En las últimas semanas hemos dedicado este espacio a reflexionar sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebra en Canadá, Estados Unidos de América y México. Hemos analizado los diversos retos de seguridad que implica un megaevento de estas dimensiones, así como el modelo de negocio contemporáneo, en el que el futbol ha dejado de ser el centro y la experiencia del aficionado se convierte en mercancía aspiracional, un “must” para quienes buscan llenar sus redes sociales con la foto del momento.
Desde antes del inicio de la justa futbolística, los medios locales de cada país sede ya se habían llenado de críticas y denuncias ante la aparente incapacidad de las autoridades para enfrentar los desafíos propios de un evento de esta magnitud. Más allá de la politización inevitable, es evidente que estos encuentros implican retos técnicos, logísticos, económicos, financieros y políticos para las ciudades anfitrionas. A diferencia de los Juegos Olímpicos, que concentran múltiples disciplinas en una sola ciudad durante dos semanas, la Copa del Mundo se expande por varios países y, con su nuevo formato de 48 equipos, se extiende a tres naciones durante mes y medio.
La experiencia internacional demuestra que los megaeventos dejan huellas controvertidas. En Brasil, el Mundial 2014 y Río 2016 produjeron estadios multimillonarios como el de Manaos, hoy casi en desuso, y desalojos de favelas que generaron acusaciones de injusticia social. En Sudáfrica, el Mundial 2010 construyó estadios cuyo mantenimiento es insostenible, mientras comunidades pobres reclamaban que esos recursos debieron destinarse a vivienda. En Grecia, las Olimpiadas de 2004 dispararon la deuda pública y dejaron instalaciones abandonadas como símbolo de despilfarro. En China, Pekín 2008 levantó el Nido de Pájaro, que terminó subutilizado y estuvo acompañado de desalojos masivos y restricciones ambientales. En Japón, Tokio 2020 fue criticado por el gasto público en plena pandemia, y en Qatar el Mundial 2022 estuvo marcado por denuncias de explotación laboral y dudas sobre la sostenibilidad de sus estadios. Estos ejemplos se suman a casos como la tenencia en México creada para financiar los Juegos Olímpicos de 1968 o el carril olímpico en Londres que privilegió a delegaciones sobre ciudadanos, y muestran cómo detrás del espectáculo global se esconden costos sociales y económicos que persisten mucho después de que termina la fiesta deportiva.
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El caso de Canadá, Estados Unidos de América y México no es la excepción. Las críticas sobre ciudades que “no estaban listas” son recurrentes en cada sede y reflejan que, muchas veces, quienes implementan la infraestructura no son quienes decidieron ser anfitriones. Los problemas no pueden atribuirse únicamente a la torpeza de las autoridades, ya que estos eventos destapan carencias estructurales que las ciudades ya padecen. La demanda sobrepasa la oferta y las inversiones suelen ser circunstanciales frente a necesidades urbanas de largo plazo. Además, las tensiones financieras y políticas con los gobiernos nacionales complican la obtención de recursos y generan conflictos sobre prioridades, sobre todo cuando la derrama económica prometida suele ser exagerada y no justifica el desgaste económico y financiero de las ciudades sede. Basta un ejemplo, para el caso de México se estimó hasta cinco millones de turistas, una cifra difícil de cumplir, que parece quedar en apenas medio millón de nuevos visitantes. Por ello, la FIFA, al igual que otros organizadores como la Fórmula 1, debe asumir los costos y permitir que las ciudades se concentren en sus planes estratégicos de desarrollo.
No se pueden atribuir los problemas urbanos a un sólo evento deportivo, pero sí reconocer que estos encuentros revelan las debilidades de las ciudades y obligan a respuestas cortoplacistas para sectores ya privilegiados, en detrimento de necesidades de largo plazo de la población más vulnerable. Por ello, los ciudadanos deben exigir que las organizaciones privadas que lucran con estos espectáculos asuman los costos económicos, financieros y políticos, en lugar de trasladarlos al ámbito público.