En una edición anterior analizamos los retos de seguridad que implica un evento como la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estos van desde la prevención de actos terroristas y tiroteos masivos, hasta los controles migratorios que añaden tensión, la vigilancia fronteriza y los posibles incidentes diplomáticos derivados de políticas estrictas de visados y exclusión de grupos vinculados al terrorismo. A ello se suman la violencia del crimen organizado, la violencia social y la necesidad de prevenir la violencia doméstica durante los encuentros. Retos complejos, pero inevitables en un megaevento deportivo de las dimensiones de una Copa Mundial de futbol.
Sin embargo, en medio del ruido del inicio de las actividades, hay elementos que quedan deliberadamente fuera de la atención pública. Son consecuencia no sólo del modelo de negocios de una organización tan poderosa como la FIFA —el conglomerado más influyente del deporte, pero también símbolo de corrupción, abuso, secretismo y exclusión—, sino de la lógica misma de estos megaeventos. Por ello es crucial visibilizar lo que suele quedar oculto mientras las cámaras apuntan a los estadios.
Tras el escándalo del Mundial de Catar, la FIFA y los países sede están obligados a realizar diagnósticos de derechos humanos para identificar riesgos y afectaciones. Aunque los informes públicos suelen centrarse en terrorismo o violencia social, también existen otros problemas: piratería, afectaciones a la propiedad privada, trata de personas con fines laborales y sexuales, y el turismo sexual. Estos fenómenos, aunque conocidos, suelen ser minimizados, pese a ser consecuencias lógicas de la organización de un evento de tal magnitud.
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El negocio de la FIFA ya no es el futbol, sino la experiencia del aficionado convertida en mercancía aspiracional, un “must” para quienes buscan llenar sus redes con la foto del evento del momento. La publicidad abandonó la radio y la televisión para instalarse en Instagram y TikTok, de la mano de “influencers” que dictan tendencias y encarecen boletos, y el resultado es un público distinto, lo que antes era territorio de hinchas, tifosi y hooligans hoy se parece más a los palcos de Wimbledon o Augusta, un espacio elitista que poco tiene que ver con la esencia popular del deporte. La exclusión no se limita al estadio, la logística y el hospedaje replican la misma lógica con acaparamiento de espacios, precios inflados y opciones cada vez más reducidas para quienes solo buscan un lugar donde dormir, y plataformas como Airbnb han exacerbado la presión en ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde el hospedaje temporal disfrazado de oportunidad ha terminado golpeando el acceso a la vivienda y reforzando la sensación de que el Mundial ya no es una fiesta de todos, sino un lujo reservado para unos cuantos.
El Mundial, como es conocido, aunque es una actividad privada, requiere recursos públicos para adecuar infraestructura y recibir deportistas, aficionados y periodistas. Si bien cada país maneja este esquema de manera distinta, la narrativa oficial siempre ha sido la derrama económica. Pero en tiempos de recursos limitados, los gobiernos desvían fondos necesarios para infraestructura social hacia proyectos vinculados al Mundial, dejando de lado zonas más necesitadas. Esto afecta derechos humanos básicos: acceso a vivienda, transporte, salud y una vida libre de violencia. Incluso se ha documentado que tras derrotas deportivas aumentan los casos de violencia contra las mujeres.
Paradoja e irónicamente, un deporte que se ha caracterizado por su esencia popular y su capacidad de congregar multitudes en torno a una pasión compartida, se ha transformado en un evento elitista, casi una fiesta privada reservada para quienes pueden costear la experiencia. Esta mutación no sólo redefine el perfil del aficionado, sino que se traduce en marginación para amplios sectores sociales, que quedan excluidos de participar en lo que alguna vez fue una celebración colectiva. La lógica de negocio de la FIFA y de los megaeventos deportivos convierte al Mundial en un escaparate de privilegios, donde el acceso depende del poder adquisitivo y no del entusiasmo genuino por el futbol. En consecuencia, lo que debería ser un espacio de integración y diversidad se convierte en un atentado contra derechos humanos básicos, pues la exclusión sistemática de comunidades vulnerables refuerza desigualdades ya existentes y erosiona el carácter universal de este deporte.
Finalmente, la FIFA difícilmente modificará su modelo de negocios, pues su lógica corporativa se sostiene en la exclusividad y la maximización de beneficios. Ante ello, corresponde a los gobiernos asumir un papel más firme, imponiendo controles y negociando acuerdos que garanticen beneficios tangibles para las comunidades anfitrionas. Sólo de esta manera las sedes podrán dejar de ser víctimas del chantaje corporativo y transformarse en escenarios genuinos de derrama económica y verdadera efervescencia social, capaces de rescatar el espíritu popular del futbol incluso en tiempos turbulentos.