Durante décadas, la política social mexicana ha asumido que las familias siempre encontrarán la manera de cuidar a quienes lo necesitan. Como resultado, el cuidado de la infancia, los adultos mayores y de las personas con discapacidad ha permanecido fuera del centro de la agenda pública, a pesar de ser un elemento clave para el funcionamiento social y el desarrollo del país.
Estas necesidades se siguen resolviendo mayoritariamente en el ámbito doméstico, mediante arreglos informales que varían según las condiciones de cada hogar. Ese modo de organización produce desigualdades, porque el acceso a servicios de cuidado depende de los recursos, del tiempo y de la capacidad de cada familia.
La falta de una política pública consolidada en esta materia ha impedido que esas labores se reconozcan como una responsabilidad estructural del Estado. No han formado parte de una estrategia gubernamental sostenida, aun cuando repercuten directamente en la estructura social y económica del país. Esa realidad se evidencia en la forma en que millones de hogares organizan su vida cotidiana alrededor de dichas responsabilidades.
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Históricamente, miles de mujeres mexicanas han asumido estas tareas de forma no remunerada dentro del hogar, lo que ha condicionado sus trayectorias educativas y limitado su incorporación y permanencia en el mercado laboral. Ello restringe sus posibilidades de desarrollo profesional y económico. La implementación de un Sistema Nacional de Cuidados permitiría redistribuir estas obligaciones y tendría un efecto económico significativo al facilitar la entrada de más mujeres al empleo formal, además de visibilizar y reconocer las actividades de cuidado que hoy no reciben salario, ampliando la base productiva del país.
La creación de este sistema ocupa un lugar cada vez más relevante en la discusión de políticas públicas, donde coinciden la demanda social y la responsabilidad gubernamental. Su importancia trasciende el ámbito del bienestar: se trata de actividades que sostienen la vida diaria y el funcionamiento de los hogares, por lo que también influyen en la organización económica y social del país. En ese sentido, su consolidación constituye un avance hacia una política social más integral, con mayor capacidad de respuesta territorial y resiliencia ante diversas necesidades.
La brecha entre la magnitud del problema y su tratamiento en la política pública ha generado una deuda que no puede seguir resolviéndose desde lo privado ni mediante soluciones informales. Atenderla obliga a reconocerla como una responsabilidad colectiva que requiere organización, continuidad y capacidad institucional para responder de manera efectiva en todo el territorio. También implica incorporar una visión de gobierno que convierta las necesidades sociales en mecanismos reales de protección y apoyo, capaces de mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de desarrollo en el país.
La urgencia de un Sistema Nacional de Cuidados resiliente exige una ruta clara, construir infraestructuras locales y comunitarias estables y descentralizadas que no dependan de la buena voluntad, sino de marcos formales de protección, es indispensable para garantizar derechos y reducir desigualdades. Para ello, se requiere una ciudadanía activa y comprometida que exija la implementación efectiva de este sistema, así como inversión pública adecuada y una gobernanza territorial capaz de convertir esta urgencia social en políticas aplicadas en todo el territorio. Mantener este tema en la agenda pública resulta fundamental para evitar que continúe siendo atendido de manera fragmentada y para impulsar soluciones que respondan a una realidad que afecta cotidianamente a la sociedad mexicana.