Muchos alzaron la ceja ante lo dicho por la presidenta Sheinbaum en su discurso con motivo del segundo aniversario de su llegada al Gobierno. Si bien el mensaje era esperado, en realidad nadie anticipaba que fuera, por un lado, tan contundente y, por otro, tan temerario ante el escenario de enorme rispidez en el que se encuentra la relación con Estados Unidos.
Lo cierto es que, en distintos momentos desde que se dio a conocer que diez funcionarios en activo del gobierno de Sinaloa estarían siendo imputados en una corte de Nueva York por su presunta colusión con el Cártel de Sinaloa, el gobierno insistió desde el primer momento en llevar este tema a la arena política, tratándolo como un acto de injerencia y atribuyéndole fines ajenos a la justicia.
Al mismo tiempo, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum defiende a capa y espada a Rocha Moya y a sus funcionarios. Sin embargo, dos de ellos ya se han entregado y uno, el general Mérida, habría aportado un cúmulo de evidencia a favor de su inocencia. En su audiencia del lunes, la jueza Katherine Polk advirtió que existen pruebas abundantes y voluminosas, según lo reportó el periodista Arturo Ángel.
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Y, sin embargo, el embajador Ronald Johnson, lejos de atizar el fuego de la confrontación, parece enviar un mensaje de conciliación y entendimiento, en un claro intento por desescalar las tensiones y restablecer el diálogo con la mandataria mexicana. En su mensaje deslizó que no se debe politizar la seguridad ni perder la oportunidad de fortalecer la relación y la cooperación entre ambas naciones. No obstante, el daño ya está hecho: Sheinbaum dio un paso más y le recordó, en la mañanera del martes, que los embajadores deben limitarse a la coordinación y colaboración, respetando los asuntos internos de los países.
Inevitablemente, la presidenta también dejó ver —como ya es sabido— que las pretensiones judiciales de fiscales y jueces estadounidenses escapan al ámbito de la diplomacia. Las acusaciones y señalamientos contra políticos mexicanos no cesarán; por el contrario, podrían endurecerse. En ese contexto, la reforma electoral presentada por Ricardo Monreal parece intentar blindar, en un esfuerzo que luce apresurado, cualquier escenario en el que el Estado quede a merced de intereses ajenos, como si la suerte en este terreno ya estuviera echada.
Mientras tanto, desde Estados Unidos, tanto el ámbito político como el militar observan con atención el devenir de los hechos y las declaraciones de ambas partes. En muchos casos, advierten que el mensaje del domingo fue “copiado de recibido” y que, en algún momento, podría generar una respuesta de otra naturaleza.
Asimismo, desde la entrega del general Mérida y de Enrique Díaz a las autoridades estadounidenses, el cerco para los ocho restantes por parte de las autoridades mexicanas parece haberse endurecido para evitar nuevas entregas. Tampoco es secreto que varios de ellos estarían dispuestos a negociar en busca de un acuerdo de culpabilidad.
Entre ellos figura Marco Antonio Almanza, exdirector de la Policía de Investigación de la fiscalía estatal, señalado de haber sido cooptado por la organización criminal y de recibir cuantiosos sobornos para favorecerla.
Por lo pronto, también se sabe que a la lista original se le retiraron algunos nombres en su tránsito entre la DEA, el Departamento de Estado y la oficina del Fiscal General. Esta reserva podría responder a nuevos hallazgos en las pruebas bajo custodia de los fiscales, así como a la información que pudieran aportar Díaz y Mérida. Ello abre la posibilidad de que se busque perfeccionar los casos, lo que podría derivar en nuevas imputaciones y señalamientos. ¿Hasta dónde? Sigue siendo una incógnita.
Por ahora, si bien las acusaciones parecen haber pasado a segundo plano frente a una agenda política dominada por el intercambio de declaraciones entre ambas partes, detrás del telón asoma una “derrota” anunciada en el ámbito comercial. El propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha advertido que México no tiene el tamaño para reclamar condiciones que le permitan evitar el pago de aranceles.
Esto apenas comienza.
Moneda al aire: mientras tanto, el pasado
El gobierno federal recurre nuevamente al pasado en un intento por señalar al panismo como origen de todos los males. Un mal remedio para una herida que no cede, sino que parece expandirse, cuando hay actores del pasado inmediato que podrían tener mayor responsabilidad. Atenderlos daría mayor claridad y margen de maniobra al propio Gobierno Federal.