Durante décadas, la izquierda representó para millones de latinoamericanos una promesa necesaria e impostergable ante los abusos de quienes ostentaban el poder, y era entonces la posibilidad de un tan esperado cambio social que necesitaba Latinoamérica.
Los jóvenes de los 60 y tal vez de los setenta, estudiantes, obreros y grandes intelectuales, añoraban la esperanza de construir sociedades más justas, más equitativas y comprometidas con el bienestar colectivo, una palabra que hoy en día tiene un significado muy distinto.
La búsqueda de la igualdad y la redistribución de la riqueza, así como la reivindicación de los sectores históricamente marginados, se convirtieron en las principales banderas de un movimiento político que en Latinoamérica encontró uno de los lugares más propicios para su batalla ideológica, donde colectivos, organizaciones políticas y movimientos revolucionarios se reunían.
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El triunfo de Fidel Castro fue el que alteró el equilibrio político del continente, y a su llegada muchos veían con interés la posibilidad de que se impregnara de rojo en los ideales de la Unión Soviética y, por supuesto, sucedió lo contrario. La Guerra Fría convirtió la región en un espacio de confrontación indirecta entre dos potencias: la URSS y Estados Unidos. Países que veían el avance de estas corrientes recurrieron a la represión, a las dictaduras militares y a las campañas de contrainsurgencia que dejaron profundas heridas en la memoria colectiva. Efectivamente, América Latina se tiñó de rojo y, en sentido figurado, de la sangre de quienes lucharon por un ideal.
El tiempo los redimió; muchos movimientos que surgieron para combatir el autoritarismo terminaron, décadas después, convirtiéndose en actores dominantes del sistema político regional. Su avance empezó a relacionarse con lo que en los años noventa llamaron la “Marea Rosa”, que llevó al poder a gobiernos de izquierda como los de Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Con ese avance, también en la ciudad de São Paulo, Brasil, surgió, por iniciativa del presidente Lula da Silva y Fidel Castro, el Foro de São Paulo..
Este se convirtió en uno de los espacios fundamentales de articulación política de la izquierda latinoamericana durante las décadas de los 90 y 2000, que coincidieron con la llegada de Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales y Rafael Correa.
Curiosamente, lo que comenzó como un ejercicio de supervivencia ideológica terminó convirtiéndose en una de las organizaciones políticas más influyentes; su objetivo era reconstruir un proyecto político regional capaz de sobrevivir al nuevo orden internacional impuesto por Washington.
México tardó un poco más en su cambio. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, toda América Latina ya era roja, con resistencia, y las profundas diferencias que sostenía con Estados Unidos, la agenda de soberanía regional y la resistencia a la influencia política comenzaron a resquebrajar el proyecto.
Treinta y seis años después, a la izquierda se le olvidó qué era ser de izquierda. Desde 2015, los escándalos de corrupción, la inseguridad, la polarización y las crisis económicas han erosionado el apoyo popular. Después de casi medio siglo para consolidar un proyecto que costó sangre, sudor y lágrimas, apenas bastaron unos años para que este proyecto comenzara, lamentablemente, a desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones. Parecía que estas corrientes durarían décadas; gobiernos populares, líderes carismáticos y un discurso potente dejaron de bastar.
La tragedia de la izquierda latinoamericana no es haber perdido elecciones. Su verdadera tragedia es haber llegado al poder y haber terminado pareciéndose a aquello que durante décadas prometió combatir. Tras la derrota en Colombia del impresentable Gustavo Petro, México y Brasil se quedan como los últimos bastiones de una corriente que alguna vez dominó el continente, y mientras tanto, esa gente que buscó apoyar un mejor lugar y espacio se quedará esperando.
Moneda al aire: negociaciones al margen
El audio difundido por el periodista Héctor de Mauleón sobre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se suma a una serie de episodios que también han involucrado a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, así como a otros actores políticos que, por una u otra razón, han comenzado a tender puentes y establecer canales de comunicación con autoridades estadounidenses.
Mientras el Gobierno Federal se volca en una defensa frontal contra los señalamientos y acusaciones que se ventilan en los tribunales de Estados Unidos, pareciera que algunos de sus propios cuadros políticos han optado por una estrategia distinta: sentarse a la mesa, dialogar y, eventualmente, negociar.
La pregunta es inevitable: si desde Palacio Nacional se rechaza categóricamente cualquier señalamiento proveniente del otro lado de la frontera, ¿por qué cada vez son más los funcionarios que parecen buscar una interlocución directa con Washington? ¿Todo esto al margen de Palacio Nacional?