Esta semana el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para la segunda ronda bilateral de conversaciones previas a la revisión conjunta del TMEC con una posición que él mismo describió sin eufemismos: “la negociación anterior también costó trabajo, ésta nos va a costar más”. La primera ronda, celebrada los días 28 y 29 de mayo en Ciudad de México, cerró sin acuerdos concretos. La delegación estadounidense, encabezada por el representante comercial adjunto Jeff Goettman ante la ausencia de Jamieson Greer, puso sobre la mesa reglas de origen para bienes industriales estratégicos, seguridad económica, acero y aluminio. La segunda ronda añade agricultura y condiciones de competencia equitativa. Una tercera está programada para el 20 de julio.
Para entender el contexto de esta segunda ronda, vale la pena repasar las posiciones que distintos actores en Estados Unidos han sostenido. El presidente Trump declaró el 10 de junio que no está buscando renovar el TMEC, confirmando lo dicho en ocasiones anteriores, cuando calificó el acuerdo de “irrelevante” y aseguró que no le representa “ninguna ventaja real” a su país. Por su parte, Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, declaró ante el Congreso que “una renovación automática no está en el interés nacional” y reconoció en mayo, durante la primera ronda bilateral, que “probablemente no resolveremos todos los temas para el 1 de julio” y que Trump “ha dejado claro su insatisfacción con muchos de los resultados del TMEC”, citando las importaciones de vehículos, acero y aluminio producidos en México.
Esto coincide con lo que diversos análisis especializados consideran plausible: un escenario de revisiones anuales en lugar de una renovación inmediata por 16 años. El propio diseño del artículo 34.7 del tratado permite mantener vigente el acuerdo mientras continúen las revisiones periódicas entre los tres países.
Te podría interesar
Ese mecanismo, pensado originalmente para evaluar el funcionamiento del tratado y evitar una renegociación abrupta al final de su vigencia, podría convertirse en algo distinto: una herramienta permanente de presión política y económica de Estados Unidos sobre sus socios. La revisión periódica otorga a Washington la posibilidad de reabrir cada año discusiones sobre contenido regional, inversión, subsidios, seguridad fronteriza, migración o combate al narcotráfico, aun cuando muchos de esos temas excedan el ámbito estrictamente comercial.
El problema para México no es únicamente la posibilidad de que el tratado termine en 2036. El problema es que una revisión anual permanente reduce los horizontes de planeación para inversiones industriales que requieren estabilidad regulatoria de largo plazo. Sectores como automotriz, semiconductores, dispositivos médicos o manufactura avanzada toman decisiones de inversión para horizontes de diez o quince años. Si el principal acuerdo comercial de América del Norte entra en una lógica de negociación constante, el costo será una región menos predecible y, por lo tanto, menos competitiva frente a Asia y Europa.
En cuanto a Canadá, el 2 de junio el ministro Dominic LeBlanc viajó a Washington y entregó formalmente una carta a Greer y a Ebrard solicitando la renovación del acuerdo por 16 años, calificándolo de “altamente beneficioso para cada uno de nuestros países y para la economía integrada de Norteamérica”. La reunión con Greer duró 45 minutos y no produjo declaraciones sustantivas del lado estadounidense. Canadá no ha sido incorporado a rondas formales de negociación bilateral con Estados Unidos, por lo que cualquier avance que México logre en Washington tendrá que convivir con una situación canadiense todavía incierta.
De consolidarse un escenario de revisiones anuales, México tendría que enfrentar negociaciones recurrentes con un gobierno estadounidense que previsiblemente intensificará la presión no solo en la agenda comercial, sino también en ámbitos como el combate a los cárteles y la migración. El riesgo no es únicamente económico. También implica una erosión prolongada de certidumbre para la inversión y para las cadenas de suministro de América del Norte.
Los costos de esa incertidumbre ya son visibles. El Banco Mundial proyecta un crecimiento de 1.3% para México en 2026, por debajo del promedio latinoamericano, y señala las negociaciones del TMEC como uno de los principales riesgos para la inversión y las exportaciones. Banxico recortó su propio pronóstico de 1.6% a 1.1% en mayo, tras registrarse una caída del PIB de 0.6% en el primer trimestre de 2026. La Secretaría de Hacienda mantiene una proyección de entre 1.8% y 2.8%, distante del consenso del mercado y de organismos como la OCDE, que estima 0.8%.
Por eso México debería preparar con rapidez su economía para navegar un entorno prolongado de incertidumbre y aprovechar los múltiples tratados de libre comercio vigentes, incluidos los celebrados con la Unión Europea, el CPTPP, Japón y el Reino Unido, entre otros. Este es el momento para activar esa red, diversificar destinos de exportación —aunque sea más difícil— y reducir la dependencia de un mercado que concentra alrededor del 80% de las ventas al exterior.