Un paquete de reformas en materia electoral que contempla nuevas causales de nulidad para las elecciones federales y locales parece avanzar en paralelo a un contexto de creciente presión internacional, en particular por parte del Gobierno de los Estados Unidos, para desarticular las redes de asociación entre organizaciones criminales y actores políticos, especialmente en entidades como Sinaloa.
La iniciativa presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila considera como violaciones graves susceptibles de anular una elección la intromisión, financiamiento, presión, manipulación o coacción de extranjeros; la presión política, económica, diplomática o mediática; la intervención para favorecer o perjudicar candidaturas; la propaganda, la difusión sistemática de desinformación o manipulación digital; así como la vulneración del territorio nacional por tierra, mar, agua o espacio aéreo con fines de presión o intimidación.
La amplitud de los conceptos incorporados en la propuesta merece atención. No se limita al financiamiento ilícito extranjero ni a la intervención directa en campañas electorales, sino que incorpora categorías que podrían abarcar fenómenos mucho más complejos. Bajo determinadas circunstancias, acciones diplomáticas, judiciales, financieras o incluso informativas impulsadas desde el exterior podrían interpretarse como intentos de influir en las condiciones de una contienda electoral, muchos de estos alineados a las acciones
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Lo anterior adquiere especial relevancia en un momento en el que la relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus periodos de mayor tensión en materia de seguridad nacional. Las designaciones de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, el incremento de investigaciones financieras transnacionales, las acusaciones de narcoterrorismo, las sanciones económicas y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación e intercambio de inteligencia han ampliado significativamente las herramientas de presión disponibles para Washington.
Algunos podrían interpretar esto como una manifestación de una guerra híbrida: en el que los estados buscan influir sobre el comportamiento de otro actor mediante instrumentos políticos, económicos, judiciales, diplomáticos, informativos y tecnológicos, sin recurrir necesariamente a una confrontación militar convencional. Ello no implica afirmar que exista una operación coordinada para provocar un cambio de régimen en México, pero sí reconocer que las fronteras entre la presión internacional legítima y la percepción de injerencia política pueden volverse cada vez más difusas
En ese contexto, la iniciativa parece anticipar escenarios en los que determinadas acciones emprendidas por gobiernos extranjeros durante un proceso electoral puedan ser consideradas formas de intervención capaces de afectar la equidad de la contienda. La pregunta de fondo es si estas disposiciones buscan exclusivamente proteger la tan nombrada soberanía mexicana o pretenden construir un marco jurídico que permita cuestionar la validez de una elección cuando factores externos influyan, directa o indirectamente, en las preferencias del electorado.
La discusión adquiere mayor relevancia ante las versiones, aún sin confirmar, de que investigaciones estadounidenses podrían alcanzar a funcionarios y actores políticos de distintas entidades federativas (Michoacán, Tamaulipas, y Baja California) De ocurrir durante un proceso electoral, tales acciones podrían interpretarse como mecanismos de presión con efectos electorales.
La cuestión no es menor. Bajo la lógica propuesta por la reforma, una sanción financiera, una acusación judicial, una filtración de inteligencia, una campaña de información o incluso una acción diplomática realizada por un gobierno extranjero durante una campaña podrían convertirse en materia de litigio electoral si alguna de las partes sostiene que influyeron de manera determinante en el resultado de la elección, difícil de comprobar que tenga esos propósitos.
Desde enero de 2025 advertimos que la designación de los cárteles como organizaciones terroristas ampliaría considerablemente las capacidades de presión política, financiera, judicial y operativa de los Estados Unidos hacia nuestro país, es entonces que la reforma electoral parece reconocer, al menos implícitamente, que estas nuevas capacidades podrían tener efectos sobre la dinámica política interna del país.
La interrogante es si estamos ante una medida destinada exclusivamente a proteger al electorado frente a eventuales injerencias extranjeras o si, por el contrario, estamos observando la construcción de un mecanismo que permita impugnar los resultados electorales bajo el argumento de que existió una presión externa capaz de alterar la voluntad popular.
Moneda al aire: Se le acabó la suerte a Samuel García
Durante prácticamente todo su sexenio, el político nuevoleonense y su esposa, Mariana Rodríguez, famosa influencer, mantuvieron el velo protector de Palacio Nacional durante la administración de López Obrador. Sin embargo, hoy parece que la suerte se terminó, puesto que el senador Waldo Fernández y MORENA han emprendido una embestida, a la cual tanto los priístas como los panistas y morenistas podrían hacer que termine con García fuera del gobierno, lo que eventualmente lo llevaría a la cárcel por investigaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Por otra parte, una de las líneas de investigación que ha despertado interés en Estados Unidos es la relativa al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Particular atención ha generado el papel que desempeñaron diversos testigos colaboradores vinculados a organizaciones criminales durante los esfuerzos por esclarecer los hechos.
Entre ellos se encuentra Abigael González Valencia, líder del Cártel de los Cuinis, asociado al Cártel de Jalisco Nueva Generación, cuya colaboración fue considerada en distintos momentos por las autoridades mexicanas como una posible vía para obtener información sobre el paradero de los normalistas. Sin embargo, con el paso del tiempo han surgido cuestionamientos respecto al valor real de la información aportada y a los beneficios procesales o penitenciarios que pudieron haberse otorgado durante ese proceso.
Las investigaciones alcanzan a Alejandro Encinas Rodríguez, a quien el gobierno de los Estados Unidos analiza el porqué de esta colaboración y lo ve más como una colusión institucional en apoyo del Cuini. Que nadie se sorprenda de que en una investigación federal surja el nombre de Encinas, al tiempo.