Hay culpas históricas que no pertenecen a una sola persona, pero sí a una generación entera. Esta semana, viendo la discusión en el Congreso, sentí, nuevamente, con absoluta claridad que les estamos fallando a quienes vienen detrás de nosotros. Que estamos entregándoles un país más débil, menos libre y con menos democracia del que recibimos. Y que quizá algún día, cuando estudien cómo México volvió a concentrar el poder en unas cuantas manos, descubrirán que ocurrió frente a millones de personas que lo vimos suceder… y no logramos impedirlo.
Por eso, hoy les escribo a ustedes, a las y los jóvenes, a los niños y niñas de este país; quiero pedirles perdón a las nuevas generaciones.
Perdón porque quizá no supimos defender la democracia con la firmeza que exigía el momento histórico que estábamos viviendo. Perdón porque crecimos creyendo que ciertos avances eran irreversibles. Perdón porque pensamos que las instituciones resistirían por sí mismas, porque subestimamos el resentimiento contra los contrapesos, la fuerza del populismo y la velocidad con la que puede desmontarse un régimen democrático.
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Y porque esta semana, viendo la discusión en el Congreso de la Unión, entendí con dolor algo que me cuesta incluso escribir: ustedes están viendo en tiempo real la instauración de una dictadura.
No lo digo como consigna política. Lo digo como alguien que creció en un México distinto. Como alguien que alcanzó a vivir un país que, con todas sus enormes desigualdades y defectos, avanzaba. Lentamente, sí. Con tropiezos. Pero avanzaba.
Mi generación recibió un México que venía construyendo instituciones democráticas. Recibimos un país que había logrado desmontar -después de décadas- un sistema de partido prácticamente hegemónico. Un país que abrió paso a la alternancia política. Que fortaleció organismos autónomos. Que profesionalizó autoridades electorales. Que creó mecanismos de transparencia. Que empezó a tomarse en serio los derechos humanos. Que reconoció el valor de la división de poderes. Que entendió que un Poder Judicial independiente era imperfecto, sí, pero indispensable para evitar la concentración absoluta del poder.
Porque además hay algo mucho más injusto con las nuevas generaciones: muchas crecieron escuchando que la democracia era una especie de estado natural de las cosas. Como si siempre hubiera estado ahí. Como si México hubiera sido siempre un país plural, con alternancia, elecciones competidas, organismos autónomos, libertades públicas y tribunales capaces de limitar al poder.
Y no fue así.
La democracia mexicana costó décadas de construcción institucional, conflictos políticos, reformas constitucionales, movimientos ciudadanos y luchas sociales. Costó generaciones enteras.
Quienes hoy tienen veinte años quizá no alcanzan a dimensionar que durante gran parte del siglo XX México vivió bajo un sistema donde el poder político y electoral prácticamente se confundían. Donde las elecciones existían, sí, pero bajo reglas profundamente desiguales. Donde el presidencialismo era tan dominante que la voluntad política del Ejecutivo parecía colocarse por encima de cualquier otro poder.
Salir de ese modelo tomó años. Fue necesaria la reforma política de 1977 que abrió espacios a fuerzas opositoras. Tomó las exigencias ciudadanas después de las cuestionadas elecciones de 1988. Se requirió la creación de autoridades electorales progresivamente más autónomas. Quitarle al gobierno el control directo de las elecciones. Profesionalizar órganos electorales. Aceptar que el voto debía tener árbitros imparciales.
Y finalmente algo que parecía imposible durante décadas: la alternancia.
En el año 2000, por primera vez en más de setenta años, el partido que había gobernado México perdió la Presidencia de la República. Más allá de cualquier simpatía partidista, aquello tuvo un enorme valor democrático. Demostró que el voto sí podía cambiar al poder. Demostró que ningún gobierno era dueño permanente del país. Demostró que las instituciones podían funcionar incluso cuando producían resultados incómodos para quienes gobernaban.
Ese momento no surgió de la nada. Fue resultado de una larga construcción colectiva.
Lo mismo ocurrió con los derechos de las mujeres. A veces olvidamos que las mujeres mexicanas ni siquiera pudieron votar en elecciones federales hasta 1953. Que hubo generaciones enteras excluidas de la vida pública. Que las universidades, los tribunales, los congresos y los espacios de decisión estuvieron cerrados para ellas durante décadas.
Lo que hoy parece normal fue una conquista
Las primeras mujeres que llegaron a las facultades de derecho tuvieron que demostrar constantemente que pertenecían ahí. Las primeras juezas enfrentaron resistencias enormes. Las primeras magistradas tuvieron que romper techos de cristal que hoy muchas personas ya ni siquiera perciben porque crecieron viendo algunos de sus resultados. Las juzgadoras que estábamos en funciones, habíamos construido carreras en medio de pisos pegajosos, techos de cristal y paredes de granito.
La llegada de una mujer a la Presidencia de la República no es producto de una concesión del poder. Es resultado de más de medio siglo de ampliación progresiva de derechos políticos, de reformas legales, de acciones afirmativas y de luchas feministas.
Por eso resulta tan doloroso observar cómo se utiliza precisamente ese logro histórico para justificar procesos que están desmontando otras garantías democráticas.
Porque una mujer presidenta debería representar la consolidación de una democracia más madura. No la destrucción de sus contrapesos.
Las instituciones que hoy están siendo debilitadas fueron construidas precisamente para impedir que cualquier persona -hombre o mujer, partido de izquierda o de derecha- pudiera concentrar todo el poder.
Eso era lo valioso del modelo democrático que habíamos ido construyendo. No dependía de la bondad de quien gobernara. Dependía de límites. De reglas. De controles. De pesos y contrapesos.
Por eso fueron tan importantes la autonomía constitucional de organismos públicos, la transparencia gubernamental, el acceso a la información, las instituciones electorales independientes, la profesionalización judicial, el juicio de amparo, la posibilidad de acudir a tribunales internacionales cuando el Estado fallaba y, especialmente, la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, que transformó profundamente la forma de entender la dignidad humana en nuestro sistema jurídico.
Nada de eso apareció espontáneamente.
Fue resultado de décadas de aprendizaje institucional.
Y precisamente por eso duele tanto ver que en apenas dos años se ha acelerado un proceso de demolición que habría parecido impensable hace muy poco tiempo.
Porque lo que está ocurriendo no es una transformación democrática. Es una regresión a pasos agigantados.
Se debilitan o destruyen organismos autónomos que costaron décadas construir. Se captura políticamente al Poder Judicial. Se normaliza que las mayorías constitucionales funcionen como una oficialía de partes del Ejecutivo. Se reforman reglas electorales desde el poder para beneficiar al propio poder. Se amplían márgenes de discrecionalidad estatal bajo conceptos ambiguos. Se desacredita cualquier crítica como traición, privilegio o conspiración.
Y ahora quedó más claro, por si aún teníamos dudas. Una reforma con hora límite de aprobación impuesta por la Presidencia de la República, que se cumplió violentando cualquier garantía de discusión parlamentaria.
La decisión en el Congreso de la Unión y, finalmente, en el Poder Reformador, sobre los magistrados electorales debe analizarse con enorme atención porque revela exactamente hacia dónde nos dirigimos.
No se trata solamente de permitir una reelección. Se trata de permitir que magistrados electorales que han acompañado políticamente este proceso de destrucción institucional permanezcan en el cargo hasta 2034, acumulando incluso hasta diecisiete años en funciones. Pero, además, hay algo todavía más grave: esas mismas personas juzgadoras serán quienes califiquen, validen y resuelvan cualquier controversia relacionada con la elección que les permitirá continuar en sus cargos.
Es decir: quienes tienen interés directo en permanecer serán también quienes resolverán la legalidad de ese propio proceso.
Durante años México intentó construir instituciones electorales precisamente para evitar eso: que el árbitro dependiera políticamente del poder o tuviera interés personal en el resultado. Porque entendimos -después de décadas de simulación democrática- que sin árbitros imparciales no existe verdadera democracia.
Hoy estamos haciendo exactamente lo contrario.
Y todo ocurre mediante procesos legislativos cada vez más acelerados, con reservas incorporadas de último momento, debates mínimos, mayorías automáticas y una narrativa oficial donde ya ni siquiera se disimula la subordinación del Legislativo frente al Ejecutivo.
Incluso desde la propia Presidencia y desde la Consejería Jurídica se habla muchas veces de las reformas como hechos consumados antes de que concluyan los procesos legislativos, como si la deliberación parlamentaria fuera solamente un trámite inevitable y no una función constitucional autónoma.
Eso también debería alarmarnos.
Porque una democracia no muere únicamente cuando se cancelan elecciones. Muere cuando desaparecen los límites al poder. Cuando las instituciones dejan de ser contrapesos y se convierten en extensiones políticas del gobierno.
Muere cuando el árbitro deja de ser árbitro, cuando las reglas empiezan a modificarse para garantizar la permanencia del propio poder. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.
A veces pienso en nuestros padres y abuelos, en las generaciones que lucharon para construir instituciones más libres. En quienes pelearon por elecciones auténticas. En quienes enfrentaron fraudes electorales, autoritarismo y censura para que nosotros pudiéramos vivir en un país distinto. Y siento tristeza. Una tristeza enorme.
Porque mi generación recibió un México más democrático del que hoy vamos a entregarles a ustedes.
Recibimos un país que avanzaba -con lentitud y contradicciones- hacia mayores libertades. Y estamos heredando uno que retrocede. Un país donde el poder vuelve a concentrarse. Donde los contrapesos son vistos como enemigos. Donde se destruye la carrera judicial. Donde la técnica jurídica importa menos que la obediencia política. Donde el discurso oficial ya ni siquiera oculta el desprecio por la división de poderes. Y sí: siento culpa.
No culpa individual. Pero sí una culpa histórica y generacional.
Porque quizá nos acostumbramos demasiado pronto a pensar que la democracia estaba asegurada. Porque dejamos de defenderla todos los días. Porque creímos que bastaba con tener elecciones para conservar la libertad. Porque no entendimos que los derechos y las instituciones solo sobreviven si hay ciudadanos dispuestos a protegerlos permanentemente.
Tal vez nuestra generación será recordada no por haber consolidado la democracia mexicana, sino por no haber sabido defenderla cuando comenzaron a desmontarla frente a nuestros ojos.
Esa idea me rompe por dentro.
Porque sí tuvimos señales. Sí vimos cómo se debilitaban las instituciones. Sí escuchamos el desprecio abierto hacia los contrapesos, hacia los jueces, hacia los organismos autónomos, hacia la prensa crítica, hacia cualquiera que se atreviera a incomodar al poder. Y aun así, como sociedad, no fuimos capaces de detenerlo.
Quizá porque pensamos que todavía había tiempo, porque creímos que las instituciones resistirían solas. Quizá porque nunca imaginamos que el país que tanto trabajo costó construir podría desmantelarse tan rápido.
Pero hoy ya no tengo esa ingenuidad. Hoy veo con claridad que estamos entregando a ustedes, a las nuevas generaciones, un país más débil democráticamente que el que nosotros recibimos. Un país con menos límites al poder. Con menos controles. Con menos garantías. Con menos independencia judicial, menos árbitros autónomos, menos verdad pública. Y eso me genera una tristeza difícil de explicar.
Porque crecimos creyendo que nuestros hijos vivirían en un México más libre que el nuestro. No menos. Por eso este texto también es una disculpa. Porque siento que les fallamos. Porque ustedes merecían heredar una democracia más sólida, no sus ruinas.
Y porque quizá el mayor fracaso histórico de mi generación fue creer que la democracia ya estaba asegurada, cuando en realidad debía defenderse todos los días.
Por eso escribo esto. Porque quiero que quede constancia de que hubo quienes vimos lo que estaba pasando. Que hubo quienes lo dijimos e intentamos advertirlo. Que hubo quienes entendimos que destruir jueces independientes, debilitar árbitros electorales y concentrar el poder nunca termina bien para ninguna sociedad.
Y también porque todavía quiero creer que no todo está perdido.
Las democracias pueden reconstruirse. La historia también demuestra eso. Pero solo si las nuevas generaciones entienden el valor de lo que están perdiendo antes de que sea demasiado tarde.
Ojalá ustedes sí sepan hacerlo. Ojalá ustedes sí tengan la valentía que nosotros no tuvimos a tiempo.