Trágicamente, los análisis sobre las nuevas iniciativas vinculadas con la llamada “reforma de la reforma” judicial ya no pueden hacerse desde una lógica estrictamente jurídica. El derecho, por sí solo, dejó de ofrecer respuestas suficientes para entender lo que está ocurriendo en México. Las categorías constitucionales clásicas -división de poderes, independencia judicial, controles democráticos, autonomía institucional- resultan hoy insuficientes si se analizan aisladas del verdadero motor de esta transformación: el cálculo político y la concentración de poder.
Durante meses insistimos en discutir técnicamente la reforma judicial de 2024. Explicamos la función contramayoritaria de las personas juzgadoras. Señalamos los riesgos de elegir jueces mediante campañas políticas. Advertimos la vulneración a estándares internacionales. Hablamos de la destrucción de la carrera judicial, de la captura política de los órganos de administración y disciplina, de la desaparición de garantías mínimas de independencia. Y, sin embargo, nada de eso importó. Porque el objetivo nunca fue mejorar la justicia. El objetivo era controlar el poder.
Por eso, para entender esta nueva etapa, hay que abandonar la ingenuidad de creer que estamos frente a una discusión técnica. Lo que estamos viendo es un proceso de consolidación política.
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La primera pista está en el calendario electoral. En 2027 habrá renovación de múltiples gubernaturas, incluyendo varias actualmente gobernadas por la oposición. Y hace apenas unos meses, el propio Javier Corral reconoció públicamente que los gobernadores “pusieron a quien quisieron” en la elección judicial de 2025. La frase, brutal por su sinceridad, confirmó lo que era evidente: las elecciones judiciales no fueron ejercicios ciudadanos libres ni procesos democráticos auténticos; fueron mecanismos de operación política territorial.
Los poderes locales participaron activamente en la construcción de candidaturas, movilización electoral y control político de los resultados. Los famosos “acordeones” no fueron una anomalía: fueron el sistema. Gobernadores, operadores políticos, estructuras partidistas y grupos de poder local decidieron quién llegaba y quién no.
Entonces, la pregunta es inevitable: si ya reconocieron que los gobernadores controlaron buena parte de la elección judicial pasada, ¿por qué impulsar ahora una reforma para mover nuevamente los tiempos y rediseñar el tablero? La respuesta parece obvia: porque no quieren que los gobernadores salientes (17 en total, por lo menos 4 de oposición) coloquen a quienes faltan.
La llamada “reforma de la reforma” no busca corregir errores democráticos ni mejorar el sistema. Busca reconfigurar quién controla la siguiente etapa del reparto institucional.
Y ahí aparece otra coincidencia reveladora: la coincidencia con elecciones ordinarias en los siguientes ejercicios y con la revocación de mandato en 2028.
La iniciativa de reforma al artículo 35 constitucional elimina la prohibición de que la revocación coincida con elecciones federales, estatales o municipales y, además, obliga a que así ocurra. Eso derrumba de golpe todos los argumentos que durante meses se utilizaron para justificar la separación de los procesos judiciales y electorales. Nos dijeron que mezclar elecciones complejizaba la organización. Que era demasiado costoso. Que aumentaba la politización. Nos dijeron que se ponía en riesgo la calidad democrática. Nos dijeron incluso que la ciudadanía no podría procesar tantos cargos simultáneamente.
Hoy, todas esas supuestas preocupaciones desaparecen mágicamente.
Porque nunca fueron razones técnicas. Fueron argumentos coyunturales.
Ahora que políticamente conviene unir procesos, la complejidad deja de importar. El costo, la saturación electoral y la politización, dejan de importar. El problema nunca fue la coincidencia de elecciones. El problema era el momento político específico en el que convenía controlar el proceso.
La coincidencia con la revocación de mandato, tampoco es un tema menor. Aunque constitucionalmente debería tratarse de un ejercicio ciudadano ajeno a los partidos políticos, todos sabemos que en la práctica se ha convertido en una enorme operación de movilización partidista. Vincularla con nuevas elecciones judiciales no disminuye la politización: la multiplica.
Porque las estructuras territoriales que movilizan para una consulta de revocación son exactamente las mismas que pueden operar candidaturas judiciales. La mezcla produce un ecosistema perfecto para consolidar hegemonías electorales e institucionales.
La reforma, entonces, no despolitiza la justicia. La fusiona aún más con las dinámicas de control partidista.
Y mientras eso ocurre, otro transitorio pasa relativamente desapercibido, aunque probablemente sea uno de los más delicados de todos: la ampliación de cargos de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
No es un detalle técnico menor. Algunas de esas magistraturas debieron haber concluido funciones desde 2024. Sin embargo, ahora se amplían periodos precisamente de quienes construyeron las resoluciones que permitieron validar una elección judicial profundamente cuestionada y que terminaron otorgando una “supermayoría” política funcional al oficialismo.
La pregunta vuelve a imponerse: ¿es casualidad que se prolongue la permanencia de quienes avalaron el nuevo modelo justo antes de una elección intermedia crucial? Cuesta trabajo creerlo.
Porque el Tribunal Electoral dejó de ser únicamente un árbitro constitucional. Se convirtió en una pieza estratégica del nuevo diseño de poder. Y asegurar determinadas mayorías dentro de ese órgano puede resultar determinante para 2027 y para la estabilidad política del proyecto gobernante hacia adelante.
La lógica es consistente: controlar candidaturas, controlar elecciones, controlar órganos disciplinarios y controlar al árbitro electoral.
Todo simultáneamente.
Y, mientras tanto, las supuestas “correcciones” a la reforma original evitan cuidadosamente resolver algunos de los problemas más graves del diseño constitucional.
Por ejemplo: la antinomia sobre la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La contradicción normativa sigue intacta. No se aclara verdaderamente el mecanismo de presidencia ni se corrigen los vacíos deliberadamente generados. ¿Por qué? Porque la ambigüedad sirve políticamente. Porque permite mantener el golpeteo constante sobre y dentro de la Corte. Porque la incertidumbre institucional se ha convertido en un mecanismo de presión.
La fragilidad ya no es un error del sistema: es parte del sistema.
Algo similar ocurre con los requisitos de elegibilidad. No se corrige prácticamente nada. Permanecen requisitos débiles, controles insuficientes y mecanismos opacos de evaluación. Y eso tiene una explicación simple: el objetivo no es construir mejores perfiles judiciales. El objetivo es construir perfiles políticamente funcionales.
Los “acordeones” de 2025 ahora evolucionan. Ya ni siquiera harán falta como operación informal. Las boletas mismas terminarán convirtiéndose en el acordeón institucionalizado.
Porque los tres comités de selección, la comisión coordinadora y buena parte de los mecanismos de construcción de candidaturas están ya capturados políticamente. La ciudadanía votará, sí, pero dentro de un menú previamente diseñado desde el poder. Se trata de una simulación de pluralidad.
Además, si algo ha demostrado esta nueva etapa es que el control político no se detiene en la integración de tribunales. También -y de manera perversamente estratégica- se expande hacia los mecanismos disciplinarios y administrativos.
El fortalecimiento del Tribunal de Disciplina Judicial es particularmente alarmante. No solo concentra facultades sancionadoras extraordinarias, sino que incluso ahora se pretende otorgársele algunas relacionadas con capacitación y control interno. Es decir: el órgano encargado de vigilar y sancionar termina teniendo capacidad de moldear ideológicamente a quienes juzgan.
Eso no fortalece la independencia, construye subordinación.
Un juez o jueza que sabe que su estabilidad profesional, su permanencia y eventualmente hasta su formación dependen de órganos políticamente capturados, deja de ser plenamente independiente. Y ese es precisamente el corazón del problema.
Porque la independencia judicial no se destruye únicamente cuando un gobernante llama directamente a un juez. También se destruye cuando se generan incentivos estructurales para que las personas juzgadoras entiendan perfectamente qué se espera de ellas para sobrevivir dentro del sistema.
El mensaje es clarísimo: quien incomode al poder puede ser investigado, sancionado, desplazado o destruido públicamente.
Esto ocurre en un contexto donde además se ha normalizado la denostación permanente contra jueces y juezas. Una narrativa donde defender derechos se volvió sospechoso. Donde el conocimiento técnico se caricaturiza como privilegio elitista. Donde la experiencia judicial es presentada como corrupción por definición. Donde la independencia se castiga como si fuera oposición política.
Lo más doloroso es que incluso frente a este panorama todavía existen voces que insisten en “acompañar”, “matizar”, “esperar” o “negociar” para preservar espacios personales.
Y aquí hay que decir algo con absoluta claridad. Quienes hoy avalan esta consolidación autoritaria pensando que todavía puede “mejorarse” desde dentro; quienes guardan silencio para intentar conservar posiciones; quienes consideran aceptable sacrificar lo que queda de independencia judicial a cambio de estabilidad personal; quienes creen que el problema se reduce a nombres, cargos o acomodos; quienes son incapaces de alzar la voz de forma contundente para defender no puestos, no trayectorias individuales, no privilegios personales, sino la división de poderes, el Estado de derecho y la independencia judicial, se están convirtiendo en cómplices de la destrucción democrática.
Así de grave.
Porque este debate jamás debió centrarse en las personas juzgadoras como individuos. El problema nunca fue si determinados jueces permanecían o no en sus cargos. El verdadero problema era destruir el modelo institucional que permitía que alguien pudiera juzgar con relativa autonomía frente al poder político.
México está transitando hacia un sistema donde prácticamente todos los mecanismos de control institucional quedan alineados bajo una misma lógica política: candidaturas, elecciones, disciplina, administración judicial, órganos electorales y presión pública.
La concentración de poder ya no es una hipótesis académica. Es un proceso visible.
La historia demuestra que ningún país fortalece su democracia debilitando a quienes deben controlar constitucionalmente al poder.
Los tribunales independientes no existen para agradar gobiernos. Existen precisamente para poner límites cuando el poder se excede. Esa es su función democrática esencial. Por eso resultan incómodos. Por eso los proyectos hegemónicos siempre intentan capturarlos primero. No porque los jueces sean más importantes que la ciudadanía. Sino porque sin jueces independientes, la ciudadanía queda indefensa frente al poder.
Algunos todavía celebran estas reformas creyendo que representan “democratización”. Pero elegir personas juzgadoras mediante estructuras partidistas, campañas políticas, operación territorial y órganos capturados no democratiza la justicia, la politiza. Y una justicia politizada deja de ser justicia.
Lo verdaderamente trágico es que probablemente veremos durante algún tiempo una apariencia de normalidad institucional. Habrá sesiones. Habrá sentencias. Habrá elecciones. Habrá discursos republicanos. Todo parecerá seguir funcionando. Pero las democracias no colapsan únicamente cuando desaparecen formalmente las instituciones. Muchas veces esto ocurre cuando las instituciones siguen existiendo… pero dejan de ser capaces de limitar el poder.
Ese es el verdadero riesgo que enfrentamos. Quizá por eso resulta tan preocupante la normalización social de todo esto. El cansancio. La resignación. La idea de que “ya no hay nada que hacer”. Porque los procesos de erosión democrática se consolidan justamente cuando las sociedades dejan de reaccionar ante las señales de alerta.
México no necesita una reforma de la reforma judicial, necesita recuperar el sentido constitucional de la justicia. Necesita entender que un Poder Judicial imperfecto sigue siendo preferible a un Poder Judicial subordinado. Necesita comprender que la independencia judicial no protege jueces: protege derechos.