La entrega a las autoridades estadounidenses del general Gerardo Mérida y del exsecretario de finanzas del gobierno de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, marca el inicio de una importante negociación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que ambos acepten una declaración de culpabilidad a cambio de un beneficio procesal. Pero ¿cómo funciona?
La fiscalía y la defensa negocian antes del juicio; a cambio de un acuerdo de procedimiento completo, el acusado puede obtener una reducción de cargos. En este caso, los fiscales recomendarán fincar cargos por narcoterrorismo, previstos en el 21 U.S.C. § 960A, conocido comúnmente como el “Narcoterrorism statute”
Esta disposición legal es muy poderosa, pero relativamente poco utilizada, ya que vincula al narcotráfico con el terrorismo. Lo que establece es que cualquier persona que participe en actividades de narcotráfico sujetas a la jurisdicción estadounidense y lo haga sabiendo o con la intención de proporcionar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor a una persona o grupo terrorista, puede ser procesada también bajo esta figura. Diversos reportes de prensa en Estados Unidos han señalado que existe interés, en algunos sectores del gobierno, en utilizar con mayor frecuencia herramientas jurídicas asociadas al terrorismo en investigaciones relacionadas con organizaciones criminales transnacionales.
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Esto supone un problema que rebasa los estándares de lo que conocemos como delincuencia organizada y se convierte también en una cuestión de contraterrorismo y, en consecuencia, de la Seguridad Nacional: casos como los de 37 narcotraficantes transferidos a Estados Unidos hace apenas unos meses y, recientemente, el de Audias Flores Silva, prominente miembro del CJNG. Desde enero de 2025, en La Silla Rota hemos venido documentando la evolución de estas designaciones y los diversos alcances que podrían tener, puesto que esta arquitectura legal también contempla acciones extraterritoriales para la persecución del terrorismo y genera una presión constante —hasta ahora de baja intensidad, pero significativa— sobre el Estado mexicano.
En un escenario geopolítico extremo y con un deterioro sostenido de la relación bilateral, algunos analistas han advertido que las presiones podrían escalar hacia mecanismos de sanción cada vez más severos. Entre ellos suele mencionarse la figura de los Estados patrocinadores del terrorismo, actualmente reservada para países como Irán, Siria, Corea del Norte y Cuba, aunque ese escenario luce remoto, ilustra de alguna manera la magnitud de las herramientas que tiene Washington en su haber cuando considera que algo o alguien afecta su seguridad nacional.
Como los gobiernos no dialogan o cooperan con terrorismo, esto supone también restricciones a la cooperación, suspensión de programas y otras medidas coercitivas. Si bien algunos sectores en Estados Unidos han planteado públicamente escenarios que van desde operaciones encubiertas hasta acciones más directas contra organizaciones criminales, este sigue siendo uno de los escenarios menos probables. Antes existiría una escalada gradual de presión financiera, judicial, diplomática y de inteligencia.
Por lo que respecta a lo inmediato, observamos a dos exfuncionarios que probablemente buscarán algún tipo de acuerdo de culpabilidad. En dicho escenario, la fiscalía podría retirar algunos cargos o recomendar reducciones de pena a cambio de información verificable sobre redes de corrupción, esquemas de protección institucional, operaciones del cártel, funcionarios públicos involucrados y la participación de otros acusados. Incluso podrían convertirse en testigos en procesos judiciales posteriores.
Recordemos que en Estados Unidos el 90% de los casos concluyen mediante acuerdos de culpabilidad; si eventualmente Mérida y Díaz optaran por ese camino, la cuestión dejaría de ser únicamente qué delitos enfrentan o cuántos años podrían pasar en prisión. La pregunta verdaderamente relevante sería qué información estarían dispuestos a proporcionar en su propio beneficio y qué información podrían aportar sobre la presunta relación entre funcionarios públicos y el cártel de Sinaloa.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República ya inició algunas indagatorias. A la par, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó el bloqueo preventivo de cuentas de familiares y de personas relacionadas con esta trama. De ello pueden derivarse algunas acusaciones de lavado de dinero, las cuales podrían llevarlos a comparecer y, en el peor de los casos, a ser detenidos por acusaciones federales, y mientras esos procesos avanzan en tribunales, el tiempo apremia para la política porque el reloj de ambos rara vez marca la misma hora.
Moneda al aire: Frida “M”
La hidalguense Frida “M”, exsecretaria general de la extinta Policía Federal, fue inhabilitada por 20 años para ejercer cargos en la administración pública. El daño que se le atribuye asciende a 65 millones de dólares. Junto con ella, Damián “C”, quien fungía como titular de la División de Inteligencia de la misma corporación, estos hechos, según un comunicado de prensa, ya están bajo investigación de la Fiscalía General de la República, y recordemos que el jefe de ambos era nada más y nada menos que el exsecretario de Gobernación, Miguel Osorio.
La audiencia de segunda audiencia del general Mérida será el primero de junio en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York; previamente se declaró no culpable de los cargos que enfrenta, habrá que esperar si el general podrá ser tomado por la Fiscalía como testigo cooperante o que cartas apostará la defensa con este propósito.