En la entrega anterior señalamos que el suministro de medicamentos dejó de ser un asunto meramente administrativo. Hoy, garantizar el acceso a fármacos no depende únicamente de presupuesto, criterios bien definidos o instalaciones de almacenamiento suficientes. También implica comprender el mapa global de producción, regulación, logística, propiedad intelectual, riesgos sanitarios y tensiones comerciales.
La compra consolidada 2027-2028 será una prueba de esa realidad. No se trata solamente de adquirir a menor costo, sino de hacerlo de forma más eficiente, con mayor certeza, con proveedores confiables y bajo reglas que permitan una competencia real sin comprometer la seguridad sanitaria de México.
En ese marco emerge un tema que suele pasar desapercibido en el debate público: los tratados de libre comercio vigentes para México que contienen capítulos de compras públicas. La Ley de Adquisiciones distingue la licitación internacional bajo cobertura de tratados como aquella en la que solo pueden participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que México haya suscrito un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, siempre que la licitación se convoque específicamente bajo esa cobertura.
El artículo 133 de la Carta magna señala que los tratados internacionales que firma el estado mexicano son la ley suprema, recordando que en el sexenio anterior sin explicación técnica legal, las licitaciones consolidadas fueron internacionales abierta, sin aplicación de los tratados de libre comercio. Este factor de 7 años operando una política pública con exclusión a los capítulos de compras públicas de los tratados, hoy se convierte con un jugador en contra del abasto, debido a la trazabilidad de la geopolítica de la contratación respecto a los ganadores de años anteriores, en un porcentaje de países con los que nuestro país no tiene tratados de libre comercio.
Esto significa que la apertura internacional no es una puerta genérica. No basta con que una empresa sea extranjera ni con que el país de origen tenga una industria farmacéutica poderosa. Para participar bajo cobertura de tratados, debe existir un instrumento comercial aplicable, un capítulo de compras públicas, una entidad convocante cubierta, umbrales correspondientes, reglas de origen y bases de licitación que lo indiquen.
La cartografía es más amplia de lo que parece. Para efectos de compras públicas, México dispone de compromisos vigentes o reconocidos en instrumentos como el TMEC, el TLC México-Israel, el TLC México–UE (Alianza Europea de Libre Comercio), el TLCUEM, el Acuerdo México–Japón, el TLC México–Chile, la Alianza del Pacífico, el TIPAT y el Acuerdo de Continuidad Comercial México-Reino Unido. La propia autoridad mexicana publicó en marzo de 2026 la actualización de umbrales para varios de estos tratados con capítulo de compras del sector público.
La relación marca quiénes podrían participar: Estados Unidos por el TMEC; Israel; los países de la AELC —Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein—; la Unión Europea; Japón; Chile; Colombia; Perú; Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Malasia y Brunéi por el TIPAT; además del Reino Unido por el Acuerdo de Continuidad Comercial, y próximamente también por su incorporación operativa al TIPAT frente a México. El gobierno británico ha señalado que los operadores del Reino Unido podrán comerciar bajo CPTPP/TIPAT con México a partir del 22 de junio de 2026.
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Cabe una precisión relevante: el capítulo de contratación pública del TMEC aplica únicamente entre México y Estados Unidos, no entre México y Canadá por esa vía. Canadá podría tener otra ruta por el TIPAT, pero no por el capítulo 13 del TMEC.
También debe incluirse a Colombia. Aunque no aparece en el mismo oficio semestral de marzo de 2026, existe un oficio específico para los umbrales del Tratado de Libre Comercio México–Colombia para 2025-2026, con su capítulo XV de compras gubernamentales.
Este elemento modifica la lectura estratégica de la compra consolidada. La discusión ya no es si México debe abrir o cerrar la puerta. La pregunta correcta es: ¿a quién se le abre, bajo qué reglas, con qué controles sanitarios, con qué responsabilidades de entrega y con qué capacidad real de cumplimiento?
En medicamentos e insumos para la salud, la nacionalidad del proveedor es apenas el primer filtro. Después vienen los criterios realmente críticos: registro sanitario, titularidad o representación válida, capacidad de fabricación, trazabilidad, farmacovigilancia, cumplimiento de buenas prácticas, historial de entregas, capacidad logística y solvencia para responder ante incumplimientos.
La convocatoria 2027-2028 ya se orienta hacia un modelo más exigente. Según la información publicada sobre el proceso, se prevé la participación de laboratorios fabricantes o titulares de registros sanitarios, con obligaciones de entrega en múltiples puntos del país y reservas de volumen desde el inicio del contrato.
Esto es relevante porque los tratados abren la competencia, pero no sustituyen la rectoría sanitaria. Un tratado puede facilitar el acceso al procedimiento; no garantiza por sí mismo que un producto sea apto, que el proveedor tenga capacidad de entrega o que el sistema público confíe en su cadena de suministro.
La autoridad también ha planteado esto en los lineamientos de planeación de la compra 2027-2028. Birmex debe verificar la existencia de medicamentos, insumos y proveedores a nivel nacional e internacional, procurando más de un proveedor para promover la competencia y un abastecimiento simultáneo.
En el fondo geopolítico del asunto está la idea de que México debe aprovechar su red de tratados para diversificar fuentes, pero sin caer en ingenuidad comercial. Abrir la participación a países con capítulos de compras públicas puede ampliar la competencia, reducir la dependencia de pocos proveedores y generar condiciones de precio más favorables. Pero si no va acompañada de una planificación técnica, reglas claras y verificación rigurosa, la apertura podría convertirse en una nueva fuente de riesgo.
También conviene dejarlo claro: países relevantes para la industria farmacéutica global, como China, India o Corea del Sur, no ingresan automáticamente por esta vía de tratados de compras públicas. Podrían participar si la licitación se estructura como internacional abierta o bajo otros supuestos permitidos por la ley, pero no simplemente por ser grandes productores globales.
Además, México no forma parte del Acuerdo Multilateral de Contratación Pública de la OMC, por lo que esa vía multilateral no sustituye los capítulos de compras públicas de los tratados comerciales.
La compra consolidada 2027-2028, por tanto, será una prueba de madurez institucional. México deberá equilibrar tres objetivos que a veces se presentan como contradictorios: proteger la industria nacional, cumplir con sus compromisos internacionales y asegurar el abasto oportuno de medicamentos para la población.
El error consistiría en reducir el debate a una falsa disyuntiva entre producto nacional o producto extranjero. La verdadera cuestión es si México puede construir una política de compras públicas que premie cumplimiento, calidad, trazabilidad, precios competitivos y capacidad de respuesta.
Los tratados de libre comercio no deben verse como una amenaza, sino como un instrumento. Bien aprovechados, pueden atraer mayor competencia, mejores tecnologías, proveedores especializados y cadenas de suministro alternativas. Mal utilizados, pueden generar litigios, retrasos, adjudicaciones frágiles y dependencia de actores con capacidad de entrega discutible.
En salud pública, la compra no culmina con la resolución del procedimiento. Termina cuando el medicamento llega al paciente. Por ello, la geopolítica del abasto no se mide solo por tratados firmados, sino por recetas surtidas, hospitales abastecidos y tratamientos continuos.
La segunda entrega de este análisis es inequívoca: la compra consolidada 2027-2028 no solo se decidirá en ComprasMX, Birmex o las comisiones de aclaraciones. También se jugará en el tablero de los tratados comerciales de México. Y ahí, quien no conozca el mapa, llegará tarde a la licitación.
Sobre la incorporación de una explicación breve del TIPAT y la inclusión de una matriz con los tratados, a continuación, se ofrece una versión que incorpora esos elementos de forma clara y estructurada. Se mantiene un tono formal, preciso y profesional, conservando el sentido original.
El TIPAT, conocido también como CPTPP, es el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico: un tratado que abarca comercio, inversión, servicios y compras públicas entre economías de la región Asia-Pacífico. Para México entró en vigor el 30 de diciembre de 2018, y su relevancia para la compra consolidada 2027-2028 radica en facilitar la participación de proveedores de países como Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Malasia y Chile; además, el Reino Unido podrá operar con México bajo TIPAT a partir del 22 de junio de 2026.
La participación de proveedores extranjeros no es automática; dependerá de que la licitación se convoque bajo cobertura de tratados, de que la entidad compradora esté cubierta, de que el monto corresponda a los umbrales aplicables, de que el bien o servicio esté incluido y de que el licitante cumpla los requisitos sanitarios, regulatorios, logísticos y documentales establecidos.
Además, no debe considerarse automática la ruta del TLC México–Centroamérica, pues su aplicación depende del alcance del Anexo 10.2 y no figura en el oficio de marzo de 2026 que lista los tratados para la conversión de umbrales de compras públicas.
México no puede gestionar la salud pública con una visión solamente doméstica cuando su cadena de suministro es global. Los tratados abren puertas; la planeación determina si esas puertas conducen al abasto o a nuevos riesgos de desabasto.