrumpe el aprendizaje, se pierden días de clase y con ello, se amplían desigualdades y se obliga a niñas, niños y jóvenes a estudiar en condiciones precarias o a abandonar temporalmente la escuela. Del mismo modo, esto ocurre cuando un hospital o la red de agua se dañan, el desastre se transforma en crisis sanitaria, aumentando los riesgos de enfermedades, se interrumpe la atención médica, se deteriora la salud mental y se sobrecargan los cuidados, especialmente en mujeres, personas mayores y familias con menos recursos.
La seguridad, igualmente, se deteriora después de un desastre, privando a la población afectada de acceso al agua, alimentos, vivienda, movilidad, información, ingresos, redes comunitarias y de protección frente a abusos. En territorios donde ya existen desigualdades, precariedad o violencia, los desastres pueden ocasionar también saqueos, extorsiones, desplazamientos, control territorial y violencia de género, como se observó durante el huracán Otis y otros eventos similares.
Es así que, la cuenta pendiente de los desastres climáticos en México se debe traducir en políticas sólidas, presupuesto, capacidades locales, protección financiera, reconstrucción resiliente, sistemas de alerta temprana, acción anticipatoria y justicia climática. El enfoque de “reconstrucción sostenible” o Build Back Better (UNDRR, 2017) busca dar solución a algunos aspectos de infraestructura, proponiendo reconstruir después de un desastre de manera más segura, justa y resiliente que antes, reduciendo los riesgos existentes y evitando crear nuevos, pero se requieren de políticas multidimensionales, que cubran aspectos sociales, ambientales, políticos y económicos.
Es así que la pregunta de fondo ya no es si México puede evitar todos los daños. Sabemos que no, ni México, ni muchos otros países lo pueden. La pregunta es si como nación, gobierno y ciudadanía, estamos dispuestos a prevenir los riesgos evitables, financiar e implementar la adaptación, así como proteger a quienes menos han contribuido a la crisis climática.
El desastre no termina cuando baja el agua, se apaga el fuego, se retiran los escombros, sino cuando las personas recuperan sus medios de vida, casa, salud, escuela, seguridad y su derecho a vivir sin miedo al próximo impacto.
Referencias:
- Bastien-Olvera, Bernado en Gaceta UNAM. (2026, 30 de abril). Impactos oceánicos casi duplican el costo económico del cambio climático. Universidad Nacional Autónoma de México. https://www.gaceta.unam.mx/impactos-oceanicos-casi-duplican-el-costo-economico-del-cambio-climatico/
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2023). Ley General de Protección Civil. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2023. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC.pdf
- Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). (2025). Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México 2024: Resumen ejecutivo. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Coordinación Nacional de Protección Civil. https://www.gob.mx/cenapred/articulos/conoce-el-impacto-socioeconomico-de-los-desastres-en-mexico-2024
- Diario Oficial de la Federación. (2020, 6 de noviembre). Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Protección Civil y diversos ordenamientos legales. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604411&fecha=06/11/2020
- Estrada Porrúa, F., Zavala Hidalgo, J., Martínez Arroyo, A., Raga, G., & Gay García, C. (Coords.). (2023). Estado y perspectivas del cambio climático en México: Un punto de partida. Programa de Investigación en Cambio Climático, Universidad Nacional Autónoma de México. https://cambioclimatico.unam.mx/wp-content/uploads/2023/11/estado-y-perspectivas-del-cambio-climatico-en-mexico-un-punto-de-partida-unam.pdf
- Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés). (2017). Terminología del Marco de Sendai sobre reducción del riesgo de desastres: Build back better. UNDRR. https://www.undrr.org/terminology/build-back-better
- Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés). (2025). Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres 2025: La resiliencia da sus frutos: Financiación e inversión para nuestro futuro. UNDRR. https://www.undrr.org/gar
* Laura Vallejo Chávez
Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México y la Universidad Europea de Madrid, y maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora.