El modelo centralizado de contratación pública para la adquisición de medicamentos, material de curación e insumos para la salud vuelve a modificar su arquitectura. Y con ello, nuevamente, deja en estado de shock a los proveedores del Estado.
El pasado 29 de mayo de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo que regula la participación de BIRMEX en las compras consolidadas del sector salud. En los hechos, la modificación amplía sus facultades. BIRMEX ya no sólo aparece como área consolidadora, sino como posible firmante, administrador único de contratos y operador de un servicio integrado de suministro, almacenamiento, abastecimiento y distribución.
La pregunta no es menor: ¿estamos frente a un modelo de control institucional o frente a una concentración operativa sin controles suficientes?
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La industria de la salud tendrá que arrancar, otra vez, una hoja más de su cuaderno de estrategias. Las reglas que apenas se estaban interpretando para atender la compra multianual de insumos para la salud vuelven a cambiar. Y lo hacen en un momento crítico: a escasos meses del inicio del ejercicio 2027, con proveedores tensionados, cadenas de suministro presionadas, inventarios en riesgo, pagos atrasados y una operación pública que no termina de encontrar estabilidad.
El problema de fondo no es que el Estado busque ordenar sus compras. Eso es necesario. El problema es que las reglas del juego no han sido diseñadas para construir una relación armónica, simplificada y previsible entre gobierno, instituciones de salud y proveedores. Por el contrario, los cambios constantes han generado un sabor amargo entre los participantes, porque las condiciones técnicas, operativas, financieras y de calidad suelen exigirse con un alto grado de dificultad, pero sin una simetría real con lo que ocurre en la operación diaria de la cadena de suministro.
En México, venderle al sistema público de salud se ha convertido en una carrera de obstáculos: anexos técnicos complejos, plataformas cambiantes, contratos tardíos, órdenes de suministro desfasadas, entregas urgentes, almacenes saturados, pagos diferidos y comunicación institucional fragmentada.
La historia reciente lo demuestra. En 2019, inició la centralización con la Oficialía Mayor de Hacienda. En 2020, llegó la UNOPS. En 2021, convivieron INSABI y UNOPS. En 2022, la UNOPS se fue sin pena ni gloria, dejando la tutoría al INSABI. En 2023, la Secretaría de Salud operó por un semestre. En 2024, BIRMEX asumió responsabilidades con demasiados cabos sueltos. En 2025, llegaron la Subsecretaría de Salud y BIRMEX, con el tropiezo de la nulidad de la compra anual. Y en 2026 aparece un nuevo modelo centralizado, con mayor concentración en BIRMEX y con enormes dudas sobre su factibilidad operativa.
Ocho años, ocho intentos, ocho reacomodos institucionales
Mientras tanto, la falta de trazabilidad en la contratación pública, en el sistema financiero y en la cadena de suministro mantiene eclipsada a la joya de la corona del discurso sanitario: la llamada República Sana.
El nuevo acuerdo parte de una idea aparentemente lógica: concentrar en BIRMEX una sola relación contractual con la industria farmacéutica y los laboratorios, simplificar procedimientos administrativos, asegurar el abasto oportuno y buscar mejores condiciones para el Estado. En papel, suena razonable. En la operación, el reto es mayúsculo.
Porque una cosa es concentrar facultades y otra muy distinta es garantizar capacidad técnica, logística, financiera, jurídica y administrativa para ejercerlas correctamente.
La contratación pública en salud no es una maqueta administrativa. Es una cadena viva. Cada clave tiene registro sanitario, condiciones de almacenamiento, vida útil, caducidad, temperatura, volumen, trazabilidad, empaque, transporte, recepción documental, validación institucional y pago. Cada error en el diseño termina impactando a hospitales, médicos, pacientes y proveedores.
Por eso preocupa que, a seis meses del ejercicio 2027, la administración pública parezca jugar póker cerrado con la industria: colocando acertijos en los anexos técnicos, limitando la participación efectiva en las mesas de diálogo y abriendo espacios de interlocución donde sólo algunas cámaras y asociaciones tienen acceso privilegiado a escuchar el intento número ocho de prometer salud para todos los derechohabientes.
La proveeduría institucional necesita reglas claras, no señales contradictorias. Necesita planeación, no improvisación. Necesita trazabilidad, no opacidad operativa. Necesita contratos oportunos, no formalizaciones tardías. Necesita pagos ciertos, no expedientes atrapados en la burocracia.
El éxodo de proveedores hacia el mercado privado ya no es una amenaza: es una tendencia. Muchos han encontrado fuera del sistema público un terreno más previsible, menos costoso y menos desgastante. No necesariamente porque no quieran participar en el abastecimiento público, sino porque el riesgo operativo y financiero se ha vuelto excesivo.
Las razones son conocidas por quienes viven la operación: eventos inconformados por errores de procedimiento; falta de comunicación entre BIRMEX y las dependencias consolidadas; desconocimiento de las cantidades reales asignadas por institución; desorden en la emisión de órdenes de suministro; sistemas como SIAN que cada día parecen provocar más problemas que soluciones; órdenes de reposición emitidas con grandes volúmenes y pocos días para entregar; almacenes sin tiempo ni espacio suficiente; contratos y modificaciones formalizados tarde; y deudas acumuladas que golpean directamente el flujo de efectivo de las empresas.
El caso de IMSS-BIENESTAR es particularmente delicado. Su operación se ha convertido en el talón de Aquiles del sistema. Atrasos relevantes en la revisión, validación y pago de facturas han dejado a muchos proveedores en una especie de catalepsia financiera. En los procesos de conciliación, la respuesta institucional parece resumirse en una frase no escrita: “debo, no niego; pago, no tengo”.
Deudas de 2023, 2024, 2025 y las que se siguen acumulando no pueden convivir indefinidamente con un discurso de eficiencia pública. La salud pública no puede sostenerse sobre proveedores que financian, sin quererlo, la operación del Estado.
Éste es el escenario donde BIRMEX emerge como nuevo centro de gravedad de las compras consolidadas.
El acuerdo del 29 de mayo no debe leerse sólo como una reforma administrativa. Debe entenderse como una redistribución profunda de responsabilidades. BIRMEX podrá contratar, administrar, vigilar obligaciones, aplicar deducciones y penas convencionales, solicitar suspensiones, rescisiones o terminaciones anticipadas, así como ejecutar acciones de suministro, almacenamiento, abastecimiento y distribución. Es decir, concentra funciones críticas de la cadena.
Pero toda concentración exige controles. Si BIRMEX tendrá más poder, también debe tener más transparencia. Si será administrador único, debe existir claridad sobre sus procesos internos. Si operará herramientas tecnológicas, éstas deben ser interoperables, auditables y útiles. Si podrá homologar criterios de recepción documental, debe hacerlo con anticipación y no en medio de la crisis. Si va a centralizar la relación contractual con proveedores, debe también garantizar pagos, trazabilidad y certeza jurídica.
El verdadero riesgo del nuevo modelo no está en que BIRMEX coordine. El riesgo está en que concentre sin demostrar capacidad suficiente para controlar. Porque centralizar no equivale a ordenar. Concentrar no equivale a planear. Administrar contratos no equivale a garantizar abasto. Y emitir acuerdos no equivale a resolver la cadena de suministro.
La política pública de compras consolidadas ha transitado durante años entre promesas de ahorro, discursos de transparencia y rediseños institucionales. Pero la pregunta esencial sigue sin respuesta: ¿quién se hace responsable cuando el medicamento no llega, cuando el contrato no se firma, cuando la orden de suministro se emite tarde, cuando el almacén no recibe, cuando la factura no se paga y cuando el proveedor decide retirarse?
BIRMEX entra ahora a una etapa decisiva. Puede convertirse en un verdadero operador estratégico del Estado mexicano o en el símbolo de una nueva concentración burocrática incapaz de resolver los problemas que promete corregir.
El control sin control no es gobernanza es riesgo sistémico
En salud, el riesgo sistémico no se mide únicamente en expedientes administrativos. Se mide en camas hospitalarias, recetas no surtidas, cirugías diferidas, tratamientos interrumpidos, empresas descapitalizadas y pacientes esperando.
La República Sana no se construye con decretos, acuerdos ni slogans. Se construye con planeación, contratos oportunos, pagos ciertos, trazabilidad logística, diálogo real con la industria y responsabilidad pública verificable.
Si BIRMEX será el nuevo eje del abasto nacional, entonces debe responder como tal. Porque en materia de salud pública, controlar todo sin controlar bien puede terminar siendo la forma más sofisticada de perder el control.
* Referencia normativa: Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2026, relativo a la modificación del esquema de participación de BIRMEX en la contratación consolidada y el servicio integrado de suministro, almacenamiento, abastecimiento y distribución de insumos para la salud.