Durante años nos vendieron que la solución a la inseguridad estaba a la vuelta de la esquina. Primero fueron más patrullas, capacitaciones, controles de confianza, policías terciarias, nuevo sistema de justicia penal y modelos como la Gendarmería. Luego llegaron más cámaras, más tecnología, la Guardia Nacional y finalmente la nueva receta milagrosa, nombrar generales y almirantes al frente de las secretarías de seguridad de los estados.
Entre 2018 y 2026 al menos 16 estados entregaron la conducción de su seguridad pública a mandos militares o navales. La mayoría bajo gobiernos de Morena o aliados. El argumento era simple. Facilitar la coordinación con la Guardia Nacional, Sedena y Marina.
El problema es que nunca existió una estrategia detrás de esos nombramientos. No hubo objetivos nacionales claramente definidos, metas estatales medibles ni mecanismos serios de evaluación. Se asumió que el uniforme resolvería lo que durante décadas no habían resuelto los gobiernos.
Se confundió disciplina con política pública. Un uniforme no sustituye un diagnóstico. Una estrella no reemplaza una estrategia. Un grado militar tampoco genera por sí mismo inteligencia, investigación, coordinación con fiscalías, fortalecimiento institucional ni resultados sostenibles.
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La seguridad tampoco se limita a patrullajes y operativos. Requiere gobernanza, construir confianza entre autoridades y ciudadanos. Requiere legitimidad social para que las personas denuncien, colaboren y perciban a sus policías como aliados y no como simples espectadores armados de la tragedia cotidiana.
Esa parte quedó abandonada. En muchos estados las policías fueron relegadas a un segundo plano. La profesionalización dejó de ser prioridad. Los sistemas de carrera policial se estancaron y miles de elementos quedaron atrapados en la incertidumbre mientras los gobernadores suponían que el simple relevo de un mando resolvería problemas acumulados durante décadas.
Hubo excepciones. El general Alfredo Ortega en Michoacán demostró que el uniforme no es un obstáculo cuando existe liderazgo, compromiso y responsabilidad. Los resultados fueron evidentes. Tan evidentes que su salida sigue generando más preguntas que respuestas.
También merece atención Puebla. El vicealmirante Francisco Sánchez González ha mostrado algo que escasea en muchos gobiernos. Dar la cara, informar y rendir cuentas. No resuelve por sí solo una crisis de seguridad, pero ayuda a construir confianza, algo que también forma parte de la seguridad pública.
También hubo casos donde los mandos militares terminaron administrando el deterioro. Otros se convirtieron en espectadores privilegiados del desastre. Algunos quedaron atrapados entre intereses políticos, presiones criminales y gobernadores que buscaban trasladar responsabilidades.
Baja California ilustra perfectamente el problema. Desde la llegada de Morena han pasado tres mandos militares por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El resultado fue tan pobre que el gobierno estatal terminó retirando a la Secretaría de Seguridad el control del C5 para entregárselo a la Fiscalía General del Estado.
No fue una decisión técnica. Fue una decisión política para conservar controles y administrar cuotas de poder. Las consecuencias, como siempre, las paga la sociedad. Aquí es donde el discurso empieza a hacer agua. Mientras a varios gobernadores les recomendaron o impusieron la idea de entregar la seguridad estatal a militares o marinos, Claudia Sheinbaum hizo algo distinto en la Ciudad de México. Primero nombró a Jesús Orta y después a Omar García Harfuch. Apostó por mandos policiales.
Entonces surge una duda bastante razonable. Si el modelo militar era tan efectivo, ¿por qué no se utilizó en la capital del país? Y si no era suficientemente bueno para la Ciudad de México, ¿por qué sí lo era para el resto de los mexicanos?
Hoy Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch y el general Ricardo Trevilla intentan ordenar un problema que no nació ayer. Es la consecuencia de años de improvisación y de la creencia de que un nombramiento podía sustituir una estrategia.
La seguridad puede coordinarse con las Fuerzas Armadas. Lo que nunca debió hacerse fue delegarla.