En enero de 2026, el periodista Carlos Ramírez, quien se desempeñaba como director y reportero del medio local Código Norte, y quien había colaborado con otros medios como Vanguardia, fue privado de la vida en un establecimiento del municipio de Poza Rica, ubicado en el norte de Veracruz. Dos años antes, el periodista había recibido amenazas y, por ello, obtuvo medidas de protección por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP); sin embargo, estas quedaron suspendidas cuando se mudó de dicha entidad y no se reactivaron a su regreso en 2025.
Meses después, en junio de 2026, su colega Luis Ángel López, director del medio Reportaje Policiaco Veracruzano y reportero de Vanguardia, corrió con la misma suerte al ser atacado a disparos mientras caminaba por las calles de Poza Rica. Del mismo modo, el comunicador contaba con medidas de acompañamiento y vigilancia por parte de la CEAPP.
Por su parte, días antes, la periodista y directora del portal digital Pulso Informativo del Sureste, Roxana Guzmán, fue privada de su libertad en el municipio de Nanchital, ubicado en la zona metropolitana de Coatzacoalcos. El acto, perpetrado por hombres fuertemente armados, fue documentado en video por la propia periodista y difundido ampliamente en redes sociales, así como por medios de comunicación nacionales y locales, lo que llevó a la Fiscalía General de la República (FGR) a atraer el caso; sin embargo, hasta el momento la comunicadora continúa desaparecida.
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Estos casos muestran que Veracruz se presenta como el epicentro de las violencias contra periodistas, del año 2000 a la fecha 33 personas dedicadas a esta profesión han sido asesinadas, al menos seis han sido desaparecidas y un número indeterminado ha sufrido desplazamiento forzado. A nivel nacional, estas múltiples violencias han posicionado a México como uno de los países más inseguros para ejercer el periodismo (Artículo 19, 2026).
El incremento y la profundización de dichos agravios se presentan como una paradoja, pues ocurren a pesar de que el proceso de transición democrática en México, iniciado en el siglo XXI, trajo avances importantes en el reconocimiento de los derechos y libertades de información y comunicación y, sobre todo, en la creación de marcos normativos destinados a proteger la integridad de las personas dedicadas al periodismo.
Entre ellos destacan la Ley de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, promulgada en 2012, así como la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y las comisiones estatales para la atención y protección de periodistas.
La respuesta a esta aparente contradicción podría encontrarse en la función que cumplen las y los ‘periodistas de frontera’, término propuesto por Celia del Palacio Montiel (2023) para referirse a quienes informan sobre asuntos hiperlocales en pequeños medios, usualmente alejados de las grandes capitales. Particularmente, resulta común que este tipo de profesionistas, como en los casos mencionados de Veracruz, se especialicen en documentar temas relacionados con la inseguridad o la corrupción existentes dentro de sus propias comunidades.
En esta labor, las y los ‘periodistas de frontera’ reúnen fragmentos dispersos de información que permiten develar qué actores se vinculan y cómo lo hacen, a pesar de pertenecer a ámbitos, en apariencia, opuestos, como el legal y el ilegal. Así, nos muestran que la transición democrática no ha cumplido con su objetivo de terminar con los cacicazgos y autoritarismos locales ni con la vinculación del campo político con los campos económico o criminal para regular la vida pública de diversas comunidades. Por tanto, no es extraño que las violencias contra las y los comunicadores se hayan agravado en contextos donde su labor expone y documenta dichas dinámicas.
Sin embargo, este entorno hostil también ha reflejado la importancia de la conformación de redes y colectivos gremiales, ya que, como afirma Julieta Brambila (2024), estos constituyen la mayor fuente de apoyo, protección, resistencia y resiliencia para las y los periodistas. Esto invita a reflexionar sobre la necesidad y urgencia de fortalecer y consolidar una ‘infraestructura cívica’ del periodismo en Veracruz, pero también en otras regiones del país.
Referencias
Artículo 19. (2026). Periodistas y comunicadorxs en México en posible relación con su labor periodística. https://articulo19.org/periodistasasesinados/
Brambila, J. (2025). El oficio de resistir: Periodismo, poder y violencia en México. Siglo XXI Editores.
Del Palacio Montiel, C. (2023). Periodismo de frontera en América Latina. Violencias y desigualdades múltiples. Universidad de Guadalajara. https://doi.org/10.32870/9786075719122
* Alan Salvador Hernández Morales
Maestro en Sociología Política por el Instituto Mora y Doctor en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Flacso México. Actualmente es docente en la Universidad Nacional Rosario Castellanos.